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description: "El proyecto del Poder Ejecutivo busca reconocer la nacionalidad uruguaya a los ciudadanos legales y superar una antigua controversia constitucional."
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date_published: "2026-11-13T01:19:00-03:00"
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  - "nacionalidad"
  - "Uruguay"
author_name: "Mauricio Ochoa Urioste"
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author_bio: "Abogado, poeta, columnista, compositor, periodista y ensayista. La Paz, Bolivia (1978)."
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category_description: "Editorial del diario digital boliviano La Pólvora."
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# Ciudadanía legal y nacionalidad uruguaya

![hernansuarez28-uruguay-3627261_1280](/download/multimedia.normal.bba1cb60f905ad56.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

*Palacio Salvo, Montevideo. Pixabay.*

Uruguay ha cultivado, con razones atendibles, una reputación de respeto a las libertades públicas y a las instituciones republicanas. Pero esa tradición convive con una anomalía jurídica que afecta a personas a las que el propio Estado reconoce como ciudadanos legales y, sin embargo, no considera nacionales uruguayos. La contradicción no es puramente nominal. Se proyecta sobre documentos de viaje, seguridad jurídica, reconocimiento internacional de la condición personal y, en determinados casos, sobre riesgos de apatridia. Allí donde el ordenamiento proclama pertenencia política y simultáneamente mantiene una condición de extranjería, existe un problema que la República no debería seguir tratando como una diferencia inocente de vocabulario.

Lo ideal habría sido que el Estado reconociera sin vacilaciones la nacionalidad uruguaya a todos sus ciudadanos legales, desde el acto que formalizó su incorporación a la ciudadanía. La discusión acerca de si esa consecuencia se desprendía ya de la Constitución nunca debió convertirse en un obstáculo indefinido al disfrute de derechos fundamentales. Pero el derecho público no se ocupa solamente de las soluciones ideales: debe encontrar instrumentos efectivos para resolver controversias reales. Por eso, el **proyecto de ley interpretativa presentado por el Poder Ejecutivo en octubre de 2026** merece una valoración favorable. No borra por decreto las complejidades del problema; procura darles una respuesta fundada dentro de los cauces de la Constitución.

En medio de una prolongada penumbra interpretativa, la iniciativa arroja una luz que el Parlamento tiene la responsabilidad de examinar seriamente.

## Una distinción constitucional convertida en exclusión

El artículo 73 de la Constitución establece que los ciudadanos de la República son naturales o legales. El artículo 74 regula la ciudadanía natural y el 75 establece los requisitos para adquirir la legal. La Constitución distingue, pues, **dos categorías de ciudadanos**. Lo que no dice expresamente es que solo una de ellas pueda poseer nacionalidad uruguaya. La tesis tradicional, asociada a la influencia doctrinal de Justino Jiménez de Aréchaga, separó rigurosamente nacionalidad y ciudadanía y permitió concebir al ciudadano legal como ciudadano para ciertos efectos, pero extranjero en cuanto a su nacionalidad.

No hay razón para desconocer la importancia de aquella construcción en la historia del constitucionalismo uruguayo. Tampoco la hay para elevarla a una regla inmune a revisión. Una cosa es aceptar que nacionalidad y ciudadanía son conceptos jurídicamente distinguibles; otra, muy diferente, deducir que la ciudadanía legal no puede constituir una modalidad de naturalización. Esa segunda conclusión es interpretativa, no una prohibición formulada literalmente por el constituyente.

Otros preceptos confirman que la cuestión debe resolverse sistemáticamente. El artículo 77 vincula la condición de ciudadano con la soberanía de la Nación, mientras el 78 contempla la posibilidad de sufragio de ciertos extranjeros que no han adquirido ciudadanía legal. El artículo 81, por su parte, diferencia los regímenes de conservación de nacionalidad y pérdida de ciudadanía legal, particularmente ante una naturalización ulterior. Esta última norma plantea dificultades interpretativas verdaderas y no corresponde minimizarla; pero tampoco establece con palabras expresas que los ciudadanos legales jamás puedan ser nacionales uruguayos.

El [artículo 22 del Código Civil](https://www.impo.com.uy/bases/codigo-civil/16603-1994/22) dispone, en su primer inciso, que son ciudadanos quienes la Constitución declara tales y que los demás son extranjeros. A continuación, establece la igualdad de orientales y extranjeros en la adquisición y el goce de los derechos civiles regulados por ese Código. La primera frase constituye un argumento sistemático relevante, aunque no define por sí misma la nacionalidad a los efectos constitucionales e internacionales. Obliga, cuando menos, a justificar la persistencia de una práctica administrativa que califica como extranjero, en materia de nacionalidad, a quien ya ha sido reconocido como ciudadano legal.

La distinción constitucional entre ciudadanía natural y legal puede conservar todos sus efectos legítimos sin desembocar en una exclusión general de la nacionalidad. Existen requisitos políticos que la Constitución reserva a determinadas categorías de ciudadanos; reconocer una nacionalidad común no implica derogar esas reglas. Precisamente esa separación entre pertenencia nacional y ejercicio de ciertos derechos políticos resulta esencial para comprender la propuesta del Ejecutivo.

## La solución del Ejecutivo: interpretar antes que prolongar el conflicto

El Poder Ejecutivo [anunció la iniciativa el 9 de octubre de 2026](https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/gobierno-envia-parlamento-proyecto-ley-para-solucionar-problematica); el texto fue [publicado oficialmente el 14 de octubre](https://www.gub.uy/presidencia/politicas-y-gestion/proyecto-ley-interpretativa-constitucion-republica-materia-nacionalidad). La iniciativa propone interpretar los artículos 73 a 75 de la Constitución para reconocer como nacionales uruguayos a los ciudadanos naturales y a los legales por naturalización. Para estos últimos fija como momento relevante el otorgamiento de la carta de ciudadanía. También incorpora una previsión sobre el acceso de niños, niñas y adolescentes a la ciudadanía legal mediante sus representantes, con las particularidades establecidas en el proyecto.

La iniciativa tiene un mérito jurídico específico: **no busca sustituir las categorías previstas por la Constitución, sino esclarecer sus consecuencias respecto de la nacionalidad**. Se apoya en la competencia atribuida a la Asamblea General por el artículo 85, numeral 20, para interpretar la Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia en materia de constitucionalidad.

Desde luego, una ley interpretativa no puede servir como reforma constitucional encubierta. El Parlamento no está autorizado a derogar una prohibición constitucional expresa bajo el pretexto de interpretarla. Pero cuando existen lecturas razonablemente divergentes y una controversia de larga duración, la función interpretativa legislativa tiene precisamente el cometido de precisar el sentido de la norma. Esa es la cuestión que el proyecto pone sobre la mesa. No basta objetarlo invocando genéricamente una separación entre nacionalidad y ciudadanía: corresponde demostrar que la solución propuesta resulta incompatible con una regla constitucional concreta.

La [exposición de motivos del proyecto](https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2026/proyectos/10/cons_min_430.pdf) reconoce aportaciones de los constitucionalistas **Martín Risso Ferrand y Rubén Correa Freitas**. A ello se suma la tradición crítica representada por **Alberto Pérez Pérez**, autor del estudio *Los ciudadanos legales no son extranjeros*. Estas contribuciones no eliminan automáticamente la controversia ni sustituyen el control judicial de constitucionalidad; sí demuestran que el proyecto tiene sustento doctrinal y que la interpretación restrictiva nunca fue la única jurídicamente posible.

## La carta de ciudadanía y el plazo de tres años: dos efectos diferentes

Un punto requiere especial precisión. El artículo 75 constitucional dispone que, en los supuestos contemplados en sus literales A y B, determinados derechos inherentes a la ciudadanía legal no pueden ejercerse hasta tres años después del otorgamiento de la carta. Se trata de una regla relativa al **ejercicio de derechos**, no de una disposición que declare expresamente suspendida la nacionalidad durante el mismo período.

El exlegislador colorado **Ope Pasquet**, en su artículo [*La patria es la república*, de 18 de octubre de 2026](https://www.nacionalidad.uy/downloads/OpePasquet_La_patria_es_la_republica.pdf), respalda el reconocimiento de la nacionalidad a los ciudadanos legales y explica que ha revisado su anterior adhesión a la doctrina tradicional sobre nacionalidad. Su discrepancia con el Ejecutivo se refiere al momento de adquisición: entiende que el reconocimiento debería operar al transcurrir tres años desde la carta. Es una diferencia jurídica que debe discutirse con respeto a su posición favorable al reconocimiento. La objeción que aquí se formula es concreta: trasladar a la adquisición de la nacionalidad un plazo establecido por el artículo 75 para el ejercicio de los derechos inherentes a la ciudadanía legal requiere una justificación constitucional adicional. La redacción de ese artículo permite distinguir entre adquirir la ciudadanía por carta y ejercer después los derechos políticos correspondientes.

La solución del Ejecutivo evita esa superposición: reconoce la nacionalidad desde el otorgamiento de la carta, sin alterar los plazos constitucionales aplicables al ejercicio de los derechos políticos. También merece destacarse el respaldo público del diputado colorado **Felipe Schipani** a la iniciativa. En sentido contrario, distintos legisladores nacionalistas han formulado reparos de constitucionalidad; esas objeciones, por su propia naturaleza, merecen ser discutidas sobre el texto de la Constitución, y no reducidas a etiquetas partidarias. La protección de los derechos fundamentales debe poder reunir a representantes de diversas tradiciones políticas.

## El derecho internacional no resuelve cada detalle, pero impide la indiferencia

El artículo 20 de la **Convención Americana sobre Derechos Humanos** reconoce el derecho a la nacionalidad y protege frente a su privación arbitraria. Sus artículos 1.1, 2 y 24 obligan además a respetar y garantizar los derechos sin discriminación, adecuar el ordenamiento interno cuando sea necesario y asegurar la igualdad ante la ley. Es cierto que los Estados conservan competencia para regular la adquisición de nacionalidad y establecer requisitos de naturalización. No es menos cierto que esa competencia está limitada por los compromisos internacionales de derechos humanos.

La Corte Interamericana desarrolló esos límites en la **Opinión Consultiva OC-4/84**, relativa a la naturalización en Costa Rica, y en el caso **Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana** (2005). Ninguno de esos precedentes decide específicamente la controversia uruguaya. Su importancia reside en recordar que la nacionalidad no constituye un ámbito de discrecionalidad estatal ilimitada, ajeno a los principios de igualdad, razonabilidad y protección frente a la apatridia.

Más directamente aplicable al debate resulta la [**Resolución 2/23 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos**](https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2023/res-2-23-es.pdf), de 4 de diciembre de 2023, sobre derecho a la nacionalidad y apatridia. Su principio 13 insta a garantizar la adquisición de la nacionalidad por opción o naturalización para quienes cumplan los requisitos establecidos por la ley interna; sus principios 42 a 44 se refieren a la adopción y revisión de medidas legislativas, interpretaciones y prácticas para prevenir, reducir y erradicar la apatridia. Esos principios no obligan por sí solos a escoger un único modelo legislativo, pero proporcionan un estándar claro: las categorías jurídicas nacionales no deben transformarse en barreras arbitrarias al reconocimiento y ejercicio efectivo del derecho a la nacionalidad.

En el caso uruguayo existe, además, un pronunciamiento específico y reciente. El **30 de octubre de 2026**, mediante el [comunicado **240/26**](https://oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=%2Fes%2Fcidh%2Fprensa%2Fcomunicados%2F2026%2F240.asp), la CIDH saludó la presentación del **proyecto** de ley interpretativa, identificó su finalidad de superar dificultades de reconocimiento de la nacionalidad de los ciudadanos legales y alentó a las autoridades a examinar la iniciativa desde un enfoque de derechos humanos, con miras a su aprobación. Conviene ser exactos: la Comisión no ha dictado una sentencia que declare obligatoria cada línea del proyecto ni una decisión específica sobre el plazo de tres años. Pero su valoración favorable representa un respaldo institucional significativo a la búsqueda de una solución que Uruguay lleva demasiado tiempo postergando.

La **Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo**, en su [informe de abril de 2025](https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comunicacion/publicaciones/informe-ciudadania-legal-nacionalidad), propuso considerar **cuatro vías** para garantizar el derecho a la nacionalidad: cambios documentales, una ley interpretativa, una ley de nacionalidad y una reforma constitucional. Su informe no declara obligatoria una única solución, aunque incluye precisamente la vía interpretativa que ahora impulsa el Ejecutivo. También aborda la naturalización de personas migrantes, refugiadas y apátridas, y la situación de niños, niñas y adolescentes. Es particularmente grave que una controversia interpretativa pueda afectar a personas que necesitan una protección jurídica estable y efectiva. No todos los ciudadanos legales son apátridas, y sería impropio afirmar lo contrario; pero las dificultades documentales y los supuestos de ausencia de nacionalidad efectiva exigen respuestas proporcionadas y oportunas.

## La tarea de la sociedad civil y la responsabilidad del Parlamento

La situación no habría alcanzado esta visibilidad sin la persistencia de organizaciones como **Somos Todos Uruguayos**, que han reunido testimonios, presentado propuestas y trasladado el problema a las instituciones nacionales e interamericanas. Su trabajo recuerda que detrás de una discrepancia de teoría constitucional existen personas que deben acreditar su identidad y condición jurídica ante autoridades de otros países. La [información oficial del Gobierno](https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/gobierno-envia-parlamento-proyecto-ley-para-solucionar-problematica) reconoce que un derecho de petición de organizaciones sociales contribuyó a desencadenar la revisión del problema. El problema de los pasaportes es una manifestación visible, pero no agota el fondo: **un documento puede corregirse administrativamente; el vínculo de nacionalidad exige una respuesta normativa clara y duradera**.

Corresponde ahora al Parlamento realizar un examen serio del proyecto. Sería apresurado afirmar que toda objeción de constitucionalidad es una negativa a los derechos humanos: el deber de los legisladores incluye controlar que una ley interpretativa permanezca dentro de los límites constitucionales. Pero sería igualmente insuficiente convertir la existencia de una discusión doctrinal antigua en razón para perpetuar indefinidamente sus efectos perjudiciales. La prudencia jurídica no equivale a inmovilidad.

También importa que la solución no se agote en una declaración general. Si el proyecto se convierte en ley, su implementación deberá asegurar que la documentación, las prácticas administrativas y la comunicación con otros Estados reflejen coherentemente el nuevo reconocimiento. De otro modo, la victoria legislativa podría dejar intactas algunas de las dificultades que pretende superar. Deben considerarse asimismo los casos de quienes ya poseen carta de ciudadanía, de quienes se encuentran en situaciones especiales de protección internacional y de los menores comprendidos en la nueva regulación.

## Una luz que debe convertirse en derecho efectivo

Hubiera sido preferible que Uruguay nunca colocara a sus ciudadanos legales ante el dilema de ser ciudadanos de la República sin ser reconocidos como nacionales de ella. Hubiera sido preferible también que la evolución del derecho constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos bastara para disipar una interpretación restrictiva cuyo efecto práctico ha sido mantener a numerosas personas en una condición de pertenencia incompleta.

Sin embargo, la evaluación jurídica de una iniciativa no debe limitarse a comparar el presente con un pasado ideal. **El proyecto del Poder Ejecutivo constituye una oportunidad concreta de resolver una deuda institucional mediante una interpretación razonada de la Constitución**, respaldada por doctrina relevante y valorada favorablemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

No es necesario fingir que todas las objeciones han desaparecido. Tampoco corresponde exigir certeza doctrinal absoluta para que el legislador ejerza sus competencias. Lo que se requiere es deliberación rigurosa, respeto a la supremacía constitucional y conciencia de que los derechos fundamentales no pueden quedar relegados perpetuamente al terreno de las disputas académicas.

La iniciativa no concede un privilegio a los ciudadanos legales ni disminuye los derechos de los ciudadanos naturales. Procura que la República reconozca de manera coherente el vínculo jurídico que ha establecido con quienes adquirieron su ciudadanía. Por eso merece ser recibida con satisfacción y examinada con voluntad de solución.

**El proyecto arroja una luz sobre una controversia jurídica demasiado prolongada. Corresponde al Parlamento procurar que esa luz se traduzca en nacionalidad reconocida, seguridad jurídica y derechos efectivos.**

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## Referencias y fuentes principales

1. **Constitución de la República Oriental del Uruguay**, especialmente artículos 72–81 y 85, numeral 20. [IMPO](https://www.impo.com.uy/bases/constitucion/1967-1967).
2. **Poder Ejecutivo**, *Proyecto de ley interpretativa de la Constitución en materia de nacionalidad*, 14 de octubre de 2026. [Publicación oficial](https://www.gub.uy/presidencia/politicas-y-gestion/proyecto-ley-interpretativa-constitucion-republica-materia-nacionalidad).
3. **CIDH**, *Resolución 2/23: Derecho a la nacionalidad, prohibición de privación arbitraria de la nacionalidad y apatridia*, 4 de diciembre de 2023. [Texto oficial (PDF)](https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2023/res-2-23-es.pdf).
4. **CIDH**, *Uruguay: CIDH saluda avances en la protección de los derechos de las personas en movilidad humana*, comunicado 240/26, 30 de octubre de 2026. [Texto oficial](https://oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=%2Fes%2Fcidh%2Fprensa%2Fcomunicados%2F2026%2F240.asp).
5. **Convención Americana sobre Derechos Humanos**, artículos 1.1, 2, 20 y 24. [OEA](https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm).
6. **Corte IDH**, *Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización*, Opinión Consultiva OC-4/84, 19 de enero de 1984. [Texto oficial](https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_04_esp.pdf).
7. **Corte IDH**, *Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana*, sentencia de 8 de septiembre de 2005. [Texto oficial](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_130_esp.pdf).
8. **INDDHH**, *Informe Ciudadanía legal y nacionalidad*, 22 de abril de 2025. [Informe oficial](https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comunicacion/publicaciones/informe-ciudadania-legal-nacionalidad).
9. **Código Civil de Uruguay**, artículo 22. [IMPO](https://www.impo.com.uy/bases/codigo-civil/16603-1994/22).
10. **Alberto Pérez Pérez**, *Los ciudadanos legales no son extranjeros*, *La Justicia Uruguaya*, tomo CXI, pp. 297–308. [Repositorio de documentación jurídica](https://www.nacionalidad.uy/escritos-juridicos-propuestas-y-otros-recursos/).
11. **Martín Risso Ferrand**, informe jurídico sobre ciudadanía legal y nacionalidad, 8 de septiembre de 2026; y **Rubén Correa Freitas**, informe jurídico de 23 de septiembre de 2026. [Repositorio de documentos](https://www.nacionalidad.uy/escritos-juridicos-propuestas-y-otros-recursos/).
12. **Ope Pasquet**, *La patria es la república*, 18 de octubre de 2026. [Texto íntegro conservado en PDF](https://www.nacionalidad.uy/downloads/OpePasquet_La_patria_es_la_republica.pdf).
13. **Somos Todos Uruguayos**, propuestas de ley y documentación de incidencia institucional. [Organización](https://www.somostodos.uy/).
14. **Ley 16.021**, de 13 de abril de 1989, y sus modificaciones. [IMPO](https://www.impo.com.uy/bases/leyes/16021-1989).

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