Redacción
LA PAZ.— Los cultivos de hoja de coca en Bolivia alcanzaron 36.400 hectáreas en 2025, frente a las 34.000 registradas un año antes, lo que representa un incremento nacional del 7%, según el nuevo Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca presentado este martes por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
El estudio, financiado por la Unión Europea, constituye uno de los principales instrumentos técnicos para medir la evolución de los cultivos en Bolivia. Su presentación contó con autoridades nacionales y representantes de la cooperación internacional, en momentos en que el Gobierno comienza a aplicar su nueva Política Antidroga 2026-2030. EFE confirmó los principales resultados del informe, correspondientes al último año completo de monitoreo.
La diferencia entre la superficie registrada y la autorizada por la legislación boliviana constituye uno de los datos centrales del informe. La Ley General de la Coca permite hasta 22.000 hectáreas en el territorio nacional: 14.300 en La Paz y 7.700 en Cochabamba.
Las 36.400 hectáreas detectadas por Naciones Unidas representan, por tanto, 14.400 hectáreas por encima del límite legal, aproximadamente un 65% más que la superficie autorizada. Esto no significa, sin embargo, que toda la producción situada por encima de ese umbral pueda atribuirse automáticamente al narcotráfico, una relación que el monitoreo no establece de manera individualizada.
La tendencia nacional continúa siendo ascendente. Bolivia registró unas 31.000 hectáreas en 2023, aumentó a 34.000 en 2024 y llegó ahora a 36.400, de modo que la superficie cultivada ha crecido en 5.400 hectáreas en dos años.
El comportamiento de las dos principales regiones productoras muestra diferencias considerables. En los Yungas de La Paz, la superficie disminuyó un 4%, al pasar de 19.230 hectáreas en 2024 a 18.430 en 2025.
La situación fue inversa en el Trópico de Cochabamba, donde los cultivos aumentaron de 14.275 a 17.471 hectáreas, aproximadamente un 22% en un solo año. El norte de La Paz registró también un crecimiento del 4%.
La expansión en el Trópico constituye así uno de los principales focos de atención del nuevo informe, no solamente por la magnitud del incremento, sino por otro indicador relacionado con la comercialización de la hoja.
Los mercados legales comercializaron durante 2025 26.424 toneladas métricas de hoja de coca, frente a las 29.636 toneladas del año anterior. Esto representa una disminución del 11%, precisamente mientras aumentaba la superficie cultivada en el país.
Las diferencias regionales vuelven a ser pronunciadas. El mercado autorizado de La Paz comercializó un volumen equivalente al 74% de la producción potencial correspondiente a las regiones monitoreadas de los Yungas y el norte paceño. En Cochabamba, en cambio, por el mercado autorizado pasó un volumen equivalente a solamente el 9% de la producción potencial del Trópico.
El informe no permite concluir automáticamente cuál fue el destino de toda la hoja que no ingresó en esos circuitos legales. El dato sí plantea, sin embargo, una cuestión fundamental para las autoridades encargadas del control: la superficie cultivada creció mientras disminuyó la cantidad comercializada a través de los mercados autorizados.
La expansión alcanzó asimismo territorios donde la presencia de coca resulta especialmente sensible. Naciones Unidas identificó 605 hectáreas cultivadas dentro de áreas protegidas nacionales, frente a 583 hectáreas contabilizadas el año anterior.
El monitoreo proporciona además una estimación de 79.810 toneladas métricas de producción potencial de hoja de coca seca al sol durante 2025. A partir de esa cantidad, la UNODC elaboró diferentes escenarios teóricos para evaluar el potencial de fabricación ilícita de cocaína.
En el escenario puramente hipotético de que toda la producción de hoja de coca fuese destinada a elaborar cocaína, el potencial calculado alcanzaría 427 toneladas métricas. Al descontar las 22.000 hectáreas permitidas legalmente, uno de los ejercicios reduce esa estimación a 176 toneladas. Estas cantidades no representan cocaína efectivamente producida o incautada en Bolivia, sino modelizaciones realizadas a partir de distintos supuestos, una distinción indispensable para interpretar correctamente el informe.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, calificó los resultados como preocupantes y sostuvo que la administración deberá recuperar capacidad institucional para controlar la expansión de los cultivos, especialmente en las regiones donde el crecimiento ha sido más pronunciado.
La publicación coincide con la puesta en marcha de la Política Antidroga 2026-2030, estructurada alrededor de nueve ejes que incluyen desarticulación de organizaciones criminales transnacionales, interdicción estratégica, inteligencia financiera, control de precursores, fiscalización de cultivos, desarrollo integral, prevención del consumo, fortalecimiento institucional y cooperación internacional.
El Gobierno plantea reducir progresivamente los cultivos excedentarios e ilegales y diferenciarlos de la producción destinada a los usos tradicionales y legalmente reconocidos de la hoja de coca. La nueva estrategia pretende además ampliar la lucha contra el narcotráfico hacia sus estructuras financieras, logísticas y patrimoniales.
Los resultados conocidos este martes dejan una fotografía compleja para Bolivia. Hay más superficie cultivada, una expansión particularmente fuerte en el Trópico de Cochabamba y menos hoja pasando por los mercados autorizados, mientras la extensión nacional supera ampliamente el límite previsto por la legislación.
La tendencia boliviana se produce además dentro de un escenario internacional de expansión de los cultivos de coca. El Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de la UNODC señala que la superficie mundial llegó a un récord de 385.100 hectáreas en 2024, casi tres veces el nivel registrado una década antes.
El nuevo monitoreo establece así una línea de base particularmente exigente para la Política Antidroga 2026-2030. El desafío será comprobar durante los próximos años si Bolivia consigue reducir la superficie excedentaria, reforzar los canales legales de comercialización y contener la expansión en áreas protegidas sin confundir el uso tradicional y lícito de la hoja de coca con las estructuras criminales vinculadas a la producción y tráfico de cocaína.
