Política

El Gobierno de Rodrigo Paz aprobó el Decreto Supremo 5707 para prolongar durante otros tres meses el régimen excepcional vigente desde junio. La Asamblea Legislativa fue convocada para este miércoles 16 de septiembre a las 16:00. La votación estará acompañada por una controversia jurídica: la Ley 1740 exige autorización legislativa previa para ampliar el plazo, mientras el decreto dispone primero la extensión y posteriormente la remite al Legislativo.

El expresidente cuestionó el modelo económico e institucional de las últimas dos décadas y pidió abrir Bolivia a nuevas inversiones. Advirtió sobre el deterioro del sector energético y sostuvo que una eventual ampliación del estado de excepción podría retrasar todavía más el proceso de reforma de la Constitución.

El vicepresidente Edmand Lara aseguró que estaría dispuesto a pedir a los bolivianos que voten contra su propia continuidad para abandonar el Gobierno junto con el presidente. También dijo arrepentirse de haber pedido el voto por Paz. El revocatorio, sin embargo, no está actualmente en marcha y solo puede activarse mediante iniciativa ciudadana.

La Asamblea de la Cruceñidad emplazó al Gobierno nacional a responder a sus demandas económicas, energéticas y autonómicas en el plazo de un mes. Exige aplicar el modelo 50-50 desde 2027, liberar la importación y comercialización de combustibles y devolver competencias y recursos a las regiones. Si no obtiene respuestas, anuncia movilizaciones escalonadas, un posible cabildo y plantea avanzar hacia una denominada «autonomía de facto».

La Misión de Alto Nivel presentó ante el Consejo Permanente sus conclusiones sobre la crisis boliviana. El organismo pide respetar los mandatos surgidos de las urnas, fortalecer el diálogo, proteger la protesta pacífica y avanzar en reformas institucionales, económicas y judiciales.

Legisladores del oficialismo y de Unidad acordaron impulsar conjuntamente el proceso de reforma parcial de la Constitución. El entendimiento abre la negociación por los dos tercios, aunque el estado de excepción vigente plantea un obstáculo constitucional inmediato.

La reforma parcial de la Constitución dejó de ser únicamente una discusión política. La Asamblea Legislativa tiene propuestas concretas sobre la mesa, mientras Rodrigo Paz busca acuerdos para reunir los dos tercios. Las iniciativas plantean cambios en inversiones, arbitraje, justicia, autonomías y organización económica, pero cualquier modificación deberá superar además un referendo constitucional.

Productores de San Julián, Cuatro Cañadas y Yapacaní anunciaron cortes de carreteras este miércoles 2 de septiembre para exigir la abrogación del Decreto Supremo 5676. Las protestas se producen pese al estado de excepción vigente y mientras el Gobierno mantiene su negativa a eliminar la norma, aunque admite la posibilidad de modificarla.

El presidente Rodrigo Paz expresó su disposición a impulsar “dos, tres, cuatro” modificaciones consideradas claves a la Constitución Política del Estado. El mandatario respondió a la propuesta presentada por Jorge “Tuto” Quiroga y diferenció esos cambios parciales de una transformación constitucional de mayor alcance.

Una revisión de declaraciones públicas, informes médicos y registros conocidos del caso expone diferencias sobre el número de disparos, la cronología del atentado y el origen de las denuncias de presunta corrupción. ERBOL identifica al menos doce contradicciones o inconsistencias, aunque varias todavía requieren esclarecimiento fiscal y pericial.

La Gobernación prepara un decreto departamental para facilitar operaciones privadas de importación y comercialización de carburantes. El presidente Rodrigo Paz ofreció “todas las garantías” a Santa Cruz y a las demás gobernaciones que decidan buscar gasolina y diésel a precios internacionales.

Los cuatro países sudamericanos suscribieron en Santiago una declaración conjunta para profundizar la cooperación en minerales estratégicos. La iniciativa contempla intercambio de información geológica, investigación, formación de capital humano y búsqueda de inversiones, en momentos en que el litio y el cobre adquieren creciente importancia para la transición energética y las nuevas tecnologías.

El presidente anunció que la próxima semana remitirá a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para ratificar el acuerdo y autorizar los desembolsos previstos durante 36 meses. El entendimiento alcanzado a nivel técnico todavía está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI y al cumplimiento de acciones previas acordadas.