Franco Gamboa RocabadoLa Moneda fue bombardeada y Salvador Allende murió mientras las Fuerzas Armadas destruían violentamente el orden constitucional chileno. Pinochet se erigió como el peor traidor y uno de los más sanguinarios dictadores. Después vino una dictadura de diecisiete años, convirtiendo la persecución política, prisión, tortura, exilio, ejecuciones y desapariciones, en instrumentos del poder.
Las comisiones chilenas establecieron miles de víctimas de violaciones de derechos humanos. Las investigaciones realizadas después de la recuperación democrática reconocieron 3.216 víctimas de desaparición, ejecución y tortura con muerte, además de 38.254 víctimas de prisión política y martirio. Las cifras oficiales reunidas por el Estado chileno llegan a 40.175 víctimas calificadas, considerando las distintas categorías de violaciones de derechos humanos: desde desapariciones hasta homicidios.
Chile conoció una forma brutal de violencia política, donde el Estado sabía quién perseguía, quién detenía y quién interrogaba. La maquinaria represiva tenía uniforme, oficinas, centros de detención, cadenas de mando y una doctrina. La violencia era visible porque procedía de un poder central que se había apoderado del Estado.
Cincuenta años después aparece algo mucho más incómodo para América Latina. ¿Qué sucede cuando la violencia deja de necesitar un golpe de Estado? ¿Qué ocurre cuando ya no es indispensable clausurar el Congreso, prohibir los partidos políticos o suspender una Constitución para que miles de personas desaparezcan? ¿Qué ocurre cuando una sociedad conserva elecciones, tiene poder legislativo, tribunales, presidentes constitucionales y libertades formales, pero, al mismo tiempo, miles de ciudadanos son asesinados, secuestrados o desaparecen sin que el Estado pueda protegerlos? Aquí comienza la historia de la democracia oscura.
Un ejemplo vergonzoso
México constituye uno de los ejemplos más vergonzosos. No estamos hablando simplemente de 30.000 desaparecidos desde el gobierno de Felipe Calderón. El problema es considerablemente mayor. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contiene cientos de miles de registros históricos desde 1952 y, según una revisión de Data Cívica realizada en agosto de 2026, 133.788 personas permanecían sin ser localizadas. La propia organización advierte, sin embargo, que existen importantes discrepancias y problemas de transparencia y consistencia en los registros.
Lo terrible aparece cuando se observa la evolución temporal. Durante el gobierno de Felipe Calderón se produjo un quiebre en la escala de las desapariciones. Data Cívica señala que entre 2006 y 2007 los registros aumentaron 201,4 %, mientras que 2011 alcanzó uno de los puntos más elevados de aquel sexenio, con 5.185 registros. Pero el fenómeno no terminó con Calderón. Los gobiernos posteriores heredaron niveles cada vez mayores y los registros continuaron creciendo hasta alcanzar máximos históricos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un presidente inútil que no hizo nada para esclarecer la matanza de Ayotzinapa.
Ya no se trata solo de preguntar quién gobierna. Hay que preguntar qué capacidad tiene el Estado para garantizar que una persona pueda caminar por su ciudad, trabajar, viajar, denunciar un delito, defender su propiedad o sencillamente regresar a su casa sin convertirse en una cifra. La democracia puede otorgar derechos jurídicos y, al mismo tiempo, dejar enormes espacios sometidos a poderes que matan.
Esta es la paradoja. En una dictadura como la chilena, el ciudadano sabía —al menos en términos políticos— que enfrentaba un Estado represivo. La violencia tenía una fuente identificable. En una democracia capturada parcialmente por el crimen organizado, la violencia puede ser mucho más difusa. El ciudadano no siempre sabe quién manda en una carretera, en un barrio, en una localidad rural productora de hojas de coca, o incluso dentro de determinadas instituciones.
El Estado conserva sus símbolos, pero pierde territorio; conserva elecciones, pero pierde capacidad de investigación criminal; conserva fiscalías, pero no necesariamente consigue justicia; conserva policías, pero puede ser penetrado por redes criminales; conserva discursos sobre derechos humanos, pero puede ser incapaz de encontrar a los desaparecidos.
Aquí aparece una de las contradicciones más profundas de nuestras democracias latinoamericanas: la democracia protege “formalmente” al ciudadano, pero el Estado puede ser incapaz de protegerlo realmente.
No es solo México
En abril de 2026, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señalaron que América Latina y el Caribe continúa registrando los niveles más altos de violencia letal del mundo. La tasa regional de homicidios indicada en ese informe fue de 19,7 por cada 100.000 habitantes; además, menos de la mitad de la población declaró sentirse segura caminando sola de noche.
El Banco Mundial ha señalado también que las tasas de homicidio de América Latina y el Caribe son, aproximadamente, ocho veces superiores al promedio mundial y que el crimen organizado constituye una amenaza generalizada para la región. Entonces, aparece una pregunta que incomoda, tanto a la izquierda como a la derecha, a los progresistas como a los conservadores: ¿de qué sirve una democracia que no consigue garantizar un derecho tan fundamental como la vida?
Una democracia no consiste solamente en depositar una papeleta cada cuatro o cinco años, también supone que el Estado tiene la capacidad para hacer cumplir la ley, investigar delitos, proteger a las víctimas, castigar a los responsables y garantizar que los ciudadanos puedan desarrollar su existencia sin quedar sometidos a poderes arbitrarios.
Una democracia sin Estado de derecho termina siendo una estructura política vulnerable. El contraste con Chile resulta perturbador. El 11 de septiembre de 1973 mostró el rostro desnudo de la dictadura: las armas tomaron el Estado. El México contemporáneo —y, en distintos grados, otros países latinoamericanos— muestra otra posibilidad: los actores criminales conquistan espacios del Estado, sin necesidad de tomar formalmente el poder.
No necesitan un tanque frente al palacio presidencial, pues controlan una carretera. No buscan clausurar el Congreso, sino intimidar a un alcalde. No necesitan censurar todos los periódicos, ya que basta con asesinar a un periodista en una localidad donde todos saben quién fue. No requieren desaparecer a una oposición política completa. Les basta con conseguir que una comunidad tenga “miedo de hablar”.
La violencia criminal posee una ventaja terrible sobre la represión clásica: puede presentarse como ausencia de Estado. Por eso quizá estamos frente a una nueva forma de oscuridad política: el Estado democrático anómico. La dictadura se ufanaba al decir: “yo mando porque tengo las armas”. La democracia anómica puede terminar diciendo: “eres libre, pero nadie puede protegerte”. La primera destruye abiertamente la libertad. La segunda puede conservar sus formas, mientras erosiona silenciosamente las condiciones materiales que permiten ejercerla.
Aquí hay una ironía histórica que América Latina todavía no ha resuelto. Durante décadas luchamos contra las dictaduras militares convencidos de que la democracia constituía la gran garantía contra la violencia política. Recuperamos elecciones, redactamos nuevas constituciones, creamos defensorías del pueblo, comisiones de derechos humanos y tribunales constitucionales.
Por supuesto, celebramos elecciones presidenciales, pero no siempre construimos Estados suficientemente fuertes para proteger a los ciudadanos. Un Estado anómico puede convertirse en una tragedia tan profunda como un Estado represivo, aunque de naturaleza completamente distinta. Chile nos recuerda el horror del Estado que persigue y mata. México nos obliga a pensar en el horror del Estado que no encuentra y jamás hace justicia con los desaparecidos.
La derrota de la democracia
El drama en América Latina muestra cómo miles de ciudadanos terminan desapareciendo, porque el poder en los sistemas democráticos así lo permite. Sin embargo, sería históricamente irresponsable establecer una equivalencia moral entre la dictadura chilena y la violencia criminal contemporánea en México o en toda América Latina. Una fue una política estatal de represión; la otra involucra, fundamentalmente, al crimen organizado, corrupción, impunidad, debilidad institucional y fallas de justicia. Pero, precisamente, porque no son equivalentes, la comparación resulta intelectualmente útil: permite preguntarnos por las distintas formas en que una sociedad puede perder la seguridad estatal y la dignidad.
El problema latinoamericano del siglo XXI ya no puede reducirse a militares golpistas. Ahora tenemos que hablar de policías corruptos, fiscales amenazados, jueces intimidados, municipios penetrados, economías ilegales, territorios controlados por organizaciones criminales, periodistas asesinados, jóvenes reclutados y familias convertidas en buscadoras de sus propios desaparecidos. La democracia anómica no necesita abolir las instituciones. Le basta con destruirlas. Aprendimos a reconocer la dictadura cuando llega con uniforme, pero todavía nos cuesta reconocer la desprotección cuando llega acompañada de elecciones.
El 11 de septiembre chileno seguirá siendo un símbolo del momento en que las armas destruyeron una democracia. Pero el presente latinoamericano plantea otra preocupación: ¿qué sucede cuando las instituciones democráticas se convierten en anómicas, mientras la vida cotidiana de millones de ciudadanos queda expuesta a los poderes que el Estado no puede controlar? Este es el verdadero septiembre negro del continente; no solamente el de las dictaduras que llegaron para quedarse, sino también el de las democracias que, lentamente, descubren que votar no basta para estar a salvo.
