Mañana, viernes 6 de noviembre, León XIV llegará a Uruguay, según la agenda oficial publicada por la Cancillería. Para muchos católicos será una jornada de alegría, recogimiento y esperanza. Una república laica debe garantizarles la libertad de celebrarla, del mismo modo que debe proteger a quienes reciben la visita con distancia, desacuerdo o indiferencia.
Hay noticias cuya importancia puede pasar inadvertida precisamente porque llegan envueltas en un lenguaje sereno, sin estridencias ni grandes proclamaciones. La decisión del papa León XIV de dedicar su intención de oración de octubre de 2026 a quienes atraviesan dificultades de salud mental pertenece a esa clase de acontecimientos.
El problema de origen de la Constitución boliviana de 2009 no comienza en el referendo del 25 de enero de aquel año. Para comprenderlo es necesario retroceder varios años y examinar una sucesión de decisiones en las que el procedimiento constitucional fue modificado, reinterpretado o directamente desplazado según las necesidades políticas del momento.
Rodrigo Paz habla de ruptura con el pasado, pero gobierna como si bastara con administrar mejor lo que dejó el MAS. Bolivia no necesita únicamente estabilizar sus cuentas: necesita desmontar las estructuras políticas, judiciales e institucionales que hicieron posible dos décadas de abuso, arbitrariedad y degradación republicana.
La reforma constitucional que empieza a debatirse y la reestructuración de YPFB apuntan hacia una misma dirección: reducir el peso de un esquema excesivamente estatista y devolver protagonismo a la iniciativa privada, la competencia y la seguridad jurídica. Después de años de déficits fiscales, deterioro del sector hidrocarburífero y costosos litigios internacionales, Bolivia tiene ante sí la oportunidad de revisar no sólo algunas normas, sino la filosofía económica que las sostiene.
El escándalo exhibe algo más preocupante que las contradicciones de sus protagonistas: la facilidad con que una parte de la sociedad, de la política y de los medios bolivianos convirtió un expediente todavía abierto en una historia aparentemente resuelta de sicarios, conspiraciones y corrupción. La criminología lleva décadas advirtiendo sobre los efectos de esta construcción pública del delito y sobre los intereses que prosperan alrededor de su espectacularización.