Redacción
El presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó la Ley 1757, que aprueba el financiamiento necesario para poner en marcha el Programa para el Desarrollo de una Agricultura Sostenible y Resiliente, Agrosustentar, destinado en su primera fase a pequeños productores rurales de cuatro departamentos del país.
La norma habilita un convenio de financiación por 21,12 millones de euros suscrito entre Bolivia y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), organismo especializado de Naciones Unidas en desarrollo rural. El acuerdo había sido firmado el 23 de octubre de 2025 y posteriormente sometido a consideración de la Asamblea Legislativa.
El programa beneficiará inicialmente a 17.500 hogares rurales, equivalentes a unas 64.750 personas, distribuidas en 24 municipios de Beni, La Paz, Pando y Santa Cruz. La información fue presentada oficialmente por el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua.
El diseño original de Agrosustentar es más amplio: el documento técnico del FIDA contempla una intervención potencial en 43 municipios, pero establece que la primera fase se concentrará en los 24 municipios comprendidos en el financiamiento actualmente aprobado.
Agrosustentar tiene como objetivo incrementar la capacidad de adaptación de pequeños productores de municipios con altos niveles de pobreza y vulnerabilidad climática, además de contribuir a la seguridad alimentaria de sus comunidades.
El programa contempla apoyo a la producción mediante semillas certificadas de maíz, arroz, maní y frejol, así como cultivos de cacao, piña y plátano. También prevé fortalecer cadenas vinculadas con productos amazónicos como azaí, copoazú, majo y nuez amazónica, según el detalle publicado por el Ministerio de Desarrollo Productivo.
El diseño oficial del programa elaborado por el FIDA organiza la intervención en tres grandes componentes: promoción de una agricultura sostenible con enfoque territorial y climático, desarrollo de mercados para productos agrícolas sostenibles y fortalecimiento de capacidades para transformar los sistemas agroalimentarios.
Además de mejorar los rendimientos, la iniciativa busca ampliar la comercialización y el acceso a mercados, incluyendo infraestructura productiva, procesamiento, agregado de valor y asistencia técnica para las organizaciones de productores.
Durante la promulgación, el Gobierno informó que Agrosustentar permitirá trabajar sobre más de 18.000 hectáreas mediante nuevos modelos productivos orientados a fortalecer su resiliencia, además de alcanzar cerca de 40.000 hectáreas vinculadas a producción comercial.
El presidente Paz señaló también que el programa incidirá en cultivos como maíz, arroz, maní, frejol, cacao, banano, plátano y piña, y destacó las posibilidades de ampliar la comercialización de productos bolivianos hacia mercados nacionales e internacionales.
Estos objetivos son consistentes con el planteamiento técnico del FIDA, que busca aumentar la productividad, diversificar los ingresos de las familias rurales y mejorar su capacidad para resistir sequías, inundaciones, incendios y otros efectos del cambio climático.
El programa priorizará inicialmente 14 municipios de Pando, seis de Beni, dos de La Paz y dos de Santa Cruz.
En Beni están incluidos Guayaramerín, Riberalta, Baures, Magdalena, Puerto Siles y San Joaquín; en La Paz, Ixiamas y San Buenaventura; y en Santa Cruz, San Ignacio de Velasco y Concepción. En Pando se incorporan 14 municipios de la región amazónica y fronteriza, entre ellos Cobija, Bellaflor, El Sena, Filadelfia y Porvenir. El listado fue difundido por el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua.
La selección responde a criterios relacionados con vulnerabilidad climática y ambiental, pobreza, inseguridad alimentaria y posibilidades de articulación territorial con mercados, según la documentación técnica del FIDA.
Una precisión importante es que los 21,12 millones de euros no representan el costo total de Agrosustentar, sino el financiamiento externo del FIDA correspondiente a esta fase.
La ficha oficial del proyecto del FIDA sitúa el costo total en US$ 26,8 millones, de los cuales aproximadamente US$ 23 millones serán financiados por el organismo internacional. Los beneficiarios aportarán alrededor de US$ 3,8 millones, distribuidos entre contribuciones en efectivo y en especie.
El financiamiento del FIDA se divide en dos préstamos: uno de 9,19 millones de euros y otro de 11,93 millones de euros, que en conjunto suman los 21,12 millones autorizados.
Según la información presentada por el Gobierno durante el debate legislativo, el financiamiento tendrá un plazo de amortización de 27 años y medio, con ocho años de gracia, mientras que la primera fase del programa tiene una ejecución estimada de cinco años.
Durante el tratamiento del proyecto, la Cámara de Diputados incorporó un mecanismo específico de fiscalización.
El texto aprobado establece que el Órgano Ejecutivo deberá presentar informes semestrales, orales y escritos, ante la Asamblea Legislativa, acompañados por documentación de respaldo sobre el uso, destino y ejecución de los recursos del convenio. La obligación fue incorporada durante el tratamiento en la Cámara de Diputados.
La medida introduce un control parlamentario periódico sobre la ejecución del financiamiento y busca permitir el seguimiento de los recursos durante el desarrollo del programa.
Más allá del financiamiento inmediato, el FIDA define el objetivo general de Agrosustentar como la reducción de la pobreza rural y la construcción de sistemas agroalimentarios locales más sostenibles.
La primera fase estará dirigida principalmente a agricultores familiares de pequeña escala y prevé que entre sus participantes haya una presencia significativa de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. El diseño establece como metas que el 40 % de los participantes sean mujeres, el 20 % jóvenes y al menos el 60 % pertenezca a pueblos indígenas.
Con la promulgación de la Ley 1757 comienza ahora la etapa de implementación del programa. Su resultado dependerá de que los recursos aprobados se traduzcan efectivamente en mayor productividad, adaptación climática, mejores ingresos y acceso estable a mercados para las familias rurales beneficiarias.
