España

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del presidente del Gobierno contra la Ley 1/2026 de la Comunidad de Madrid, que habilita a la Administración autonómica para ejercer la acción popular en determinados procesos penales relacionados con incendios y medio ambiente, desórdenes públicos y patrimonio histórico. La controversia plantea hasta dónde puede llegar una comunidad autónoma cuando atribuye a su propia Administración facultades para intervenir como acusación popular en el proceso penal.