Aprehenden a Roger Mariaca y Alberto Zeballos; la Policía interviene la Fiscalía General en Sucre

El fiscal general del Estado y el fiscal departamental de Santa Cruz fueron aprehendidos la noche del miércoles en el aeropuerto de Viru Viru. Horas después, efectivos policiales ingresaron en la sede de la Fiscalía General en Sucre, donde funcionarios denunciaron que el procedimiento era ilegal y calificaron la detención de Mariaca como un “secuestro”.
Política01 de octubre de 2026RedacciónRedacción
mariaca_y_zeballos
Foto: Erbol. 

Bolivia amaneció este jueves 1 de octubre en medio de una grave controversia institucional después de que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueran aprehendidos la noche del miércoles en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, un hecho reportado también por ERBOL, El Deber y otros medios bolivianos.

De acuerdo con la información preliminar difundida por El Deber, ambos fiscales fueron interceptados por efectivos policiales dentro de la terminal aérea cuando llegaban de Sucre a Santa Cruz. El mismo medio señaló, citando fuentes policiales, que serían trasladados posteriormente a La Paz.

ERBOL informó que Mariaca había descendido de un vuelo de Boliviana de Aviación y que posteriormente habría sido conducido hacia otra aeronave, aunque en esos primeros momentos no existía confirmación oficial sobre su destino.

Hasta las primeras horas de este jueves no se había informado públicamente con precisión cuál era la causa penal que dio origen a las aprehensiones ni se había difundido de forma completa la documentación judicial que respaldaba los procedimientos.

La Policía interviene la Fiscalía General

Horas después de las detenciones, efectivos policiales ingresaron en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Sucre. La intervención policial de la sede del Ministerio Público fue reportada por El Deber y otros medios durante la madrugada.

La situación pudo observarse parcialmente durante una transmisión realizada por funcionarios de la institución desde el interior del edificio. En ella denunciaron que efectivos del Centro Especial de Investigación Policial habían ingresado mientras se preparaba una conferencia de prensa relacionada con la aprehensión del fiscal general. UNITEL informó que la Fiscalía denunció el ingreso de policías encapuchados a sus instalaciones.

Funcionarios del Ministerio Público afirmaron que inicialmente los policías no exhibieron una orden de allanamiento y denunciaron restricciones al ingreso de periodistas y familiares.

La Fiscalía calificó públicamente la aprehensión de Mariaca como un “secuestro” y denunció un allanamiento policial. Esa denominación corresponde a la posición de funcionarios del Ministerio Público y no constituye, por sí misma, una determinación judicial sobre la legalidad de la actuación policial.

Las medidas de Estados Unidos contra Mariaca y Zeballos

Las detenciones se produjeron pocos días después de que Estados Unidos adoptara medidas contra distintas autoridades y exautoridades bolivianas.

En el caso de Roger Mariaca, el Gobierno estadounidense lo señaló por su presunta participación en “corrupción significativa” y sostuvo que habría abusado de sus funciones públicas mediante la solicitud o aceptación de sobornos relacionados con actividades de narcotráfico y la protección de delincuentes.

La acusación del Gobierno estadounidense no equivale a una sentencia penal dictada por un tribunal boliviano.

La Agencia de Noticias Fides informó que Estados Unidos declaró inelegible a Mariaca para ingresar a su territorio, en el marco de medidas que también alcanzaron a otros ciudadanos bolivianos vinculados al sistema judicial.

Alberto Zeballos confirmó, por su parte, que Estados Unidos había revocado su visa y señaló que desconocía las razones específicas de la medida. Según El Deber, el fiscal departamental solicitó que la Cancillería gestionara información oficial ante Washington.

Hasta el momento de las primeras detenciones no estaba públicamente establecido que el procedimiento ejecutado en Viru Viru fuera consecuencia directa de esas medidas estadounidenses.

El nombre de Sebastián Marset vuelve al centro del caso

El operativo coincidió además con nuevas informaciones relacionadas con Sebastián Marset.

Horas antes de la detención de Mariaca, la Fiscalía General había negado que el fiscal general se hubiera reunido con Marset antes de su extradición y reclamó que quienes sostenían esa versión presentaran pruebas.

Sin embargo, durante la misma jornada comenzó a circular un video correspondiente a la captura de Marset en el que el narcotraficante menciona al fiscal general y afirma que es su “amigo”. UNITEL difundió el video en el que Marset se refiere a Roger Mariaca.

ERBOL también informó sobre un supuesto video en el que Marset llama “amigo” a Mariaca, además de otros materiales que comenzaron a circular durante la jornada.

Las declaraciones de Marset no demuestran por sí solas la existencia de una relación ilícita. El origen, contexto y eventual valor probatorio de esas grabaciones deberán ser establecidos dentro de las investigaciones correspondientes.

El operativo se amplía

Durante la madrugada comenzaron a conocerse nuevas aprehensiones y procedimientos policiales vinculados al caso.

El Deber informó que la Policía desplegó operativos simultáneos en Santa Cruz, La Paz y Sucre y señaló que las actuaciones alcanzaban a fiscales, autoridades y exfuncionarios.

La dimensión de los procedimientos permite advertir que la investigación excede las aprehensiones iniciales de Mariaca y Zeballos, aunque todavía debe aclararse oficialmente cuáles son las causas penales específicas, qué personas se encuentran formalmente investigadas y qué hechos se atribuyen a cada una.

Muchas preguntas todavía abiertas

A primeras horas de este jueves persistían interrogantes fundamentales: cuál es exactamente la investigación penal que motivó las aprehensiones, qué autoridad dispuso las órdenes, qué delitos se atribuyen concretamente a Mariaca y Zeballos y qué relación existe, si la hubiera, entre los procedimientos realizados en Bolivia, el caso Marset y las recientes medidas adoptadas por Estados Unidos.

También deberá esclarecerse la legalidad y el alcance de la intervención policial dentro de las oficinas de la Fiscalía General en Sucre.

Por ahora, hay varios hechos que cuentan con corroboración coincidente en distintos medios: Roger Mariaca y Alberto Zeballos fueron aprehendidos en Viru Viru; la Policía ingresó posteriormente en la Fiscalía General del Estado en Sucre; funcionarios del Ministerio Público denunciaron irregularidades en el procedimiento; y durante la madrugada comenzaron a conocerse nuevas actuaciones policiales en distintas ciudades.

Las responsabilidades penales individuales, sin embargo, solamente podrán establecerse a partir de las pruebas incorporadas a las investigaciones y de las resoluciones que adopten las autoridades judiciales competentes.

Artículos relacionados
casa_grande

Bolivia: la Asamblea decidirá este miércoles si autoriza otros 90 días de estado de excepción

Redacción
Política15 de septiembre de 2026
El Gobierno de Rodrigo Paz aprobó el Decreto Supremo 5707 para prolongar durante otros tres meses el régimen excepcional vigente desde junio. La Asamblea Legislativa fue convocada para este miércoles 16 de septiembre a las 16:00. La votación estará acompañada por una controversia jurídica: la Ley 1740 exige autorización legislativa previa para ampliar el plazo, mientras el decreto dispone primero la extensión y posteriormente la remite al Legislativo.
lara_renovcatorio

Lara dice que haría campaña para ser revocado junto con Rodrigo Paz

Redacción
Política12 de septiembre de 2026
El vicepresidente Edmand Lara aseguró que estaría dispuesto a pedir a los bolivianos que voten contra su propia continuidad para abandonar el Gobierno junto con el presidente. También dijo arrepentirse de haber pedido el voto por Paz. El revocatorio, sin embargo, no está actualmente en marcha y solo puede activarse mediante iniciativa ciudadana.
feraguz-santa-cruz-de-la-sierra-4797349_1280

Santa Cruz da plazo al Gobierno hasta el 10 de octubre y amenaza con movilizaciones y «autonomía de facto»

Redacción
Política10 de septiembre de 2026
La Asamblea de la Cruceñidad emplazó al Gobierno nacional a responder a sus demandas económicas, energéticas y autonómicas en el plazo de un mes. Exige aplicar el modelo 50-50 desde 2027, liberar la importación y comercialización de combustibles y devolver competencias y recursos a las regiones. Si no obtiene respuestas, anuncia movilizaciones escalonadas, un posible cabildo y plantea avanzar hacia una denominada «autonomía de facto».
Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email
Provisto por365Scores.com