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Los demandantes, acusados de haber integrado Estado Islámico y actualmente presos en Irak, sostienen que París los mantiene expuestos a la pena de muerte, malos tratos y procesos sin garantías suficientes. El caso vuelve a plantear ante Estrasburgo una cuestión particularmente incómoda para Francia: hasta dónde alcanza la libertad del Ejecutivo para negarse a repatriar a sus propios ciudadanos cuando esa decisión queda fuera del control de los tribunales nacionales.