25 franceses detenidos en Irak llevan a Francia ante el TEDH para exigir su repatriación

PARÍS.— Veinticinco ciudadanos franceses detenidos en Irak y acusados de haber formado parte de Estado Islámico (EI) han recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para exigir que Francia organice su repatriación y permita que sean juzgados por la justicia francesa.

La demanda fue presentada el 4 de septiembre de 2026 ante la corte de Estrasburgo después de que los interesados intentaran sin éxito obtener el retorno mediante la jurisdicción administrativa francesa, según reveló Le Monde, que tuvo acceso al escrito presentado por los abogados Matthieu Bagard, Marie Dosé y Baptiste Vachon. Le Monde — investigación sobre la demanda de los 25 detenidos

Los letrados sostienen que mantener a sus clientes en Irak los expone a riesgos de tortura, pena capital y procedimientos judiciales que, a su juicio, no ofrecen garantías suficientes. Esas afirmaciones forman parte de la argumentación de la defensa y todavía no han sido establecidas como hechos por el Tribunal Europeo.

Más allá de la situación individual de los detenidos, el expediente plantea una cuestión jurídica de considerable alcance: qué garantías deben existir cuando un Gobierno se niega a organizar la repatriación de sus propios nacionales desde un tercer país y los tribunales internos consideran que esa decisión pertenece al ámbito de las relaciones internacionales y, por tanto, no puede ser revisada judicialmente.

De las prisiones kurdas a Irak

El litigio tiene sus raíces en la derrota territorial de Estado Islámico y en el destino de los combatientes extranjeros detenidos durante años en cárceles y campamentos administrados por las fuerzas kurdas del noreste de Siria.

Alrededor de 60 ciudadanos franceses fueron trasladados posteriormente desde esos centros hasta la prisión central de Al-Karkh, en Bagdad, de acuerdo con la información obtenida por Le Monde.

Once franceses transferidos anteriormente a Irak fueron condenados a muerte en 2019. Esas penas fueron posteriormente conmutadas por cadena perpetua.

Una cincuentena de hombres fue trasladada desde Siria a Irak entre julio de 2025 y los primeros meses de 2026. Entre ellos se encuentran tres jóvenes que eran menores de edad en el momento de los hechos que se les atribuyen.

Los 25 ciudadanos que ahora acuden al TEDH son, además, objeto de procedimientos abiertos por la propia justicia antiterrorista francesa. Sus abogados argumentan precisamente que deberían responder de las acusaciones ante los tribunales de Francia, país del que son nacionales y cuyo aparato judicial ya investiga sus casos.

París se niega a traerlos de vuelta

La posición del Gobierno francés ha sido distinta.

París considera que Irak es un Estado soberano y posee competencia para juzgar delitos presuntamente cometidos en su territorio. Francia ha mantenido durante años una política restrictiva frente a la repatriación de hombres adultos vinculados con Estado Islámico, aunque sí desarrolló operaciones de retorno de mujeres y menores retenidos en los campamentos sirios.

Desde 2019 se produjeron repatriaciones de niños y, posteriormente, varias operaciones colectivas que incluyeron también a mujeres. No se adoptó, en cambio, una política equivalente para los hombres adultos que viajaron a Siria o Irak y fueron acusados de incorporarse al denominado califato.

La cuestión se vuelve jurídicamente más compleja cuando esos ciudadanos intentan impugnar la negativa gubernamental ante los tribunales franceses.

El 25 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo de París se declaró incompetente para ordenar determinadas repatriaciones al considerar que las decisiones requerían actuaciones de política exterior inseparables de la conducción de las relaciones internacionales.

El asunto llegó también al Consejo de Estado, máxima jurisdicción administrativa francesa. En una importante decisión dictada el 16 de julio de 2026, el tribunal estableció que cuando la repatriación de un ciudadano requiere negociaciones con autoridades extranjeras o una intervención en territorio extranjero, la decisión gubernamental correspondiente no puede separarse de la política internacional de Francia y queda, por su naturaleza, fuera del control de la jurisdicción administrativa. Consejo de Estado de Francia — decisión 503858 del 16 de julio de 2026

La decisión se produjo en un procedimiento paralelo promovido por el padre de un ciudadano francés cuyo retorno había sido solicitado inicialmente desde Siria y que posteriormente fue trasladado a Irak. El precedente es especialmente relevante para el nuevo litigio porque confirma la doctrina francesa sobre las denominadas decisiones de Gobierno vinculadas a las relaciones internacionales.

¿Una forma de destierro?

Los abogados de los 25 detenidos consideran que esa situación deja a sus clientes expuestos a la discrecionalidad del Ejecutivo y sostienen que la negativa permanente a organizar su retorno equivale, en los hechos, a una forma de destierro.

Es una tesis de la defensa, no una conclusión judicial.

El derecho internacional europeo tampoco establece que todo ciudadano encarcelado en un tercer país tenga derecho automático a exigir que su Gobierno organice una operación para repatriarlo.

Precisamente ese límite fue examinado por el TEDH hace cuatro años.

El precedente que vuelve a Estrasburgo

En septiembre de 2022, la Gran Sala del Tribunal Europeo resolvió H.F. y otros contra Francia, un caso promovido por familiares de dos ciudadanas francesas y sus hijos que se encontraban retenidos en campamentos del noreste de Siria.

La sentencia estableció una distinción fundamental.

El Convenio Europeo de Derechos Humanos no reconoce un derecho general a la repatriación. Un Estado no está obligado, por el simple hecho de la nacionalidad, a organizar el regreso de todos sus ciudadanos que se encuentren en dificultades fuera de su territorio.

Sin embargo, Estrasburgo sostuvo que pueden existir circunstancias excepcionales en las que el derecho de un ciudadano a entrar en su propio país genere determinadas obligaciones positivas para el Estado.

En esos casos, la negativa del Ejecutivo debe contar con garantías apropiadas contra la arbitrariedad y poder ser examinada por un órgano independiente de las autoridades encargadas de adoptar la decisión.

El Tribunal hizo además una precisión importante: ese órgano independiente no tiene necesariamente que ser un tribunal de justicia.

TEDH — sentencia H.F. y otros contra Francia

Estrasburgo no ordenó entonces una repatriación automática. Exigió que Francia volviera a examinar las solicitudes bajo un procedimiento acompañado de suficientes garantías contra decisiones arbitrarias.

Esa doctrina constituye ahora uno de los fundamentos principales de la nueva demanda.

La paradoja francesa

El conflicto presenta una dificultad política evidente.

Los demandantes no son ciudadanos que accidentalmente quedaron atrapados en un país extranjero. Están acusados de haberse incorporado a Estado Islámico, organización responsable de atentados terroristas, asesinatos, secuestros, esclavitud, persecuciones religiosas y otros crímenes cometidos en Siria e Irak.

Francia fue además uno de los países europeos más duramente golpeados por el terrorismo yihadista. Los atentados coordinados de París del 13 de noviembre de 2015 dejaron 130 muertos y marcaron profundamente el debate francés sobre seguridad, terrorismo y radicalización.

Por eso, el rechazo político a organizar el retorno de presuntos miembros de Estado Islámico resulta comprensible para una parte importante de la sociedad francesa.

Pero la cuestión planteada ante Estrasburgo es jurídicamente diferente: qué debe hacer un Estado de derecho con sus propios nacionales cuando son sospechosos de haber cometido los delitos más graves.

Una respuesta posible es precisamente juzgarlos.

Francia dispone de una de las jurisdicciones antiterroristas más especializadas de Europa. Los ciudadanos que regresaron al país voluntariamente o fueron detenidos a su vuelta han sido sometidos a investigaciones, procesamientos y condenas ante tribunales franceses.

Los abogados de los 25 detenidos se apoyan en esa circunstancia para sostener que sus clientes también deberían responder ante la justicia francesa.

Seguridad nacional frente a control del poder

El verdadero conflicto jurídico no consiste, por tanto, en determinar si los sospechosos deben quedar impunes. Ninguna de las partes plantea semejante posibilidad.

La discusión gira en torno al lugar y las garantías con las que deben ser juzgados, así como al margen de libertad del Gobierno francés para negarse a intervenir.

Francia sostiene que la repatriación desde Irak requeriría necesariamente negociaciones diplomáticas y actuaciones fuera de su territorio y que, en consecuencia, pertenece al núcleo de la política exterior reservada al Ejecutivo.

El Consejo de Estado reafirmó esa posición en julio: cuando el retorno requiere negociaciones con otro Gobierno o una operación sobre territorio extranjero, los tribunales administrativos franceses carecen de competencia para controlar la negativa.

Sin embargo, ahí aparece la tensión con la jurisprudencia europea.

En H.F. y otros, el TEDH dejó establecido que, bajo circunstancias excepcionales, debe existir algún mecanismo independiente del Ejecutivo capaz de examinar la solicitud y verificar que la decisión adoptada no sea arbitraria.

La cuestión que plantea ahora el nuevo expediente es si el sistema francés cumple suficientemente esa exigencia cuando sus propios tribunales declaran que no pueden intervenir.

Francia, nuevamente ante Estrasburgo

La presentación de la demanda no significa que los 25 detenidos vayan a ser repatriados ni que el TEDH haya aceptado los argumentos de sus abogados.

Estrasburgo deberá examinar primero las cuestiones procesales y de admisibilidad. Solo posteriormente, si corresponde, entrará al fondo del asunto. Un procedimiento de esta complejidad puede prolongarse durante años.

Tampoco debe confundirse el caso con el precedente de las mujeres y niños retenidos en Siria. Las circunstancias de hombres adultos actualmente encarcelados en Irak son jurídicamente diferentes y el Tribunal tendrá que determinar si concurren las condiciones excepcionales necesarias para activar las garantías establecidas en su jurisprudencia anterior.

Pero la demanda contiene una pregunta que trasciende a sus 25 protagonistas.

Europa lleva años discutiendo qué hacer con sus ciudadanos que viajaron a los territorios controlados por Estado Islámico. Mantenerlos fuera del continente puede reducir determinados riesgos inmediatos, pero plantea a su vez interrogantes sobre nacionalidad, jurisdicción, seguridad, responsabilidad penal y límites del poder ejecutivo.

Francia deberá defender ahora ante el Tribunal Europeo una doctrina según la cual ciertas decisiones de repatriación pertenecen a la política exterior y escapan al control de sus jueces, mientras Estrasburgo ya ha establecido que, en circunstancias excepcionales, una negativa de esa naturaleza debe estar protegida frente a la arbitrariedad mediante algún mecanismo independiente.

El TEDH tendrá que delimitar nuevamente esa frontera: hasta dónde llega la libertad del Ejecutivo en materia de política exterior cuando la decisión afecta a ciudadanos franceses sometidos a procesos penales en un tercer Estado y entra en contacto con derechos protegidos por el Convenio Europeo.

La respuesta podría tener consecuencias mucho más amplias que el destino inmediato de los 25 detenidos.