Tuto Quiroga presenta una reforma parcial de la CPE con cinco ejes para cambiar el Estado

El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga presentó este lunes en Cochabamba un proyecto de ley para impulsar una reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), con cambios dirigidos al modelo económico, la justicia, las autonomías, las atribuciones fiscalizadoras de la Asamblea Legislativa y el funcionamiento de la administración pública.

La propuesta de Libre está estructurada alrededor de cinco grandes ejes: apertura económica, reforma judicial, fortalecimiento de la fiscalización legislativa, autonomías y digitalización del Estado, según la presentación realizada por Quiroga este lunes.

El exmandatario vinculó la iniciativa con la necesidad de cambiar reglas que, a su criterio, dificultan la inversión y limitan la capacidad del país para responder a sus problemas económicos y energéticos.

Quiroga ya había anticipado durante el fin de semana que su propuesta buscaría crear mayor seguridad jurídica para la inversión nacional y extranjera y facilitar mecanismos como el arbitraje internacional. La Pólvora informó recientemente sobre una propuesta parcialmente coincidente presentada por Carlos Alarcón, que también plantea cambios económicos y judiciales.

Apertura económica y nuevas reglas para la inversión

El primer eje de la propuesta está orientado a una mayor apertura de la economía boliviana.

Quiroga sostiene que el país necesita modificar determinadas reglas constitucionales para recuperar inversiones en sectores estratégicos, particularmente hidrocarburos, y ofrecer mayor previsibilidad jurídica a los capitales privados.

Antes de presentar formalmente el proyecto, el líder de Libre había señalado que la reforma debería facilitar la inversión extranjera y permitir mecanismos de arbitraje internacional para determinadas controversias. Correo del Sur recogió esos planteamientos preliminares.

El argumento adquiere especial relevancia en medio de la actual crisis energética. Quiroga ha advertido que la caída de la inversión y de la producción de hidrocarburos puede profundizar los problemas de abastecimiento si no se introducen reformas estructurales.

La discusión coincide además con recientes cambios en el mercado de combustibles. La Pólvora informó sobre el Decreto Supremo 5676, que introdujo un nuevo esquema de precio referencial para determinados consumidores de diésel.

Reforma del sistema judicial

El segundo pilar apunta a la justicia boliviana.

Quiroga sostiene que la reforma debe modificar aspectos institucionales que, según su diagnóstico, han contribuido a la impunidad y a la falta de independencia judicial.

La presentación pública de este lunes confirmó el objetivo general de reformar la justicia, aunque todavía será necesario examinar el articulado completo para determinar exactamente qué disposiciones constitucionales pretende modificar.

Este punto coincide parcialmente con el proyecto presentado por el diputado Carlos Alarcón, que plantea, entre otros asuntos, modificar las reglas relativas a la elección de las altas autoridades judiciales. La Pólvora detalló esa propuesta y el procedimiento constitucional que debería seguir.

Más facultades de fiscalización para la Asamblea

El tercer eje pretende fortalecer las atribuciones de control de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Durante su exposición, Quiroga sostuvo que el Legislativo debería disponer de instrumentos más eficaces para investigar irregularidades y ejercer fiscalización sobre la administración pública.

Entre las propuestas mencionadas se encuentra ampliar la capacidad parlamentaria de impulsar investigaciones en determinados casos. La formulación concreta de esas facultades deberá ser analizada a la luz de la separación de funciones entre los órganos del Estado.

Quiroga también planteó modificar el tratamiento constitucional del Presupuesto General del Estado.

Según su propuesta, si la Asamblea no consigue aprobar un nuevo presupuesto, debería permanecer temporalmente vigente el presupuesto del año anterior, en lugar de producirse un escenario que pueda afectar el funcionamiento regular de la administración. Esta iniciativa fue expuesta expresamente durante la presentación del proyecto en Cochabamba.

Quiroga propone profundizar las autonomías

El cuarto eje se concentra en las autonomías y la descentralización del Estado.

Quiroga propone revisar la distribución de competencias entre el nivel central y las entidades territoriales con el propósito de ampliar la capacidad de decisión de departamentos y gobiernos subnacionales.

La presentación pública confirmó este objetivo general, pero no difundió todavía un detalle exhaustivo de todos los artículos constitucionales que serían modificados.

La profundización autonómica deberá, por tanto, evaluarse cuando el texto integral del proyecto sea conocido y se pueda determinar con precisión qué competencias pretende transferir o redefinir.

Digitalización del Estado

El quinto pilar de la iniciativa es la digitalización de la administración pública.

Quiroga propone utilizar herramientas tecnológicas para reducir trámites, modernizar servicios y aumentar la transparencia y eficiencia estatal.

La digitalización ya formaba parte de las propuestas políticas defendidas por Quiroga durante los últimos meses y aparece ahora incorporada dentro del paquete de reformas que Libre pretende llevar al debate constitucional.

No todas las políticas de digitalización requieren necesariamente una reforma constitucional; buena parte puede desarrollarse mediante legislación ordinaria y decisiones administrativas. Su inclusión dentro del proyecto refleja, sin embargo, la intención política de convertir la modernización tecnológica del Estado en uno de los componentes centrales de la propuesta.

Quiroga afirma que no tocará las bases fundamentales

Durante la presentación, Quiroga sostuvo que su proyecto no busca modificar los principios fundamentales de la Constitución y afirmó que no pretende intervenir en la primera parte de la Carta Magna.

La precisión tiene importancia jurídica, pero no resuelve por sí sola la naturaleza constitucional de todas las modificaciones propuestas.

El artículo 411 de la Constitución establece que una reforma que afecte las bases fundamentales del Estado, los derechos, deberes y garantías, o las reglas de primacía y reforma constitucional debe tramitarse mediante una Asamblea Constituyente originaria plenipotenciaria.

Una reforma parcial iniciada desde la Asamblea Legislativa, en cambio, requiere una ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes y posteriormente un referendo constitucional aprobatorio.

Por ello, la calificación de una iniciativa como “reforma parcial” no depende únicamente de la voluntad de sus proponentes: el contenido material de cada modificación deberá mantenerse dentro de los límites establecidos por la propia CPE.

Una segunda propuesta entra al debate constitucional

La iniciativa de Quiroga aparece pocos días después del proyecto de Carlos Alarcón y confirma que la discusión sobre una eventual reforma constitucional comienza a adquirir mayor protagonismo político.

La Pólvora analizó también en un editorial la iniciativa de Alarcón, destacando que el debate constitucional debe producirse con precisión jurídica y evitando convertir la reforma en un simple instrumento coyuntural.

Ambos proyectos coinciden en algunos asuntos —especialmente inversión, seguridad jurídica y reforma judicial—, pero la propuesta de Quiroga plantea un marco más amplio al incorporar también autonomías, fiscalización legislativa y digitalización.

Quiroga señaló que espera comenzar la discusión a partir de septiembre y reclamó un debate abierto entre fuerzas políticas y sectores de la sociedad.

La iniciativa enfrenta, sin embargo, un obstáculo político evidente: para avanzar por la vía legislativa deberá construir una mayoría de dos tercios de los miembros presentes de la Asamblea, en un escenario parlamentario fragmentado.

La presentación de este lunes coloca así una nueva propuesta formal sobre la mesa. Su verdadero alcance podrá evaluarse cuando se conozca íntegramente el articulado y sea posible determinar qué normas pretende modificar, cuáles pueden reformarse por la vía parcial y qué nivel de respaldo político existe para llevarlas posteriormente a referendo.