Alarcón abre una vía necesaria para reformar la Constitución

No porque resuelva por sí solo los problemas estructurales del Estado boliviano, sino porque parte de un diagnóstico atendible: la Constitución de 2009 ha llevado demasiado lejos la constitucionalización de materias que deberían poder adaptarse con mayor flexibilidad a nuevas circunstancias políticas, institucionales y económicas.

La propuesta concentra su atención en dos ámbitos especialmente sensibles: la justicia y el modelo económico. En ambos, la Constitución vigente no se limita a fijar principios generales o garantías básicas, sino que desciende a niveles de detalle que convierten decisiones contingentes en reglas de muy difícil modificación.

Alarcón propone una salida jurídicamente interesante: desconstitucionalizar una serie de artículos para que sus contenidos puedan ser regulados, modificados o derogados posteriormente mediante leyes aprobadas por dos tercios. No se trata, por tanto, de entregar asuntos delicados a cualquier mayoría ocasional, sino de trasladarlos desde la rigidez constitucional hacia un ámbito legislativo reforzado.

La idea resulta especialmente pertinente en materia judicial. Bolivia ha comprobado durante años que la elección popular de magistrados no produjo la independencia, legitimidad ni calidad institucional que se esperaba. Mantener ese mecanismo petrificado en el texto constitucional obliga a que cualquier cambio profundo vuelva a atravesar un procedimiento de reforma. La propuesta permite romper ese círculo y abrir la puerta a métodos de selección sustentados en mérito, capacidad e independencia.

Algo parecido ocurre con la economía. Una Constitución debe proteger derechos, garantizar la propiedad, delimitar la actuación del poder público y fijar principios generales para el funcionamiento del Estado. No debería convertirse en un programa económico exhaustivo pensado para permanecer inalterado durante generaciones.

Las circunstancias cambian. También lo hacen la tecnología, los mercados internacionales, las necesidades de inversión y las formas mediante las cuales un país administra sus recursos estratégicos. Cuando cada decisión económica relevante queda encerrada en el texto constitucional, la estabilidad corre el riesgo de transformarse en inmovilidad.

Por eso resulta razonable retirar del nivel constitucional varias reglas relativas a inversiones, hidrocarburos, YPFB, minería, energía y otros sectores, manteniendo para su modificación una mayoría cualificada de dos tercios.

También parece acertado revisar el régimen de protección a las inversiones. Bolivia necesita preservar sus potestades soberanas, pero al mismo tiempo requiere seguridad jurídica, previsibilidad y mecanismos confiables para resolver controversias. La posibilidad de acudir a arbitraje nacional o internacional cuando haya sido libremente pactada no constituye, por sí misma, una renuncia a la soberanía. Puede ser, más bien, una herramienta para generar confianza y reducir el riesgo de que las relaciones económicas queden enteramente sometidas a las oscilaciones de la política interna.

La iniciativa acierta asimismo al cuestionar la amplitud con la que la Constitución vincula determinadas decisiones sobre recursos naturales con la figura de traición a la patria. El derecho penal y, con mayor razón, las figuras constitucionales de máxima gravedad no deberían convertirse en instrumentos capaces de inhibir decisiones legítimas de política pública.

En ese sentido, la propuesta de Alarcón es oportuna y necesaria en el corto y mediano plazo. Bolivia no puede esperar indefinidamente una reconstrucción constitucional integral para comenzar a corregir algunos de los defectos más evidentes del sistema vigente.

Pero allí aparece también su límite. La desconstitucionalización de treinta artículos puede flexibilizar el ordenamiento, facilitar una mejor legislación judicial, abrir espacio para un régimen económico más moderno y ofrecer mayores garantías a la inversión. Sin embargo, no responde a la pregunta fundamental de qué tipo de Estado necesita Bolivia para las próximas décadas.

Ese debate es mucho más amplio. En un artículo publicado anteriormente bajo el título “¿Es posible una nueva República para Bolivia?”, se planteaba precisamente que el problema constitucional boliviano no puede reducirse a corregir artículos aislados. La discusión de fondo pasa por revisar de manera integral la concepción de ciudadanía, la organización del poder, la independencia de las instituciones, la estructura territorial del Estado y la relación entre diversidad cultural e igualdad jurídica.

La Constitución de 2009 responde a una determinada concepción histórica y política del país. Pretendió reorganizar Bolivia alrededor de la plurinacionalidad, constitucionalizó extensamente el modelo económico y otorgó un peso considerable a categorías identitarias dentro de la arquitectura estatal. Al mismo tiempo, mantuvo una forma presidencial de gobierno que no resolvió el viejo problema boliviano de concentración del poder.

Una reforma parcial, por amplia que sea, no puede resolver esas cuestiones. Bolivia necesita eventualmente discutir si desea conservar esa arquitectura o avanzar hacia un nuevo pacto republicano, asentado en ciudadanía común, igualdad ante la ley, instituciones independientes y reglas capaces de sobrevivir a las mayorías políticas de cada momento.

La diversidad cultural del país no está en discusión. Forma parte de su realidad histórica y social y merece protección. Lo que sí debe debatirse es si esa diversidad exige necesariamente una estructura constitucional que distribuya derechos, instituciones y jurisdicciones a partir de identidades colectivas, o si puede resguardarse mejor dentro de una República fundada en la igualdad jurídica de todos los ciudadanos.

También corresponde discutir con seriedad la forma de gobierno. La historia boliviana demuestra la facilidad con la que un presidencialismo fuerte puede absorber los contrapesos institucionales. Una futura reforma total debería preguntarse si conviene mantener ese modelo o explorar fórmulas que fortalezcan al Parlamento, reduzcan la personalización del poder y hagan más efectiva la responsabilidad política de los gobiernos.

Lo mismo vale para la justicia. Sustituir las elecciones judiciales sería un avance, pero no bastará si no existe un diseño capaz de proteger efectivamente a jueces, fiscales y magistrados frente a presiones partidarias.

Y algo similar ocurre en el plano económico. Desconstitucionalizar determinadas disposiciones puede ser útil, pero Bolivia necesita definir con mayor claridad una relación moderna entre Estado, propiedad privada, inversión, empresa pública, mercado y protección social.

La propuesta de Alarcón puede entenderse, por ello, como una reforma de transición bien orientada. Permitiría corregir en un plazo razonable algunos de los principales defectos prácticos de la Constitución vigente sin obligar al país a resolver de una sola vez todas las cuestiones pendientes. En un Estado atravesado por urgencias judiciales y económicas, esa posibilidad tiene un valor evidente.

Pero sería un error convertirla en punto de llegada. La Constitución no debería reformarse indefinidamente mediante remiendos hasta terminar convertida en una suma de soluciones circunstanciales. Después de atender las urgencias inmediatas, Bolivia necesita abrir un proceso constitucional más profundo, sereno y plural, capaz de preguntarse sin tabúes qué instituciones necesita realmente para el siglo XXI.

Ese debate no debería construirse contra una parte de la sociedad ni como revancha frente al ciclo político inaugurado en 2009. Una nueva Constitución solo tendría legitimidad duradera si logra superar la lógica de vencedores y vencidos.

El objetivo debería ser más ambicioso: construir instituciones que no pertenezcan a una corriente política, una identidad colectiva o una generación determinada, sino a todos los ciudadanos.

Por eso, la reforma parcial propuesta merece respaldo en aquello que corrige y habilita. Puede contribuir a destrabar la justicia, flexibilizar decisiones económicas que nunca debieron quedar petrificadas y restablecer garantías necesarias para la inversión.

Pero Bolivia debería entenderla como lo que puede llegar a ser: un primer paso, no el último. La tarea posterior será más difícil y también más importante: discutir una reforma total de la Constitución que permita reconstruir el pacto político sobre bases republicanas, instituciones sólidas, libertad individual, igualdad jurídica y ciudadanía común.

Reformar ahora puede ser necesario. Repensar después, de manera integral, la arquitectura constitucional del país será indispensable si Bolivia quiere resolver no solo los defectos de funcionamiento de la Constitución de 2009, sino también las tensiones que nacen de su propio diseño.