Antonio SaraviaTípicamente dejo pasar la propaganda oficialista sin darle mucha bola, pero en este caso creo que vale la pena detenerse un poquito a analizar las cosas (¿barbaridades?) que pregonan.
Lo primero que hay que anotar es que la mentira natural de casi toda propaganda oficialista se confirma. Bolivia no avanza en absoluto, a menos que sea al despeñadero. Las múltiples aristas de la crisis que vivimos son tan evidentes que resulta un descaro absoluto declarar que el país avanza hacia la estabilidad económica. Siguen las colas por combustibles, sigue la incertidumbre sobre el dólar, siguen funcionando las empresas públicas, sigue sin llegar un solo dólar de inversión extranjera, sigue el enorme déficit fiscal, siguen los escándalos de corrupción, sigue la ineficiencia y la incapacidad… No, definitivamente Bolivia no avanza y el gobierno sigue estancado en el mismo modelo masista que causó el descalabro.
Tan estancado está en el modelo masista que ahora declara su apego al peligroso concepto de “justicia social.” Este no es un error o un desliz en un tuit sin importancia, es una declaratoria de intenciones muy seria. Un gobierno que cree en la “justicia social” y hace de ese concepto una condición para llevar adelante sus políticas públicas, jamás podrá sacar al país del pozo profundo del subdesarrollo.
He criticado varias veces en esta columna esta perniciosa idea. Mi argumento es que la justicia no puede adjetivarse, no puede tener sabores. Jamás existirá justicia si su administración persigue objetivos que van más allá de la objetiva observación de los hechos y los méritos de los que la buscan. Un juez que imparte justicia deberá castigar al ladrón al comprobarse el robo, independientemente de que el ladrón sea muy pobre y provoque lástima, o de que la víctima sea muy rica y provoque antipatía. Es un contrasentido, por lo tanto, crear diferentes tipos de justicia y hablar, por ejemplo, de “justicia social,” “justicia redistributiva,” “justicia indígena” o “justicia alimentaria,” si ello implica que el concepto original debe ampliarse para acomodar ciertos objetivos sociales. Eso prostituiría uno de los conceptos históricos más importantes para el avance de la humanidad. La justicia es justicia y punto.
Abandonar la imparcialidad y la objetividad para lograr ciertos objetivos sociales (como el alivio de la pobreza o el acceso a ciertos bienes y servicios) es peligroso (e injusto) porque genera trato desigual ante la ley, castiga al inocente y reduce los incentivos productivos. Ojo, entiéndase bien, los objetivos sociales mencionados arriba son deseables y constituyen objetivos válidos, lo que digo es que tratar de lograrlos a partir de abandonar la imparcialidad y la objetividad, es decir, aplicando la “justicia social,” genera discriminación, castiga al que se esfuerza, destruye incentivos productivos y termina fragmentando a la sociedad. No exagero, el concepto de “justicia social” destruye sociedades rápida y furiosamente. Ese fue el concepto principal del modelo cubano, del modelo castro-chavista del Socialismo del Siglo XXI y, por supuesto, del modelo masista. La Constitución Política del Estado del 2009, por ejemplo, es una oda a la “justicia social.”
Un sistema que obliga a distribuir el ingreso de tal forma que a los que tengan menos les toque más, no por mérito, sino simplemente porque tienen menos, es profundamente injusto y genera incentivos perversos. Note que digo que un sistema que obligue a este tipo de redistribución es injusto, no uno que lo genere de manera voluntaria. Un sistema voluntario en el que los exitosos, y los no tan exitosos, donan y ayudan voluntariamente a los más necesitados es muy valioso y humano. El problema económico, y moral, ocurre cuando el sistema obliga a dicha distribución.
El concepto de “justicia social” es muy peligroso, entonces, porque legitima la injusticia. Dado que camufla la redistribución forzada como justicia (por eso la llaman “justicia social”), los sectores de la sociedad favorecidos con la redistribución sienten que tienen un derecho a la misma y que es legítimo reclamar que se les de cosas porque es “socialmente justo.” Una persona pobre no agradece ya la ayuda, entonces, sino que la reclama al considerarla un derecho legitimado por el concepto de “justicia social.” Esto es terrible. Empodera al que no produjo riqueza, castiga al que lo hizo y revierte todos los incentivos futuros a producirla. Es la receta hacia la miseria.
Si el gobierno basa la elaboración de sus políticas públicas en el concepto de “justicia social” no se habrá distanciado un milímetro del modelo del Socialismo del Siglo XXI y confirmará ser el tercer gobierno del MAS.
Antonio Saravia es PhD en economía (Twitter: @tufisaravia)
