Santa Cruz y el Gobierno acuerdan una agenda de diez puntos frente a la crisis de combustibles

Representantes del Gobierno, autoridades cruceñas, dirigentes cívicos y sectores institucionales acordaron este lunes una agenda de diez puntos para enfrentar la crisis de abastecimiento de combustibles en Santa Cruz y el resto del país.

La reunión fue convocada por el Comité pro Santa Cruz y contó con la participación del presidente de YPFB, Sebastián Daroca; el vocero presidencial, José Luis Gálvez; el gobernador Juan Pablo Velasco; el alcalde cruceño Mamen Saavedra y el presidente del ente cívico, Stello Cochamanidis.

El primer compromiso consiste en garantizar el abastecimiento inmediato de combustibles y publicar un cronograma diario que detalle los volúmenes programados y efectivamente despachados para Bolivia, Santa Cruz, sus provincias y municipios. El Deber recogió el acta y las conclusiones de la reunión.

Mayor participación privada en toda la cadena

Otro de los puntos plantea avanzar hacia una solución estructural que permita una mayor participación de los sectores público y privado en la importación, almacenamiento, transporte, refinación, distribución y comercialización de carburantes.

La agenda también solicita aprobar una normativa que elimine cargas tributarias y restricciones vinculadas al régimen de sustancias controladas que, según los participantes, dificultan la importación privada de combustibles.

Entre las medidas mencionadas figura la reducción o eliminación de cargas asociadas al IVA y al Impuesto a las Transacciones, mediante los instrumentos legales que correspondan. La Razón detalló estos compromisos dentro de la agenda acordada.

La discusión coincide con la reciente modificación del sistema de comercialización del diésel. Como informó La Pólvora al analizar el Decreto Supremo 5676, el Gobierno estableció un Precio Referencial Inicial de Bs 18 por litro para determinados consumidores de mayor volumen, mientras mantiene el precio regulado de Bs 9,80 para el consumo ordinario.

Biocombustibles como prioridad nacional

Los participantes acordaron además solicitar que la producción de biocombustibles sea declarada prioridad nacional.

El objetivo es reducir la dependencia de carburantes importados, aumentar la oferta interna, dinamizar la producción agropecuaria y contribuir a una disminución estructural de los costos de abastecimiento.

La propuesta adquiere particular importancia para Santa Cruz por el peso del departamento en la producción agrícola y agroindustrial del país.

El debate sobre una mayor participación del sector productivo coincide además con otras políticas orientadas al agro. La Pólvora informó recientemente sobre la puesta en marcha de Agrosustentar, programa dirigido a fortalecer la agricultura sostenible, la resiliencia climática y el acceso a mercados en cuatro departamentos.

Reactivar campos, ductos y logística de YPFB

El acuerdo incluye también exigencias dirigidas a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

La estatal deberá impulsar la reactivación de campos de producción de crudo que se encuentren subutilizados o paralizados y poner en funcionamiento los oleoductos y poliductos necesarios para fortalecer la logística y distribución de combustibles.

La agenda combina así medidas destinadas a resolver el problema inmediato del abastecimiento con propuestas orientadas a recuperar capacidad productiva nacional.

La situación de YPFB se encuentra además en el centro del debate técnico. En un análisis publicado este lunes, La Pólvora recogió las propuestas de Fundación Jubileo y Francesco Zaratti, que plantean focalizar mejor la subvención, revisar el sistema de precios y avanzar hacia una reestructuración institucional de la petrolera estatal.

Cívicos exigen eliminar la ANH

Uno de los puntos más duros del documento es la exigencia de eliminar la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

El Comité pro Santa Cruz sostuvo que la entidad habría sido una fuente de irregularidades y corrupción en la comercialización de combustibles. Esa afirmación corresponde a la posición de los sectores firmantes y no constituye por sí misma una determinación judicial.

El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, había anticipado también que el Gobierno proyecta cerrar la ANH y sustituirla por una nueva entidad reguladora.

Control fronterizo contra contrabando y mercado negro

La agenda reclama igualmente que las Fuerzas Armadas refuercen la vigilancia de las fronteras para combatir el contrabando, el mercado negro y el desvío ilegal de carburantes.

Los sectores participantes consideran que una parte del combustible subvencionado no llega a los consumidores finales por filtraciones hacia circuitos ilegales, fenómeno que agrava los problemas de abastecimiento.

El combate al contrabando aparece así como uno de los ejes complementarios a las medidas de importación y reforma de precios.

Debate sobre el modelo energético

El octavo punto propone abrir un debate nacional sobre reformas legales y constitucionales destinadas a transformar el modelo energético boliviano.

La agenda plantea recuperar inversiones y restablecer la capacidad del país para producir hidrocarburos, en un contexto marcado por la caída de la producción nacional y la creciente dependencia de importaciones.

La propuesta no define todavía qué normas deberían modificarse, pero introduce la posibilidad de revisar aspectos estructurales del marco regulatorio y constitucional del sector.

Exigen nombres y acciones frente a la corrupción

Otro compromiso consiste en exigir al Gobierno identificar a los responsables de hechos de corrupción vinculados con YPFB y otras instituciones estatales.

Los sectores cruceños solicitaron conocer nombres, acciones judiciales adoptadas y resultados concretos de las investigaciones.

La demanda se produce en momentos en que el propio Ejecutivo ha reconocido irregularidades en anteriores mecanismos de comercialización y distribución de carburantes.

Nueva reunión el 31 de agosto

El décimo punto establece un mecanismo de seguimiento.

Las partes volverán a reunirse el 31 de agosto con el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, y el vocero presidencial, José Luis Gálvez, para verificar el cumplimiento de los compromisos y evaluar los avances registrados.

Gálvez sostuvo que Gobierno y sectores cruceños enfrentan un problema común y que la reunión permitió acordar tareas tanto inmediatas como estructurales.

La agenda surge en medio de una semana particularmente intensa para la política energética boliviana. Además del DS 5676, el debate ya incorpora propuestas sobre focalización de subsidios, reforma de YPFB, participación privada, biocombustibles y lucha contra el contrabando.

El encuentro de Santa Cruz amplía así la discusión: además del precio, coloca sobre la mesa la importación privada, la producción nacional, la regulación estatal y una eventual reforma integral del modelo energético.