YPFB

El experto en hidrocarburos Carlos Delius sostiene que la elevada dependencia boliviana del combustible importado obliga a abandonar las compras improvisadas y asegurar contratos de largo plazo, almacenamiento y proveedores confiables. Datos de YPFB confirman que las importaciones representaron cerca del 91% de la oferta nacional de diésel en 2025, mientras los mercados internacionales atraviesan una nueva etapa de tensión en los productos refinados.

El analista energético Francesco Zaratti considera necesaria la eliminación de la subvención a los carburantes, pero advierte que esperar hasta 2027 mientras persisten las filas y el desabastecimiento prolonga las distorsiones del mercado. Señala además que la intervención de YPFB y la ANH será decisiva para atravesar los próximos meses.

La intervención de YPFB comienza a perfilar un nuevo modelo para la petrolera estatal. El Gobierno pretende concentrarla en exploración, explotación y refinación, mientras operadores privados asumirán progresivamente mayor participación en la importación, distribución y comercialización de combustibles. El Ejecutivo descarta que el proceso implique privatizar la empresa.

El Decreto Supremo 5683 eleva de Bs 1.000 millones a Bs 2.000 millones el límite de recursos que el Tesoro General de la Nación puede asignar a YPFB para cubrir el diferencial asociado a la importación de petróleo crudo y sostener la política de estabilización de precios.

La reunión convocada por el Comité pro Santa Cruz concluyó con compromisos para publicar un cronograma diario de abastecimiento, facilitar la importación privada, impulsar biocombustibles, reforzar el control fronterizo y debatir una reforma del modelo energético.

Raúl Velásquez advierte que el nuevo esquema de precios puede generar distorsiones y trasladarse al costo de bienes y servicios. Fundación Jubileo plantea proteger a los sectores vulnerables mediante una focalización social, mientras Francesco Zaratti sostiene que el decreto elimina en la práctica buena parte de la subvención para consumos superiores a 120 litros mensuales.

Las principales organizaciones empresariales y agropecuarias de Santa Cruz advierten que la falta de diésel y gasolina afecta a la producción, el transporte y la distribución de alimentos. El Gobierno atribuye el desabastecimiento a problemas logísticos e institucionales en YPFB.