Bolivia necesita algo más que reformas económicas

Bolivia corre el riesgo de cometer un error histórico bastante cómodo: confundir un cambio de presidente con un cambio de régimen.

Desde que Rodrigo Paz Pereira llegó al poder, la conversación oficial se ha convertido en una larga sucesión de anuncios económicos, promesas de inversión, apelaciones a la estabilidad, créditos, reformas y diagnósticos fiscales. Uno podría pensar, escuchando al Gobierno, que la historia boliviana de las últimas dos décadas se resume en una hoja de cálculo mal administrada.

No es así. Las reformas económicas son necesarias, por supuesto. La Pólvora ha defendido reiteradamente la apertura a la inversión, la disciplina fiscal, la seguridad jurídica, una economía social de mercado y el abandono progresivo del estatismo que caracterizó buena parte del ciclo anterior. Pero Bolivia no es solamente una economía enferma: es también un Estado institucionalmente deformado.

Y ahí empieza el problema de Rodrigo Paz. Porque mientras el Presidente habla con soltura de modernización, inversiones y nueva etapa histórica, la maquinaria política y judicial heredada continúa, en demasiados aspectos, funcionando como si nada hubiera ocurrido.

Mucho discurso de cambio, poca ruptura real

Rodrigo Paz ha dicho repetidamente que el MAS gobernó de manera autoritaria. Hasta ahí, ninguna sorpresa.

Lo sorprendente comienza después. Si el Gobierno anterior fue autoritario, si durante ese periodo existieron abusos de poder, instrumentalización de la justicia, persecuciones políticas, detenciones arbitrarias y graves vulneraciones de derechos, cabría esperar que el nuevo Ejecutivo hubiera colocado entre sus primeras prioridades una política integral de esclarecimiento, reparación y garantías de no repetición.

Pero no. La retórica del “nuevo ciclo” parece detenerse justo antes de tocar aquello que resulta más incómodo.

Hay ciudadanos que abandonaron Bolivia por razones políticas y continúan fuera del país. Existen personas que denuncian haber sido perseguidas, procesadas o encarceladas mediante estructuras judiciales profundamente cuestionadas. Y, sin embargo, no se percibe una política estatal de la magnitud que una verdadera transición democrática exigiría.

La escena resulta difícil de explicar: el Gobierno proclama que el autoritarismo terminó, pero muchas de sus víctimas siguen esperando que alguien se lo comunique oficialmente.

No se trata de iniciar una cacería contra antiguos funcionarios ni de sustituir una arbitrariedad por otra. Se trata precisamente de hacer aquello que diferencia a una democracia de un régimen de fuerza: investigar con garantías, establecer responsabilidades, reparar a quienes corresponda y desmontar los mecanismos institucionales que hicieron posible los abusos.

Hasta ahora, en ese terreno, el cambio prometido se parece demasiado a una conferencia de prensa.

La justicia: el elefante que el Gobierno intenta rodear

La mayor prueba de esa incongruencia es el sistema judicial.

Durante años se denunció su politización, la provisionalidad de jueces y fiscales, la falta de independencia y el uso del proceso penal como mecanismo de presión. Era, supuestamente, una de las grandes enfermedades del periodo anterior.

Pues bien: el MAS se fue del Gobierno, pero la justicia que tanto se criticaba no se evaporó con el cambio de mando.

Rodrigo Paz parece mucho más cómodo hablando de inversión extranjera que explicando cómo piensa construir tribunales verdaderamente independientes. Quizá porque lo primero permite fotografías con empresarios y lo segundo exige enfrentarse a intereses enquistados, modificar estructuras y asumir costes políticos.

No existe economía seria sin justicia independiente. No existe seguridad jurídica con fiscales susceptibles de presión ni inversión sostenible cuando una controversia depende más del clima político que del Derecho.

De poco sirve invitar capital extranjero con una mano si con la otra se mantiene una arquitectura institucional que inspira desconfianza.

El Gobierno habla de atraer inversiones como si bastara con desplegar una alfombra roja. Los inversionistas, sin embargo, también preguntan quién interpreta los contratos, quién controla a la Administración y qué ocurre cuando el Estado incumple.

Ahí ya no alcanza con PowerPoint.

A Paz le sobran economistas y le faltan juristas

Otra limitación empieza a resultar evidente: el Gobierno parece interpretar la transformación nacional casi exclusivamente en términos económicos.

Economistas hacen falta. Muchos. Pero un país no se reconstruye solamente con técnicos capaces de calcular déficit, reservas o crecimiento.

Hace falta comprender el Derecho constitucional, el Derecho administrativo, la regulación económica, el Derecho internacional, las inversiones extranjeras y el arbitraje. Hace falta saber cómo se reforma un Estado sin crear contradicciones normativas, cómo se protege al ciudadano frente al poder y cómo se evita que una política económica termine convertida años después en una factura multimillonaria ante un tribunal internacional.

Bolivia ya pagó suficientemente caro la improvisación jurídica del pasado. Las nacionalizaciones, expropiaciones y conflictos con empresas extranjeras produjeron litigios y arbitrajes que costaron recursos públicos importantes. Repetir ahora el error inverso —suponer que basta con liberalizar sin reconstruir las instituciones— sería otra forma de irresponsabilidad.

Rodrigo Paz parece decidido a cambiar el motor económico del vehículo. El problema es que todavía conduce sobre el mismo chasis institucional oxidado.

¿Y la Constitución?

Aquí aparece una de las mayores contradicciones de esta Presidencia. Paz habla de reformas, pero evita hasta ahora convertir la discusión constitucional en un verdadero debate nacional sobre el sistema político.

Sí, ha impulsado conversaciones sobre modificaciones parciales. Sí, existen propuestas. Pero la cuestión constitucional no puede reducirse a eliminar obstáculos para invertir o retocar algunos engranajes administrativos.

Eso sería tratar una fractura con aspirinas. Bolivia necesita discutir la elección de magistrados, la independencia del Ministerio Público, el equilibrio entre Ejecutivo y Legislativo, la estructura del Tribunal Constitucional, los mecanismos de control fiscal y la igualdad efectiva de todos ante la ley.

Y también debe discutir algo que demasiados políticos prefieren tratar como una blasfemia: la continuidad del Estado Plurinacional.

La Pólvora tiene una posición inequívoca. Defendemos una República de Bolivia democrática, liberal, social y constitucional, basada en una ciudadanía común, en la igualdad ante la ley y en instituciones que representen a ciudadanos y no a compartimentos políticos identitarios.

No afirmaremos, sin pruebas, que esa posición representa automáticamente a la mayoría. Pero precisamente por eso reclamamos un debate nacional abierto.

Lo llamativo es que un Gobierno que pretende encarnar una nueva época parezca tan poco interesado en preguntarse si el diseño constitucional elaborado durante la hegemonía del MAS debe continuar definiendo Bolivia.

Cambiar ministros sin discutir la Constitución es una manera bastante peculiar de anunciar una nueva era.

El país de la coyuntura permanente

Mientras tanto, Bolivia continúa atrapada en la política del episodio diario. Una declaración del vicepresidente. Un escándalo. Una pelea. Un préstamo. Un insulto. Una conferencia. Un video viral.

Y vuelta a empezar. El debate público ha adquirido una extraña habilidad para indignarse durante cuarenta y ocho horas por cualquier incidente y olvidar durante veinte años las estructuras que los producen.

El problema no es que esos asuntos carezcan de importancia. El problema es que terminan sustituyendo el debate verdaderamente decisivo.

¿Quién controla a los jueces? ¿Qué sistema electoral necesita Bolivia? ¿Qué límites deben imponerse al Ejecutivo? ¿Cómo debe organizarse territorialmente el país? ¿Qué relación debe existir entre las identidades colectivas y la ciudadanía individual? ¿Cómo impedir que el próximo Gobierno vuelva a colonizar instituciones enteras?

Esas preguntas no suelen generar tantos titulares como una pelea televisada. Pero determinan el futuro de una República.

Y luego está Edmand Lara

A todo esto se suma el espectáculo permanente de la Vicepresidencia. Edmand Lara parece decidido a demostrar que una institución constitucional también puede funcionar como escenario de confrontación cotidiana.

Discrepar del Presidente es perfectamente legítimo. Convertir la Vicepresidencia en una plataforma de agitación permanente es otra cosa.

Bolivia ya ha tenido suficiente política concebida como combate personal, suficiente estridencia y suficiente teatralidad institucional.

Un vicepresidente no está para comportarse como comentarista enfurecido de su propio Gobierno. Está para ejercer una función constitucional.

La situación resulta todavía más absurda cuando presidente y vicepresidente parecen dedicar una parte considerable de sus energías a neutralizarse mutuamente mientras los problemas estructurales permanecen intactos.

El ciudadano observa entonces una escena singular: un Gobierno que prometía cerrar un ciclo histórico parece a veces demasiado ocupado discutiendo consigo mismo como para empezar a hacerlo.

Los viejos protagonistas tampoco desaparecieron

Existe además una paradoja difícil de ignorar. Mientras ciudadanos que se consideran víctimas del periodo masista continúan fuera de Bolivia o esperan respuestas institucionales, figuras centrales del antiguo poder reaparecen en la conversación pública con notable desparpajo.

Eduardo del Castillo, por ejemplo, continúa interviniendo en el debate político como si el pasado inmediato hubiera quedado perfectamente aclarado y no existieran responsabilidades públicas pendientes de evaluación histórica, política y eventualmente jurídica.

Así funciona Bolivia: las víctimas esperan; los responsables políticos dan entrevistas. Y luego todos se preguntan por qué la confianza en las instituciones es tan baja.

El problema no consiste en impedir que antiguos funcionarios hablen. En una democracia tienen todo el derecho de hacerlo. El problema reside en que el país todavía no ha construido mecanismos suficientemente robustos para esclarecer qué ocurrió durante los años de hegemonía del MAS, qué responsabilidades existieron y quién debe ser reparado.

Sin verdad institucional, el pasado nunca termina. Simplemente cambia de programa de televisión.

Washington debería mirar con más atención

Estados Unidos y los demás socios democráticos de Bolivia tampoco deberían engañarse. La estabilidad económica es importante. La apertura internacional también. Pero celebrar algunas reformas económicas mientras se ignoran las debilidades institucionales sería repetir un error demasiado frecuente en la política exterior occidental: confundir estabilidad momentánea con democracia consolidada.

Washington no debería decidir quién gobierna Bolivia ni convertirse en tutor de su política interna. Eso correspondería a otra época y sería incompatible con la soberanía nacional.

Pero sí debería comprender que un Gobierno incapaz de reconstruir la justicia, reparar a las víctimas y desmontar estructuras autoritarias puede terminar preparando, involuntariamente, el terreno para el regreso de aquello que afirma haber superado.

El MAS no necesita necesariamente ser brillante para volver al poder. A veces basta con que quienes prometieron reemplazarlo sean decepcionantes. Y ahí reside uno de los mayores riesgos de Rodrigo Paz.

Paz administra el pos-MAS, pero todavía no construye otra Bolivia

El Presidente tiene todavía tiempo para cambiar el rumbo. Puede impulsar una reforma judicial profunda, establecer mecanismos independientes para investigar abusos del pasado, construir vías de reparación, facilitar el retorno seguro de exiliados cuando corresponda, fortalecer la seguridad jurídica y abrir un verdadero proceso de reflexión constitucional.

Pero tendrá que abandonar una idea peligrosamente cómoda: que gobernar después del MAS equivale automáticamente a haber superado al MAS.

No. Una cosa es ocupar el Palacio Quemado después de ellos. Otra muy distinta es desmontar el sistema político que dejaron.

Hasta ahora, Rodrigo Paz parece más dispuesto a administrar la herencia que a romper con ella. Habla de transformación, pero las estructuras fundamentales permanecen. Habla de una nueva etapa, pero evita algunas de las preguntas que podrían definirla. Habla de democracia, pero las víctimas del pasado siguen esperando respuestas.

Quizá el Presidente crea que el tiempo, el crecimiento económico y algunas reformas bastarán para cerrar este capítulo.

Sería una apuesta extraordinariamente ingenua. Bolivia no necesita solamente un gerente que ordene las cuentas después del desastre. Necesita un gobierno capaz de reconstruir el Estado.

Porque una buena política económica puede darle oxígeno a Rodrigo Paz.

Pero si no reforma la justicia, no afronta el pasado y no abre un verdadero debate constitucional, quizá termine siendo recordado no como el presidente que enterró el ciclo del MAS, sino como el hombre que le dio tiempo suficiente para reorganizarse y volver.