Bolivia necesita volver a confiar en la libertad económica

Bolivia comienza a discutir dos transformaciones que, aunque avanzan por vías jurídicas distintas, responden a un mismo problema de fondo. Por una parte, la Asamblea Legislativa tiene ante sí propuestas de reforma parcial de la Constitución que pretenden modificar las reglas aplicables a inversiones, recursos naturales y arbitraje internacional; por otra, el Gobierno avanza hacia una reestructuración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que deberá concentrarse paulatinamente en exploración, explotación y refinación mientras operadores privados ganan espacio en la importación, distribución y comercialización de combustibles.

Ambas decisiones obligan a revisar el esquema económico construido durante las últimas dos décadas. La Constitución de 2009 consolidó una concepción en la que el aparato público asumió un papel extraordinariamente amplio como empresario, productor, regulador, distribuidor y protagonista de sectores estratégicos. Esa arquitectura pudo sostenerse durante los años de elevados ingresos provenientes de los hidrocarburos, pero comenzó a mostrar sus debilidades cuando disminuyeron la producción de gas, las exportaciones y la disponibilidad de divisas.

El problema no radica en la presencia pública dentro de la economía. Ningún país moderno funciona sin instituciones sólidas, infraestructura, educación, salud, protección social y reglas capaces de garantizar competencia. La dificultad aparece cuando el poder público pretende sustituir al mercado, convertirse simultáneamente en empresario y árbitro y asumir actividades productivas que pueden desarrollar particulares bajo su propio riesgo y con mayor eficiencia.

Del Estado empresario al Estado regulador

El debate sobre YPFB permite observar con claridad esa diferencia. El Gobierno anunció que la petrolera abandonará paulatinamente determinadas actividades comerciales para concentrarse en exploración, explotación y refinación, mientras operadores privados asumirán una participación creciente en importación, distribución y venta de combustibles. El ministro Marcelo Blanco ha presentado esta orientación como uno de los primeros resultados de la intervención temporal de la estatal, según la información publicada por Los Tiempos.

La decisión merece respaldo porque durante demasiado tiempo YPFB fue acumulando funciones mientras Bolivia perdía aquello que debería constituir la prioridad de cualquier país productor de hidrocarburos: encontrar nuevas reservas y producir más. La paradoja terminó siendo evidente. Una compañía creada para explotar la riqueza energética nacional acabó destinando enormes esfuerzos a importar el combustible que el país ya no conseguía generar en cantidad suficiente.

La presión financiera de ese modelo tampoco puede ignorarse. Como informó La Pólvora, el Gobierno tuvo que elevar hasta Bs 2.000 millones el respaldo del Tesoro a YPFB para cubrir el diferencial asociado a la importación de petróleo crudo y derivados, después de que los primeros Bs 1.000 millones autorizados hubieran sido desembolsados.

Reestructurar YPFB no significa necesariamente destruirla ni privatizarla. Puede significar exactamente lo contrario: devolverle una misión empresarial clara, exigir resultados, profesionalizar su administración y evitar que disperse recursos en actividades que otros operadores pueden desarrollar. La autoridad pública debe establecer reglas, garantizar competencia, controlar calidad, impedir abusos y proteger al consumidor; no necesita comprar, transportar, almacenar y vender cada litro de combustible que circula por el territorio nacional.

La necesidad de revisar la petrolera tampoco constituye una preocupación exclusivamente gubernamental. Fundación Jubileo ya había planteado una reestructuración de YPFB, dentro de una revisión más amplia del sistema de subvenciones y de la política energética boliviana.

El costo de confundir soberanía con propiedad estatal

Algo semejante ocurrió con las nacionalizaciones. Durante años se presentó la propiedad pública como sinónimo de soberanía y la inversión extranjera como una amenaza potencial contra ella. Fue una simplificación políticamente rentable, pero económicamente costosa y jurídicamente peligrosa.

Un país soberano no es aquel que puede disponer arbitrariamente de activos privados, sino aquel que establece reglas claras, las cumple y dispone de instituciones suficientemente sólidas para negociar desde el derecho. Bolivia aprendió esa diferencia pagando.

La base de datos de controversias internacionales de inversión de la UNCTAD registra numerosos procedimientos contra Bolivia, varios relacionados con decisiones de nacionalización. El caso Guaracachi, por ejemplo, surgió después de la nacionalización en 2010 de la participación controladora que Guaracachi America y Rurelec mantenían en la Empresa Eléctrica Guaracachi.

Pan American Energy también acudió al arbitraje internacional después de la nacionalización de su participación en Chaco Petroleum. Estos antecedentes demuestran algo elemental: un decreto no elimina los derechos jurídicos preexistentes ni las obligaciones internacionales asumidas por el país.

El ejemplo más reciente es todavía más elocuente. En abril de 2026 quedó consolidada la obligación de Bolivia de pagar aproximadamente US$105 millones a BBVA, después de agotarse las posibilidades de impugnación de un laudo relacionado con la nacionalización de la administración de los fondos de pensiones. El propio Ministerio de Economía informó sobre el resultado del litigio y señaló que el laudo había fijado inicialmente US$94,8 millones más intereses.

No corresponde atribuir todos los arbitrajes perdidos exclusivamente a las nacionalizaciones ni afirmar que toda estatización conduce inevitablemente a una condena. Cada controversia responde a hechos, tratados y fundamentos distintos. Pero tampoco puede ignorarse que las decisiones adoptadas sin suficiente respeto por las garantías de inversión pueden generar obligaciones que terminan pagando los contribuyentes muchos años después. Ésa es una de las lecciones que debería recoger cualquier modificación constitucional seria.

Seguridad jurídica antes que consignas

Por ello resulta favorable que las reformas constitucionales actualmente en discusión propongan revisar las restricciones al arbitraje internacional y reforzar las garantías para inversiones nacionales y extranjeras. La Pólvora ya sostuvo, al analizar la propuesta de Carlos Alarcón, que la Constitución de 2009 llevó demasiado lejos la constitucionalización de materias económicas que deberían conservar suficiente flexibilidad para adaptarse a nuevas circunstancias.

El proyecto de Alarcón y Diego Ávila plantea incorporar un nuevo artículo 412 que prohibiría expropiaciones, nacionalizaciones, estatizaciones o reversiones de inversiones y permitiría que las controversias con inversionistas puedan someterse a jurisdicción boliviana o arbitraje nacional e internacional. También propone retirar rango constitucional a treinta disposiciones vinculadas, entre otras materias, con recursos naturales, inversiones y organización institucional, según el detalle de la iniciativa recogido por ERBOL.

A esa iniciativa se suma la reforma parcial presentada por Jorge “Tuto” Quiroga, que plantea una apertura económica más amplia, nuevas garantías para la inversión extranjera y modificaciones en justicia, autonomías, fiscalización legislativa y administración pública.

Las propuestas deberán debatirse y perfeccionarse. Una prohibición absoluta de cualquier expropiación merece particular cuidado, porque incluso las democracias liberales reconocen esa figura por causa de utilidad pública bajo requisitos estrictos, debido proceso y compensación adecuada. La seguridad jurídica no exige incapacitar a las instituciones públicas, sino impedir su arbitrariedad.

Bolivia necesita proteger inequívocamente la propiedad privada, garantizar igualdad de trato, admitir mecanismos neutrales de resolución de controversias y ofrecer estabilidad normativa. Al mismo tiempo, debe conservar las potestades regulatorias indispensables para proteger el ambiente, la competencia, los consumidores y el interés general. El objetivo no debería ser pasar de una administración omnipresente a otra impotente, sino construir instituciones limitadas por el derecho, eficaces en sus competencias legítimas y respetuosas de la libertad económica.

Sin capital no habrá recuperación sostenible

La discusión constitucional tampoco ocurre en un vacío económico. El diagnóstico reciente del Fondo Monetario Internacional identifica entre los problemas bolivianos déficits fiscales persistentes, caída de la producción de hidrocarburos, disminución de reservas internacionales, inflación y distorsiones en los mercados cambiario y de productos. El programa acordado técnicamente entre el organismo y las autoridades busca restaurar la estabilidad macroeconómica, reducir vulnerabilidades fiscales y externas y promover un crecimiento sostenible liderado por el sector privado.

Bolivia necesita capital para explorar gas y petróleo, desarrollar minería, generar energía, construir infraestructura, incorporar tecnología, aumentar productividad y crear empleos formales. El ahorro interno difícilmente bastará para financiar una transformación de esa magnitud en una economía sometida a fuertes necesidades fiscales y externas.

La inversión extranjera directa puede aportar no solamente divisas, sino también tecnología, conocimientos, acceso a mercados y capacidad de gestión. Pero el capital compara países: examina estabilidad política, presión tributaria, infraestructura, calidad institucional, regulación laboral, independencia judicial, convertibilidad de la moneda y mecanismos para resolver controversias. Cuando el riesgo aumenta, exige mayores retornos o simplemente elige otro destino. Por eso la seguridad jurídica no es un adorno institucional, sino una herramienta concreta de política económica.

El déficit tampoco se resuelve expandiendo indefinidamente el aparato público

Existe además una dimensión fiscal que no puede quedar fuera de esta discusión. Un entramado empresarial público requiere capital permanente y, cuando sus compañías pierden dinero, acumulan deudas o necesitan subsidios, alguien debe cubrir la diferencia. Si no existen utilidades suficientes, termina haciéndolo el Tesoro y, por tanto, el contribuyente.

Bolivia no se encuentra hoy en condiciones de sostener indefinidamente estructuras deficitarias por razones ideológicas. La reforma del sector público debería incluir una evaluación rigurosa de todas sus empresas: cuáles cumplen funciones estratégicas justificables, cuáles pueden ser reestructuradas, cuáles deberían competir sin privilegios y cuáles carecen ya de razones económicas para continuar existiendo.

No se trata de venderlo todo ni de conservarlo todo. Se trata de abandonar una pregunta ideológica —“¿debe esto pertenecer al Estado?”— y sustituirla por otra mucho más útil: “¿qué arreglo institucional produce mejores resultados para los bolivianos al menor costo posible?”

Libre mercado no significa ausencia de instituciones

Defender una economía más abierta exige evitar caricaturas. El libre mercado no consiste en permitir monopolios privados, eliminar derechos laborales, abandonar políticas sociales o entregar recursos naturales sin contraprestación. Una economía competitiva necesita precisamente Estado de derecho, jueces independientes, organismos reguladores profesionales, defensa de la competencia, contratos exigibles y reglas iguales para todos.

Sin esas condiciones, la retirada del aparato empresarial público puede limitarse a sustituir monopolios estatales por oligopolios particulares. Ése sería otro fracaso. La transición debe acompañarse de reguladores independientes, licitaciones transparentes, información pública, controles anticorrupción y mecanismos capaces de impedir posiciones dominantes. Es la competencia —y no simplemente la propiedad privada— la que obliga a innovar, reducir costos y mejorar servicios.

La apertura del mercado de combustibles permite observar ya este debate. La Pólvora ha analizado el proyecto de libre importación, almacenaje, transporte y comercialización, incluyendo los riesgos que surgirían si YPFB continuara compitiendo con operadores privados bajo condiciones privilegiadas. La reforma constitucional debería proporcionar el marco general y la transformación de la petrolera demostrar, en la práctica, que otro esquema puede funcionar.

Una oportunidad para cerrar un ciclo

Durante buena parte del siglo XXI, Bolivia construyó su política económica alrededor de una premisa: el Estado debía recuperar el control de la economía para recuperar soberanía. Dos décadas después existe suficiente experiencia para revisar esa afirmación.

Soberanía no significa que un ministerio administre una empresa, que YPFB importe cada litro de combustible o que una disposición constitucional dificulte acudir a un tribunal arbitral. La verdadera autonomía económica consiste en que un país produzca, exporte, atraiga capital, genere empleos, pague sus obligaciones y pueda financiar sus políticas públicas sin depender permanentemente de déficits crecientes.

Bolivia necesita pasar gradualmente del Estado empresario al Estado regulador; del privilegio público a la competencia; de la desconfianza hacia el capital a reglas claras para atraerlo; y de la nacionalización como consigna política a la seguridad jurídica como política pública. La reforma constitucional y la transformación de YPFB pueden convertirse en los primeros pasos de ese cambio.

No bastarán por sí solas. Será necesario reducir el déficit fiscal, ordenar el gasto, reconstruir reservas, reformar la justicia, profesionalizar las instituciones, proteger a los sectores vulnerables durante la transición y recuperar credibilidad internacional. Tampoco toda privatización será positiva por definición ni toda empresa pública será necesariamente ineficiente.

Pero la dirección general importa. Bolivia ya experimentó durante años un esquema que expandió extraordinariamente la presencia empresarial del sector público. Hoy tiene la oportunidad democrática de discutir otro camino: una economía social de mercado, abierta a la inversión y a la competencia, con propiedad privada protegida, seguridad jurídica e instituciones públicas limitadas por el derecho, eficaces en sus competencias y respetuosas de la libertad económica.

La prosperidad no se decreta. Se construye permitiendo que millones de personas produzcan, inviertan, innoven y emprendan bajo reglas estables. Ésa puede ser la reforma verdaderamente importante.