El caso Beller-Cerimedo y una sociedad demasiado dispuesta a creer

Bolivia parece tener una extraordinaria facilidad para transformar un expediente judicial inconcluso en espectáculo nacional. Bastaron unas horas para que el denominado caso Beller-Cerimedo dejara de ser una pesquisa penal que exigía prudencia y se convirtiera en una historia completa, con víctima, villano, sicarios, conspiración política, policías involucrados y móviles aparentemente establecidos. Después comenzaron a surgir las preguntas que, en cualquier procedimiento serio, debieron preceder a las conclusiones.

La revisión realizada por ERBOL identificó al menos una docena de inconsistencias entre declaraciones, horarios y registros conocidos. Algunas pueden encontrar explicaciones razonables; otras son suficientemente importantes como para exigir comprobaciones técnicas. Ninguna debería descartarse simplemente porque incomode a la versión que durante días dominó titulares, programas televisivos y redes sociales.

Esto no permite sostener, al menos por ahora, que ningún ataque con arma de fuego haya ocurrido. Existe información médico-fiscal que habla de tres heridas y tres proyectiles, y mientras esos elementos no sean desvirtuados mediante pericias deben formar parte del análisis. Tampoco autorizan, sin embargo, a presentar como hecho definitivamente probado que existió un intento de asesinato organizado mediante sicarios, encargado por determinada persona y ejecutado como parte de una conspiración política. Entre ambos extremos se encuentra precisamente aquello que debió preservarse desde el principio: una averiguación objetiva de los hechos.

Cuando la hipótesis se convierte en noticia

El problema trasciende lo sucedido aquella noche. También importa observar cómo se construyó públicamente lo ocurrido y con qué rapidez determinadas hipótesis adquirieron apariencia de certeza. Durante varios días se utilizaron expresiones como “atentado”, “ataque de sicarios” o “intento de feminicidio” prácticamente como descripciones definitivas, mientras circulaban acusaciones personales, relaciones políticas y conjeturas sobre policías y funcionarios sin que muchas de las preguntas elementales de cualquier pesquisa criminal hubieran sido despejadas.

La propia cobertura permite apreciar hasta dónde llegó esa dinámica. ANF describió el episodio como un “culebrón político” al reconstruir las vinculaciones de Fernando Cerimedo con el Gobierno y las diferentes causas surgidas posteriormente. Examinar esas conexiones es periodísticamente legítimo y, en determinados casos, indispensable. El problema comienza cuando la acumulación de titulares pretende sustituir a la acumulación de pruebas y una hipótesis repetida durante días termina adquiriendo, por simple reiteración, apariencia de verdad comprobada.

Una noticia publicada veinte veces continúa siendo una hipótesis si nadie la ha demostrado. El periodismo responsable debería mantener siempre visible esa frontera, particularmente cuando están en juego la libertad, la reputación y los derechos de personas sometidas a procesos penales.

Lo que la criminología lleva décadas advirtiendo

La criminología crítica y la sociología del delito han estudiado ampliamente un fenómeno que ayuda a comprender este episodio: el crimen no solamente ocurre, sino que también se selecciona, representa y construye socialmente. No todos los hechos reciben idéntica atención ni todos los acusados son presentados de la misma manera; determinados acontecimientos poseen características que los convierten en mercancías informativas especialmente atractivas.

Stanley Cohen popularizó en Folk Devils and Moral Panics el concepto de pánico moral, mediante el cual determinadas conductas, individuos o acontecimientos pueden ser convertidos en amenazas sociales desproporcionadas a través de procesos de amplificación pública. Investigaciones posteriores han estudiado precisamente el papel desempeñado por los medios y las fuentes institucionales en esa construcción, así como la capacidad de determinados encuadres periodísticos para condicionar la percepción colectiva del delito.

La literatura criminológica sobre comunicación y criminalidad describe, además, una inclinación persistente hacia aquello que reúne violencia, excepcionalidad, personajes reconocibles, conflicto y dramatismo. De esa selección puede emerger una representación que no necesariamente guarda proporción con la realidad objetiva. Los estudios sobre pánicos morales también han señalado la relación entre el tratamiento informativo y las posteriores respuestas policiales, judiciales y políticas, especialmente cuando las primeras definiciones públicas de un acontecimiento se instalan antes de que exista evidencia suficiente.

Esta observación resulta particularmente pertinente en el episodio Beller-Cerimedo. Primero se consolidó una historia pública y después comenzaron a aparecer las piezas que debían confirmarla o desmentirla. Un procedimiento penal serio debería recorrer exactamente el camino contrario: reunir evidencias, contrastarlas, reconstruir los acontecimientos y solamente entonces formular conclusiones.

El delito también tiene una economía

Existe otra realidad menos confortable: alrededor del delito funcionan instituciones, profesiones e industrias enteras. Policías, fiscales, abogados, peritos, aseguradoras y sistemas penitenciarios forman parte de una estructura necesaria para responder a la criminalidad, pero también existe una economía mediática que obtiene audiencia, circulación e ingresos de su representación cotidiana.

La crónica roja conoce desde hace décadas una fórmula sencilla: sangre, sexo, poder, dinero y misterio atraen público. Cuando esos elementos aparecen simultáneamente, la tentación de transformar un expediente abierto en una serie por entregas resulta enorme. Cada declaración produce un titular; cada audio se convierte en revelación; cada fotografía alimenta nuevas interpretaciones, y cualquier afirmación no comprobada puede ocupar horas de televisión y generar miles de interacciones digitales.

La criminología crítica invita justamente a desplazar la mirada desde la pregunta tradicional acerca de quién delinque hacia otra más amplia: quién define el delito, quién selecciona aquello que merece atención y qué instituciones o intereses intervienen en su representación social. Algunos estudios sobre el tratamiento mediático de la criminalidad han mostrado cómo los discursos periodísticos pueden etiquetar y construir de manera diferente los hechos según sus protagonistas, su contexto y el valor noticioso que se les atribuya.

No hace falta imaginar conspiraciones empresariales para comprender el fenómeno. El incentivo es bastante más sencillo: el escándalo produce audiencia y la audiencia tiene valor económico. Cuando una historia funciona, existe una tendencia natural a prolongarla, incorporar nuevos personajes y convertir cada detalle en un episodio adicional.

La sociedad también participa

Sería cómodo atribuir toda la responsabilidad a periodistas, canales de televisión o portales digitales, pero también sería incompleto. Los medios producen y amplifican aquello que una sociedad está dispuesta a consumir, y las redes sociales multiplicaron en este episodio una característica particularmente preocupante: miles de personas escogieron rápidamente su propia versión y comenzaron a defenderla como si hubieran presenciado los hechos o tenido acceso a las pericias.

Unos condenaron anticipadamente a Cerimedo; otros decidieron que Beller había fabricado el episodio; algunos descubrieron una conspiración presidencial y otros una operación contra el Presidente. Entre posiciones tan categóricas quedó poco espacio para una posibilidad bastante más razonable: todavía no conocemos con certeza qué ocurrió. Esa incapacidad colectiva para convivir con la duda resulta especialmente peligrosa cuando interviene el derecho penal, porque transforma sospechas en condenas sociales mucho antes de que un tribunal haya examinado las pruebas.

La presunción de inocencia no constituye una concesión graciosa al acusado, sino una barrera civilizatoria contra nuestra tendencia a condenar primero y comprobar después. Del mismo modo, quien denuncia un delito merece que su testimonio sea examinado seriamente, sin convertirlo automáticamente en verdad judicial ni someterlo a un linchamiento público cuando aparecen inconsistencias. Prudencia no significa creer o descreer de antemano; significa exigir evidencia.

Y entonces apareció Evo Morales

Como suele ocurrir en Bolivia, el espectáculo adquirió rápidamente dimensión política. El expresidente Evo Morales encontró en el episodio una nueva oportunidad para ocupar el centro del debate nacional: sostuvo que, si estuviera en el lugar de Rodrigo Paz, renunciaría “por moral” y posteriormente afirmó que un jefe de inteligencia de la FELCN habría participado en el supuesto atentado y mantenido informado a Cerimedo. En esta última acusación no presentó públicamente pruebas suficientes que permitieran verificar semejante afirmación.

Morales llegó a señalar que le habían informado de la participación de policías en el ataque, y nuevamente una imputación de enorme gravedad ingresó inmediatamente en el circuito informativo. El episodio muestra hasta qué punto una causa penal puede convertirse en escenario de disputa política antes incluso de que hayan sido esclarecidos sus elementos esenciales.

Aquí aparece una paradoja difícil de ignorar. Mientras un expediente inconcluso permite que el expresidente vuelva a presentarse como acusador público, Morales tiene él mismo asuntos judiciales que merecen esclarecimiento independiente y exhaustivo. En Argentina continúa una investigación originada en una denuncia por trata, según información publicada por ERBOL. Como corresponde en un Estado de derecho, también respecto de él debe respetarse la presunción de inocencia y dejar que sean las autoridades competentes quienes determinen los hechos.

Precisamente por eso resulta pernicioso sustituir instituciones por tribunales mediáticos. Beller no puede condenar a Cerimedo mediante declaraciones; Cerimedo tampoco puede absolverse a través de entrevistas; Evo Morales no puede convertirse en fiscal, ni el Gobierno determinar desde una conferencia de prensa qué sucedió. Los medios, por supuesto, tampoco deberían asumir esas funciones.

La investigación que Bolivia necesita

Nada de lo anterior significa que el expediente Beller-Cerimedo deba archivarse o minimizarse. Significa exactamente lo contrario: debe esclarecerse con mayor rigor, transparencia e independencia, procurando que la presión política y mediática no determine de antemano el resultado.

Es necesario establecer mediante peritajes qué proyectiles fueron recuperados, qué arma pudo dispararlos, dónde ocurrieron exactamente los hechos, cuáles fueron las trayectorias, qué muestran íntegramente las cámaras, si los diferentes relojes estaban sincronizados, quién realizó la llamada de emergencia, quién convocó la reunión y qué comunicaciones se produjeron antes y después. La atribución de responsabilidades sólo puede venir después de esa reconstrucción.

La cronología señalada por la revisión de ERBOL merece particular atención: una llamada de emergencia habría quedado registrada a las 20:34, mientras las imágenes situarían el ataque a las 20:37. El desfase no demuestra por sí mismo que el episodio haya sido inventado, porque primero debe verificarse la sincronización de los sistemas, pero tampoco puede despacharse como una curiosidad secundaria. Precisamente para resolver contradicciones de esta naturaleza existen las pericias.

Sólo después corresponderá determinar quién hizo qué, con qué intención y bajo qué responsabilidad penal. Alterar ese orden equivale a comenzar por el veredicto y buscar posteriormente los elementos que permitan justificarlo.

Menos espectáculo, más evidencia

El expediente Beller-Cerimedo puede terminar confirmando algunas de las hipótesis difundidas durante sus primeros días, desmontarlas parcialmente o conducir hacia una reconstrucción diferente. Todavía no lo sabemos, y reconocer esa incertidumbre no constituye una debilidad del periodismo sino una obligación elemental frente a los hechos.

El verdadero daño de la espectacularización consiste en convencer a la sociedad de que ya conoce aquello que la justicia todavía intenta descubrir. Cuando eso sucede, cada nueva prueba deja de analizarse por su contenido y comienza a valorarse según confirme o contradiga la historia previamente elegida. La consecuencia es una forma peligrosa de contaminación pública del proceso, capaz de presionar a investigadores, fiscales y jueces mientras destruye reputaciones mucho antes de que exista una sentencia.

Bolivia necesita medios que investiguen en lugar de sentenciar, fiscales que sigan la evidencia en vez de las tendencias de las redes sociales y dirigentes políticos capaces de permitir que las instituciones trabajen sin convertir cada expediente en munición contra sus adversarios. Necesita también una sociedad menos inclinada a consumir cualquier acusación como verdad instantánea y más exigente con quienes aseguran poseer certezas antes de que aparezcan las pruebas.

Porque cuando el delito se transforma en entretenimiento, la búsqueda de la verdad pierde centralidad. La víctima deja de ser una persona, el acusado se convierte en personaje, la justicia pasa a desempeñar un papel secundario y los hechos terminan reducidos a una mercancía particularmente rentable en la economía contemporánea de la atención: contenido.