Gustavo Blacutt AlcaláComo ya lo adelantamos en nuestra anterior entrega, el tablero político boliviano tiene sobre la mesa dos propuestas para modificar la Constitución. Una, la de Tuto Quiroga, ambiciosa y concreta: cerca de ochenta cambios, texto contra texto, sin rodeos. La otra, la del diputado Dr. Alarcón, más cautelosa y abierta: derogar unos treinta artículos para luego llenar esos vacíos con leyes ordinarias. Dos enfoques, dos estilos, pero un mismo destino incierto.
La propuesta de Quiroga tiene a su favor la certeza. Lo que se apruebe en referendo, entra en vigencia de inmediato. Nada de esperas. Pero su talón de Aquiles es igual de evidente: nace sin debate, sin socialización, y en un país donde la desconfianza hacia las élites políticas es moneda corriente, el riesgo de ser tildada de "elitista" o "improvisada" es más que real.
Del otro lado, la iniciativa del Dr. Alarcón apuesta por la reflexión pausada. Sus modificaciones —las verdaderas, las de fondo— se construirían con más tiempo, con más voces, con más discusión. Eso, en teoría, le da mayor legitimidad. Pero la contrapartida es brutal: los cambios no serían inmediatos. Una vez aprobado el referendo, habría que esperar la elaboración y sanción de leyes específicas. Y en un contexto de urgencias sociales y políticas, ese camino huele a excusa, a "calendas griegas", a promesa que se diluye en el tiempo.
Pero ojo: ambos planes tienen riesgos internos que sus promotores parecen subestimar. En la propuesta de Quiroga, la falta de escrutinio público puede permitir que se cuelen artículos mal pensados, que en vez de mejorar la Carta Magna, la deterioren. En la de Alarcón, el peligro es inverso: que los treinta artículos derogados sean insuficientes, y que el resto del articulado —derechos, garantías, principios, toda la parte orgánica— se convierta en una camisa de fuerza para las futuras leyes.
Sin embargo, hay un elefante en la sala que ninguna de las dos propuestas ha mencionado. Y no es menor. Se trata de un escollo previo, técnico, pero letal: el control de constitucionalidad del procedimiento de reforma.
El artículo 128, numeral 9, de la Ley del Tribunal Constitucional es claro: cualquier intento de modificación parcial debe pasar por el tamiz de la Sala Plena del Tribunal, que debe pronunciarse sobre la constitucionalidad del procedimiento antes de que el referendo siquiera se convoque. Un trámite obligatorio. Un filtro ineludible.
Y aquí viene el problema mayúsculo: el Tribunal Constitucional, hoy por hoy, apenas tiene cuatro magistrados elegidos conforme a la Constitución. Faltan cinco. Han pasado más de año y medio desde que se produjo esa vacancia, y el Congreso no ha logrado resolverla. Peor aún: todo apunta a que no habrá solución en el corto plazo.
Entonces, ¿qué hacer? Solo hay dos salidas reales. O se completan los magistrados de una vez por todas, o se reforma la ley del Tribunal para que no sea la Sala Plena —sino una de sus Salas— la que conozca y resuelva este control previo. Sin ese movimiento, las buenas intenciones de Tuto Quiroga y del Dr. Alarcón chocarán contra un muro de hormigón constitucional.
Dicho en plata: sin Tribunal Pleno, no hay referendo que valga. Y sin referendo, las reformas se quedan en el papel, en el discurso, en el titular de un día.
Por ahora, las propuestas están sobre la mesa. Pero la pregunta que deberían hacerse los bolivianos no es solo "qué cambiar", sino "cómo se puede cambiar" en medio de un Tribunal Constitucional cojo y un Congreso que no termina de ponerse de acuerdo. Porque, como suele ocurrir en política, el diablo no está siempre en el detalle de las reformas, sino en el procedimiento que las hace posibles.
