Redacción
Santa Cruz.— El conflicto por el precio del diésel entra este miércoles en una nueva fase con el anuncio de bloqueos de carreteras en San Julián, Cuatro Cañadas y Yapacaní, tres municipios productivos del departamento de Santa Cruz que exigen al Gobierno la abrogación del Decreto Supremo 5676.
Las medidas fueron convocadas para este 2 de septiembre y, en San Julián y Cuatro Cañadas, tendrán inicialmente una duración de 24 horas. Los sectores movilizados cuestionan principalmente el nuevo régimen aplicado a los grandes consumidores de diésel y sostienen que termina afectando también a pequeños y medianos productores que necesitan volúmenes importantes de combustible durante las campañas agrícolas.
La protesta adquiere una dimensión adicional porque se desarrolla en medio del estado de excepción vigente desde el 20 de junio, que establece restricciones a los bloqueos que impidan la libre circulación por las carreteras del país.
Según la información recogida por Unitel, las organizaciones movilizadas decidieron avanzar con las medidas después de que sus demandas no obtuvieran la respuesta esperada del Ejecutivo.
En Cuatro Cañadas, la Federación Sindical de Comunidades Interculturales de Productores Agropecuarios instruyó un cierre temporal de carreteras durante 24 horas.
La convocatoria comprende a seis centrales y 36 comunidades y establece el inicio de la protesta desde las 00:00 de este miércoles. Una vez concluida la jornada, las organizaciones evaluarán la situación antes de determinar nuevas acciones.
En San Julián, organizaciones sociales y autoridades municipales adoptaron una decisión similar después de un ampliado realizado durante el fin de semana. El alcalde Carlos Vaca expresó públicamente su respaldo a la movilización y anunció que acompañará a los sectores productivos.
Los dirigentes sostienen que el nuevo esquema de precios llega en un momento particularmente sensible para la producción agrícola, cuando se desarrolla la cosecha de invierno de girasol y sorgo.
Uno de sus principales cuestionamientos se dirige al límite de combustible subvencionado disponible para determinados usuarios. Los productores argumentan que las necesidades reales de maquinaria agrícola pueden superar ampliamente esos volúmenes.
La convocatoria de San Julián y Cuatro Cañadas fue confirmada también por Radio Fides, que recoge la exigencia de abrogar la norma.
La situación de Yapacaní tiene un antecedente inmediato. Los sectores productivos habían suspendido anteriormente un bloqueo después de alcanzar un acuerdo temporal con representantes gubernamentales y conceder 48 horas para que su pedido de abrogación fuera trasladado al presidente Rodrigo Paz.
El Gobierno dejó entonces claro que recibir la demanda no significaba comprometerse a eliminar el decreto. Los dirigentes advirtieron que, sin una respuesta favorable, reactivarían sus medidas.
Cumplido ese plazo, los interculturales anunciaron un nuevo bloqueo en el puente que comunica Santa Cruz con Cochabamba, según los reportes difundidos en las últimas horas.
El episodio muestra cómo las negociaciones desarrolladas durante la última semana no han conseguido cerrar el conflicto y las protestas comienzan nuevamente a extenderse por zonas estratégicas de la producción y el transporte cruceños.
El Decreto Supremo 5676 modificó el esquema de comercialización del diésel para los denominados grandes consumidores y fijó un precio de Bs 18 por litro, mientras mantiene en Bs 9,80 el combustible subvencionado para otros usuarios, incluidos particulares y transportistas.
El Gobierno sostiene que la medida busca ordenar la subvención y evitar que grandes consumidores accedan al combustible estatal en las mismas condiciones que los usuarios ordinarios. Los sectores productivos responden que el mecanismo no refleja las características de la actividad agropecuaria y puede trasladar mayores costos a toda la cadena productiva.
El Ejecutivo había adoptado inicialmente una posición firme frente a las demandas de abrogación. El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, descartó públicamente eliminar el DS 5676, aunque posteriormente miembros del gabinete admitieron la posibilidad de introducir modificaciones.
La diferencia sigue siendo sustancial: el Gobierno acepta discutir cambios, mientras los sectores movilizados reclaman la eliminación de la norma.
Los anuncios colocan nuevamente a las autoridades frente a una cuestión especialmente delicada: cómo responder a bloqueos carreteros mientras permanece vigente el estado de excepción.
La semana pasada, la Policía y las Fuerzas Armadas ya intervinieron un bloqueo instalado por productores en la carretera entre Santa Cruz y Beni, también originado por el rechazo al DS 5676. Después de momentos de tensión y enfrentamientos, los movilizados terminaron declarando un cuarto intermedio.
Ahora las medidas anunciadas en San Julián, Cuatro Cañadas y Yapacaní vuelven a plantear el mismo desafío. El estado de excepción establece mecanismos para garantizar la circulación, pero el Ejecutivo también ha insistido en que pretende privilegiar el diálogo antes de recurrir a intervenciones.
El conflicto se produce, además, mientras la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz tiene previsto tratar este miércoles un proyecto de ley de libre circulación, destinado a establecer mecanismos de prevención, protección y coordinación frente a bloqueos carreteros.
Las protestas municipales no son el único frente abierto para el Ejecutivo. El Comité pro Santa Cruz convocó para el 9 de septiembre una Asamblea de la Cruceñidad destinada a analizar la crisis de los combustibles y definir acciones frente al DS 5676.
La institución cívica anunció también que presentará una propuesta técnica al Gobierno para garantizar el abastecimiento permanente de carburantes. La convocatoria surgió después de que organizaciones agropecuarias solicitaran formalmente la intervención del Comité ante la negativa gubernamental de abrogar el decreto.
La convocatoria de la Asamblea de la Cruceñidad y los bloqueos municipales muestran que el conflicto ha dejado de limitarse a reclamos aislados y comienza a articular a organizaciones productivas, dirigentes cívicos y autoridades locales.
El Gobierno se encuentra así ante una presión creciente para modificar su política sobre el diésel. Por ahora mantiene dos líneas simultáneas: rechaza la abrogación del DS 5676, pero admite negociar ajustes a su contenido.
Lo que ocurra durante las próximas horas en las carreteras de Santa Cruz determinará si las protestas de 24 horas permanecen como medidas localizadas o se convierten en el inicio de una movilización de mayor alcance. La Asamblea de la Cruceñidad del 9 de septiembre aparece, en ese escenario, como el siguiente punto decisivo de un conflicto que continúa abierto.
