Redacción
SANTA CRUZ.— La Asamblea de la Cruceñidad elevó la presión sobre el Gobierno de Rodrigo Paz y fijó el 10 de octubre como fecha límite para obtener respuestas a un conjunto de demandas que trascienden la crisis de combustibles y alcanzan la distribución de los recursos públicos y el modelo autonómico boliviano.
La resolución fue adoptada el miércoles 9 de septiembre después de varias horas de deliberaciones de representantes de instituciones, autoridades y sectores cruceños. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, anunció que, si el Gobierno no atiende las exigencias, desde el Día de la Democracia comenzará un programa escalonado de movilizaciones.
La decisión incluye una expresión de considerable alcance político: la Asamblea facultó a Cochamanidis para coordinar con las instituciones y sectores cruceños la activación de lo que denominó «autonomía de facto», además de las medidas de presión que considere necesarias.
La formulación debe entenderse como parte de la resolución y del discurso de la dirigencia cívica. No constituye una categoría jurídica reconocida por la Constitución ni significa que Santa Cruz haya declarado actualmente una autonomía al margen del ordenamiento vigente.
La Asamblea había sido convocada en un contexto marcado por las dificultades de abastecimiento de carburantes, pero sus conclusiones terminaron configurando una agenda considerablemente más extensa.
Entre las principales exigencias se encuentra la liberación total de la importación, distribución y comercialización de combustibles, acompañada de una reducción de las cargas tributarias correspondientes para disminuir el precio final de los carburantes.
Los cívicos también reclaman terminar con el monopolio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la cadena de combustibles y aumentar la participación privada.
La posición supone un endurecimiento respecto de los acuerdos alcanzados semanas atrás. Como informó La Pólvora al analizar la agenda de diez puntos acordada entre Santa Cruz y el Gobierno, el 17 de agosto ambas partes habían convenido medidas para mejorar el abastecimiento, facilitar la importación privada, impulsar los biocombustibles y discutir una transformación más profunda del modelo energético.
Menos de un mes después, la Asamblea considera insuficientes los avances y eleva ahora sus demandas.
La resolución reclama que la importación, distribución y comercialización de combustibles puedan desarrollarse con una participación privada mucho mayor y pide eliminar impuestos vinculados a esas operaciones con el propósito declarado de reducir el precio para los consumidores.
La Asamblea también plantea declarar de urgencia nacional el desarrollo de biocombustibles, particularmente el etanol, y acelerar la explotación de pozos de petróleo para incrementar la producción nacional de crudo y reducir la dependencia de las importaciones.
A ello añade una exigencia para investigar y erradicar las presuntas redes de corrupción denunciadas en YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Estas últimas afirmaciones corresponden a las denuncias formuladas por la dirigencia cívica. Las eventuales responsabilidades individuales deberán establecerse mediante las investigaciones administrativas, fiscales o judiciales correspondientes.
La Asamblea incorporó además una demanda con consecuencias potencialmente importantes para la estructura fiscal boliviana: la aplicación del denominado modelo 50-50 a partir del Presupuesto General del Estado de 2027.
La propuesta defendida por los cívicos busca que el 50% de los recursos generados en las regiones permanezca en los departamentos y sea administrado por gobernaciones, municipios y universidades públicas.
Según Cochamanidis, esos recursos permitirían financiar directamente hospitales, escuelas, carreteras y otras obras desde los niveles subnacionales.
El planteamiento abre una discusión que excede ampliamente la coyuntura de los combustibles. Una modificación de esa magnitud tendría implicaciones sobre la distribución nacional de ingresos, las competencias de los distintos niveles del Estado y el financiamiento de las obligaciones del Gobierno central.
La Asamblea reclama asimismo la restitución de competencias, facultades, ítems y recursos que considera correspondientes constitucionalmente a gobernaciones, municipios y universidades, particularmente en salud, educación e infraestructura.
La dirigencia cruceña escogió deliberadamente el 10 de octubre, Día de la Democracia en Bolivia, como fecha límite para que el Gobierno responda.
Hasta entonces, Cochamanidis aseguró que se agotarán las posibilidades de diálogo con el nivel central, mientras las instituciones continuarán trabajando sobre las decisiones adoptadas por la Asamblea.
Si las respuestas no son consideradas satisfactorias, el Comité pro Santa Cruz quedó facultado para organizar movilizaciones y medidas escalonadas de presión.
La posibilidad de convocar posteriormente un cabildo también permanece abierta.
La advertencia incrementa la presión sobre el Ejecutivo en momentos en que el país intenta superar una prolongada crisis energética y estabilizar una economía sometida simultáneamente a restricciones de divisas, cambios en el régimen cambiario y dificultades de abastecimiento.
La expresión utilizada por la Asamblea constituye el componente políticamente más sensible de la resolución.
ERBOL, Visión 360 y otros medios que recogieron las conclusiones coinciden en que la Asamblea facultó expresamente a su presidente para activar, en coordinación con las instituciones cruceñas, la denominada «autonomía de facto» si el Gobierno incumple las demandas planteadas.
Sin embargo, hasta el momento la dirigencia no ha presentado un desarrollo jurídico preciso que establezca qué medidas concretas comprendería esa figura.
Por ello, no corresponde interpretar la declaración como una separación territorial, una ruptura constitucional consumada ni una nueva condición jurídica del departamento.
Lo verificable es que la expresión ha sido incorporada al repertorio de medidas con las que la institucionalidad cívica pretende aumentar la presión sobre el Gobierno y profundizar el ejercicio autonómico desde Santa Cruz.
El ultimátum muestra cuánto se ha deteriorado en pocas semanas el entendimiento alcanzado entre las autoridades nacionales y las instituciones cruceñas.
El 17 de agosto, Gobierno, Gobernación, Alcaldía, Comité pro Santa Cruz y representantes sectoriales habían construido una agenda común de diez puntos frente a la crisis de carburantes.
Aquella hoja de ruta contemplaba mayor participación privada en la cadena de combustibles, información diaria sobre abastecimiento, impulso a los biocombustibles y modificaciones regulatorias.
La Asamblea de septiembre sostiene ahora que las respuestas han sido insuficientes y transforma las demandas energéticas en una plataforma que incluye reforma fiscal, descentralización de recursos, profundización autonómica y reducción del papel monopólico de YPFB.
El conflicto entra así en una nueva fase.
El Gobierno dispone ahora de un mes para decidir hasta dónde está dispuesto a negociar las demandas planteadas desde Santa Cruz.
Algunas, como una mayor participación privada en la importación de combustibles o el desarrollo de biocombustibles, tienen antecedentes recientes de negociación entre las partes. Otras, especialmente la aplicación del 50-50 y la devolución de recursos y competencias, involucran modificaciones de mayor profundidad institucional y presupuestaria.
La denominada «autonomía de facto» añade, además, un componente político cuyo contenido todavía deberá ser explicado por sus promotores.
Por ello, el 10 de octubre se convierte en una fecha clave. Si Gobierno y dirigencia cruceña consiguen reconstruir el diálogo durante las próximas semanas, el ultimátum podría quedar circunscrito a un instrumento de presión política.
Si no existe acuerdo, Bolivia podría enfrentar desde esa fecha un nuevo ciclo de movilizaciones, esta vez alrededor de una agenda que ya no se limita a conseguir combustible, sino que vuelve a colocar en el centro del debate nacional la distribución territorial del poder y de los recursos públicos.
