Redacción
La Paz.— El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga volvió a colocar la reforma de la Constitución Política del Estado en el centro del debate político boliviano y advirtió que el país necesita modificar tanto su modelo económico como su estructura institucional para evitar un mayor deterioro de su capacidad productiva y energética.
Durante su participación este domingo 13 de septiembre en el programa Hagamos Democracia de Erbol, Quiroga sostuvo que Bolivia debe superar lo que definió como dos décadas de un modelo “estatista” en materia económica y “centralista” en el funcionamiento institucional. A ese esquema atribuyó problemas que, según su evaluación, abarcan desde la corrupción y la persecución política hasta el narcotráfico y el atraso tecnológico.
El planteamiento coincide con la propuesta de reforma parcial promovida por la alianza Libre, que busca introducir cambios en el régimen económico, la justicia, las autonomías y la transformación digital del Estado. La Pólvora informó anteriormente sobre los cinco grandes ejes de la propuesta de Quiroga, además del debate que ya se desarrolla en la Asamblea alrededor de otros proyectos de modificación constitucional.
Una de las advertencias más severas del exmandatario estuvo dirigida al sector de hidrocarburos. Quiroga recordó el periodo en que Bolivia desarrolló grandes proyectos de exportación de gas hacia Brasil y Argentina y cuestionó que durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo no se hubieran realizado, a su juicio, inversiones suficientes para reponer las reservas consumidas.
“El MAS se farreó el gas y aquí estamos, sin reservas, sin dólares”, declaró.
La frase resume el diagnóstico político de Quiroga, aunque el señalamiento de que Bolivia se encuentra “sin reservas” no debe interpretarse literalmente. Las cifras disponibles de YPFB muestran, sin embargo, una caída considerable. La certificación correspondiente a 2023 situó las reservas probadas de gas natural en aproximadamente 4,48 trillones de pies cúbicos (TCF), frente a niveles superiores a 9 TCF registrados años atrás. El propio Ministerio de Hidrocarburos reconoció posteriormente la necesidad de incrementar las inversiones destinadas a exploración y explotación.
En marzo de 2026, YPFB fue todavía más explícita sobre el deterioro: calculó en torno a 3,7 TCF el volumen remanente al descontar de la última certificación el gas consumido hasta finales de 2025. Paralelamente, la estatal inició una nueva certificación internacional para precisar las reservas existentes.
La propia petrolera estatal ha admitido además la necesidad de revertir la declinación de la producción de hidrocarburos, especialmente de gas natural, y ha señalado que nuevos proyectos exploratorios requieren inversiones y modificaciones en el marco normativo. YPFB reconoció en abril la urgencia de revertir la tendencia descendente.
Este contexto da sustento al problema general señalado por Quiroga, aunque no permite convertir automáticamente sus escenarios más extremos en previsiones técnicas.
Quiroga llevó su advertencia mucho más lejos al describir lo que podría ocurrir, según su criterio, si Bolivia no atrae capital hacia los sectores eléctrico, gasífero y energético.
“Prepárate para apagar 7 de cada 10 focos, prender las velas porque no habrá generación eléctrica. Cierren los parques industriales porque no va a haber gas para que funcionen fábricas e industrias”, afirmó. También planteó un escenario de escasez de gas vehicular que afectaría al transporte público.
Se trata de una proyección política formulada por el expresidente, y no de una estimación oficial que permita afirmar actualmente que Bolivia perderá el 70% de su generación eléctrica. El problema de fondo señalado por Quiroga —la caída de las reservas y producción de hidrocarburos y la necesidad de atraer inversiones— sí aparece reconocido en los propios informes y declaraciones de YPFB.
La discusión coincide con el debate que La Pólvora viene siguiendo sobre la transformación del modelo energético. En un reciente análisis, este medio examinó la relación entre la reforma constitucional, la reestructuración de YPFB y la necesidad de recuperar la inversión privada.
La segunda parte del planteamiento de Quiroga tiene una consecuencia jurídica inmediata. El exmandatario cuestionó que el Gobierno no haya avanzado durante sus primeros meses en una reforma destinada, entre otros objetivos, a profundizar las autonomías, descentralizar competencias, modificar el sistema judicial y acelerar la digitalización de la administración pública.
El problema es que Bolivia permanece bajo un estado de excepción declarado el 20 de junio de 2026, mientras una comisión legislativa ya aprobó un proyecto que permitiría autorizar su ampliación por otros 90 días. La extensión todavía debe completar el procedimiento correspondiente en la Asamblea.
La relación entre ambas cuestiones no es meramente política. El artículo 140.III de la Constitución establece expresamente que “la reforma de la Constitución no podrá iniciarse mientras esté vigente un estado de excepción”. El texto oficial de la Constitución boliviana puede consultarse aquí.
Por ello, una prolongación del régimen excepcional podría efectivamente desplazar durante varios meses el inicio formal de un procedimiento de reforma constitucional.
Quiroga teme precisamente esa superposición. Según explicó, una prórroga de otros 90 días coincidiría con el periodo en el que la Comisión Mixta de Constitución debería recibir propuestas, deliberar y producir un informe que permita posteriormente abrir la discusión legislativa.
La Pólvora ya había advertido sobre esta dificultad al informar que el acuerdo inicial entre legisladores del PDC y Unidad para impulsar una reforma constitucional se encuentra condicionado por la vigencia del estado de excepción.
Antes de discutir cualquier extensión, Quiroga pidió además que el Ejecutivo explique ante la Asamblea qué resultados produjo el régimen excepcional durante sus primeros 90 días.
El reclamo también tiene respaldo expreso en la Carta Magna. El artículo 139.I dispone que el Ejecutivo debe rendir cuentas ante la Asamblea Legislativa sobre las razones que dieron lugar al estado de excepción y sobre el uso realizado de las facultades extraordinarias concedidas.
Quiroga cuestionó que la iniciativa para ampliar la medida haya surgido desde el Legislativo y sostuvo que debería ser el Gobierno el que presente y fundamente formalmente la necesidad de mantenerla. Al mismo tiempo, evitó anticipar si Libre votará a favor o en contra de la eventual prórroga y condicionó la posición de su bancada a conocer previamente los argumentos del Ejecutivo.
El debate coloca así dos prioridades frente a frente. Por un lado, sectores del oficialismo argumentan que persisten riesgos de nuevas movilizaciones y justifican mantener instrumentos extraordinarios para preservar el orden público. Por otro, Quiroga sostiene que prolongar la excepción puede terminar congelando precisamente las reformas económicas e institucionales que considera indispensables para enfrentar los problemas estructurales del país.
Con las reservas de gas en declive, la producción hidrocarburífera sometida a creciente presión y varios proyectos de reforma constitucional ya sobre la mesa, el interrogante comienza a ser menos teórico: si Bolivia prolonga otros tres meses el estado de excepción, también podría prolongar tres meses más el bloqueo constitucional que impide poner formalmente en marcha una de las discusiones políticas más importantes de los últimos años.
