Redacción
La Paz.— La discusión sobre la reforma constitucional en Bolivia entró este jueves 3 de septiembre en una nueva etapa. Legisladores del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y de la alianza Unidad anunciaron un compromiso para impulsar conjuntamente el proceso de modificación parcial de la Constitución Política del Estado (CPE).
El acuerdo no define todavía un texto común ni significa que existan los votos suficientes para aprobarlo. Su importancia reside en que comienza a trasladar el debate desde las propuestas individuales hacia la construcción de una mayoría parlamentaria.
Participaron en el anuncio el presidente del Senado, Diego Ávila; los senadores José Roca, Paola López y María Alcón; y los diputados Carlos Alarcón y Alejandro Reyes.
Ávila confirmó que existe voluntad entre las bancadas para impulsar el procedimiento y avanzar hacia una reforma que abarque asuntos relacionados con la justicia, el modelo económico, las autonomías y otras áreas institucionales. La Agencia de Noticias Fides confirmó el entendimiento parlamentario.
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El anuncio se produce después de que dos propuestas concretas llegaran a la Asamblea Legislativa.
Una fue presentada por Ávila y Alarcón. La otra corresponde al expresidente Jorge “Tuto” Quiroga y plantea cambios más extensos en materia económica, judicial, autonómica y de modernización estatal. La Pólvora explicó recientemente las diferencias entre ambas iniciativas y la disputa que comienza a configurarse en torno a los dos tercios necesarios para modificar la Carta Magna.
La iniciativa de Quiroga también fue analizada anteriormente por este medio. El proyecto se articula alrededor de cinco grandes ejes: apertura económica, reforma de la justicia, fortalecimiento de la fiscalización legislativa, autonomías y transformación digital del Estado.
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El presidente Rodrigo Paz, por su parte, ya había manifestado su disposición a negociar modificaciones puntuales si estas consiguen una mayoría cualificada en el Legislativo.
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El entendimiento anunciado este jueves constituye, por tanto, el primer intento visible de articular políticamente esas iniciativas dentro de la Asamblea.
La propuesta impulsada por Ávila y Alarcón establece tres momentos para procesar la reforma.
El primero sería el tratamiento en las cámaras de Senadores y Diputados. Posteriormente, el texto debería llegar a la Asamblea Legislativa para conseguir la mayoría constitucional requerida. Finalmente, la reforma tendría que ser sometida al voto ciudadano mediante referendo.
La Constitución establece en su artículo 411.II que una reforma parcial puede iniciarse mediante iniciativa popular, con la firma de al menos el 20% del electorado, o por la Asamblea Legislativa mediante una ley aprobada por dos tercios del total de sus miembros presentes.
Ninguna reforma parcial entra en vigor únicamente por decisión parlamentaria: necesita un referendo constitucional aprobatorio. El propio Órgano Electoral Plurinacional detalla este procedimiento.
Órgano Electoral Plurinacional: procedimiento constitucional para una reforma parcial de la CPE
El entendimiento tiene como uno de sus puntos de partida el proyecto presentado por Ávila y Alarcón, que propone modificaciones importantes en materia económica, judicial y de inversiones.
Entre sus disposiciones figura la incorporación de un nuevo artículo 412 destinado a prohibir expropiaciones, nacionalizaciones, estatizaciones o reversiones de inversiones nacionales y extranjeras.
También propone habilitar mecanismos de arbitraje nacional e internacional para resolver controversias entre el Estado y los inversionistas.
ERBOL: proyecto plantea prohibir expropiaciones y recuperar el arbitraje internacional
La propuesta contempla además retirar el rango constitucional a 30 artículos relacionados, entre otras materias, con la elección de magistrados, inversiones, recursos naturales, minería, hidrocarburos, agua y energía, para que parte de esas cuestiones pueda ser regulada posteriormente mediante legislación.
También plantea derogar disposiciones específicas relacionadas con la jurisdicción aplicable a la inversión extranjera y la prohibición del arbitraje internacional en actividades hidrocarburíferas.
Ese planteamiento conecta con una discusión que La Pólvora viene siguiendo desde agosto: hasta qué punto determinadas materias deben permanecer rígidamente incorporadas a la Constitución o regresar al ámbito de la legislación ordinaria.
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Existe, sin embargo, una dificultad constitucional que el acuerdo político no puede ignorar.
Bolivia permanece bajo un estado de excepción y el artículo 140.III de la propia Carta Magna establece expresamente que una reforma constitucional no puede iniciarse mientras esa situación esté vigente. La Defensoría del Pueblo mantenía este 3 de septiembre activo su monitoreo específico sobre la aplicación del estado de excepción.
El Decreto Supremo 5636 estableció el estado de excepción por conmoción interna durante 90 días.
La prohibición constitucional introduce así una cuestión jurídica relevante: aunque los legisladores pueden discutir propuestas, negociar contenidos y construir acuerdos políticos, el inicio formal del procedimiento de reforma deberá ajustarse a la restricción prevista por el artículo 140 mientras continúe vigente la medida excepcional.
No es el único obstáculo.
Antes de llegar a las urnas, una reforma parcial debe superar el control del Tribunal Constitucional Plurinacional. La normativa electoral dispone que el TCP determine si las modificaciones corresponden realmente a materias susceptibles de reforma parcial.
Si alguna propuesta afecta las bases fundamentales del Estado, los derechos, deberes y garantías o las reglas relativas a la primacía y reforma de la Constitución, el artículo 411 reserva ese camino para una reforma total mediante Asamblea Constituyente originaria plenipotenciaria.
La Pólvora ya advirtió sobre estos problemas procedimentales al analizar las iniciativas de Alarcón y Quiroga.
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El acuerdo entre legisladores del PDC y Unidad no resuelve todavía el contenido de la reforma. Tampoco garantiza su aprobación.
Marca, sin embargo, una diferencia política: la discusión constitucional empieza a convertirse en una negociación parlamentaria concreta.
El desafío será determinar qué cambios pueden reunir los dos tercios, superar posteriormente el control constitucional y obtener, finalmente, el respaldo de la ciudadanía.
La reforma de la CPE ha dejado así de ser solamente una idea defendida por dirigentes y juristas. Con dos proyectos sobre la mesa y las primeras conversaciones entre bancadas, comienza la batalla política por definir qué Constitución está dispuesto a reformar el país y hasta dónde puede llegar ese cambio sin abrir un nuevo proceso constituyente.
