Mauricio Ochoa Urioste

El problema de origen de la Constitución boliviana de 2009 no comienza en el referendo del 25 de enero de aquel año. Para comprenderlo es necesario retroceder varios años y examinar una sucesión de decisiones en las que el procedimiento constitucional fue modificado, reinterpretado o directamente desplazado según las necesidades políticas del momento.

Rodrigo Paz habla de ruptura con el pasado, pero gobierna como si bastara con administrar mejor lo que dejó el MAS. Bolivia no necesita únicamente estabilizar sus cuentas: necesita desmontar las estructuras políticas, judiciales e institucionales que hicieron posible dos décadas de abuso, arbitrariedad y degradación republicana.

La reforma constitucional que empieza a debatirse y la reestructuración de YPFB apuntan hacia una misma dirección: reducir el peso de un esquema excesivamente estatista y devolver protagonismo a la iniciativa privada, la competencia y la seguridad jurídica. Después de años de déficits fiscales, deterioro del sector hidrocarburífero y costosos litigios internacionales, Bolivia tiene ante sí la oportunidad de revisar no sólo algunas normas, sino la filosofía económica que las sostiene.

El escándalo exhibe algo más preocupante que las contradicciones de sus protagonistas: la facilidad con que una parte de la sociedad, de la política y de los medios bolivianos convirtió un expediente todavía abierto en una historia aparentemente resuelta de sicarios, conspiraciones y corrupción. La criminología lleva décadas advirtiendo sobre los efectos de esta construcción pública del delito y sobre los intereses que prosperan alrededor de su espectacularización.

La Constitución establece que el Estado es independiente de la religión, pero símbolos cristianos y la influencia política de la Iglesia mantienen abierto el debate sobre la laicidad boliviana.

Bolivia ha vuelto a colocar la cuestión constitucional en el centro de la discusión pública. Después de más de una década y media de vigencia de la Constitución de 2009, los problemas acumulados en la justicia, la economía y la organización institucional obligan a distinguir entre aquello que necesita una corrección inmediata y aquello que merece, en cambio, una deliberación mucho más amplia sobre el futuro del Estado.

El proyecto de reforma parcial de la Constitución presentado por el diputado Carlos Alarcón merece una consideración seria. 

La democracia necesita, de manera innegociable, intelectuales incómodos. Necesita voces lúcidas capaces de interrogar al poder, denunciar sus desviaciones y resistirse a la tentación de convertirse en cortesanos de la administración de turno.