El 9 de octubre de 2026, en Oslo, el Comité Noruego del Nobel otorgó el Premio Nobel de la Paz a Navanethem “Navi” Pillay, jurista sudafricana de 85 años, por su compromiso con la paz y el derecho internacional. El presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes, ha elogiado una trayectoria dedicada a hacer que los Estados y sus dirigentes rindan cuentas de sus actos, así como a devolver la esperanza a las víctimas de la violencia y los conflictos.
El comité destaca, en particular, la contribución de la galardonada a la consolidación de un orden jurídico internacional capaz de enjuiciar los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio.
Este galardón va mucho más allá del reconocimiento de una carrera individual. Plantea una cuestión central de la ciencia política: ¿cómo construir la paz cuando las relaciones de fuerza militares, los intereses nacionales y los cálculos de las grandes potencias tienden a prevalecer sobre las normas comunes?
Al galardonar a Navi Pillay, el comité recuerda que la paz no se reduce ni a un cese momentáneo de los combates ni a la firma de acuerdos entre dirigentes. Implica también justicia, el reconocimiento de las víctimas y la existencia de mecanismos que permitan sancionar a los responsables de los crímenes. El Comité del Nobel destaca así los principios del derecho internacional defendidos por la ONU, que, por otra parte, no ha dejado de felicitarse rápidamente por la concesión del premio a una de sus antiguas responsables.
Nacida el 23 de septiembre de 1941 en Durban, en el seno de una familia sudafricana de origen tamil indio, Navi Pillay creció bajo el régimen del apartheid, institucionalizado a partir de 1948. En aquella época, la segregación racial regulaba el acceso a la vivienda, la educación, el empleo y la representación política. Procedente de una comunidad sometida a múltiples discriminaciones, logró cursar estudios de Derecho y convertirse en abogada.
En 1967, abrió el primer bufete de abogados dirigido por una mujer en la provincia de Natal. En el ejercicio de su profesión, defendió a opositores al apartheid, en un contexto en el que los activistas políticos, las organizaciones de resistencia y sus simpatizantes se veían expuestos a la represión. Se comprometió tanto con el acceso de las mujeres a las profesiones jurídicas dominadas por los hombres como con la defensa de los derechos frente a un Estado racista y segregacionista.
La transición democrática sudafricana, iniciada a principios de la década de 1990 y consagrada por las elecciones multirraciales de 1994, abre una nueva etapa. En 1995, se convierte en la primera mujer de color en formar parte del Tribunal Superior de Sudáfrica. Y en mayo de 1995, pasó a ser jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), creado por el Consejo de Seguridad de la ONU en noviembre de 1994, tras el genocidio de los tutsis que se cobró unas 800 000 víctimas mortales. A través de la jurisprudencia que sentó, contribuyó a que se reconociera la violación de guerra como un posible instrumento de destrucción colectiva.
Posteriormente, Pillay presidió el TPIR de 1999 a 2003. Se incorporó al Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya, en 2003, antes de ser nombrada Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2008. Ocupó este cargo hasta 2014. Durante su desempeño defendió la universalidad de los derechos humanos, incluso cuando su protección implicaba cuestionar a gobiernos poderosos.
Su trayectoria confiere así una coherencia especial al galardón de 2026: desde la lucha contra el apartheid hasta los tribunales internacionales, la justicia se erige, con este premio, como una condición para la paz duradera, de conformidad con los principios de la ONU.
Concedido desde 1901, el Premio Nobel de la Paz responde a una lógica particular. En su testamento de 1895, Alfred Nobel confió la designación del galardonado a un comité de cinco personas elegidas por el Parlamento noruego, el Storting. Este Comité Noruego del Nobel es independiente de las instituciones suecas encargadas de los demás premios Nobel.
El proceso de selección se prolonga durante varios meses y las candidaturas deben presentarse antes del 31 de enero. Solo determinadas categorías de personas están facultadas para proponer nombres: parlamentarios y ministros, jefes de Estado, académicos que cumplan los criterios y antiguos galardonados o miembros del comité, entre otros. No es posible presentarse como candidato por iniciativa propia.
En 2026, el comité registró 287 candidaturas: 208 personas y 79 organizaciones. La tendencia reciente, y loable, es, de hecho, otorgar el premio a organizaciones en lugar de a una sola persona, con el fin de valorar el compromiso colectivo. Así, recientemente, el premio se concedió en 2017 a la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (conocida por sus siglas en inglés, ICAN); en 2020, al Programa Mundial de Alimentos (PMA); y en 2022, a dos ONG (una ucraniana y otra rusa), así como al líder encarcelado de una tercera ONG, bielorrusa.
Tras comprobar su validez, las propuestas son examinadas por los cinco miembros del comité, que elaboran una lista de finalistas. Se puede recurrir a expertos noruegos e internacionales para aclarar los expedientes. Las deliberaciones continúan hasta la decisión final, que suele tomarse entre finales de verano y principios de otoño. Se busca el consenso, pero basta con una mayoría simple. Los nombres de los candidatos y los documentos relativos a las deliberaciones permanecen confidenciales durante cincuenta años.
La historia del Premio Nobel de la Paz demuestra que sus elecciones no están exentas de polémica. La concesión del premio a Henry Kissinger en 1973 provocó duras críticas. También hubo polémicas en torno a las elecciones de Barack Obama en 2009, de la Unión Europea en 2012, del primer ministro etíope Abyi Ahmed en 2019 o incluso de la venezolana Corina Machado el año pasado, una opositora de extrema derecha y ultraliberal (que dedicó su premio a Donald Trump).
La designación de Navi Pillay, por su parte, no dejará de hacer rechinar los dientes a los más reaccionarios. Donald Trump, enemigo desde hace tiempo de las instituciones de la justicia internacional, había convertido la obtención del Premio Nobel de la Paz en un objetivo político declarado, y aún el 7 de octubre de 2026 se jactaba de haber “puesto fin a ocho guerras”. Pero al multiplicar las violaciones de los derechos fundamentales en Estados Unidos, al tiempo que defendía a nivel internacional una política de poder unilateral contraria al derecho internacional –ya fuera respecto a Venezuela o a Irán–, no podía aspirar razonablemente al Premio Nobel de la Paz.
La concesión del premio ya ha provocado una reacción vehemente por parte del Gobierno de Benyamin Netanyahu. De hecho, desde 2021 hasta noviembre de 2025, Navi Pillay presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, que publicó en septiembre de 2025 un informe (rechazado de inmediato por Tel Aviv, pero también por Washington) en el que se concluía que se había cometido un genocidio en Gaza y que algunos altos cargos israelíes eran responsables del mismo.
En cualquier caso, el Premio Nobel otorgado a quien fue, durante cuatro años, presidenta de esta comisión (dirigida ahora por el jurista indio Srinivasan Muralidhar) confiere una visibilidad adicional a la labor de determinación de los hechos y a la protección de la población civil de Gaza. Su objetivo es recordar que el derecho internacional humanitario y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio no pueden aplicarse de forma selectiva en función de la identidad de los presuntos autores o de sus alianzas estratégicas.
La elección de Navi Pillay se inscribe en un contexto de crisis del orden internacional. Su trayectoria nos recuerda que las instituciones jurídicas internacionales, y en particular las de la ONU, constituyen espacios en los que las víctimas pueden hacer valer sus derechos, donde se registran los hechos y donde los dirigentes pueden verse obligados a cumplir con obligaciones que van más allá de sus intereses inmediatos.
Cabe destacar también que este galardón –el cuarto para Sudáfrica tras Albert John Luthuli (1960), Desmond Tutu (1984) y el “dúo” formado por Nelson Mandela y Frederik De Klerk (1993)– es el 21.º otorgado a una mujer, de un total de 113 galardonados, lo que supone menos de una quinta parte.
Al galardonar a una jurista que ha dedicado su vida a la lucha contra el apartheid, al enjuiciamiento de crímenes internacionales y a la defensa de los derechos humanos, en un mundo en el que líderes a menudo autoritarios y unilateralistas se atribuyen con gusto el mérito de los acuerdos alcanzados por la fuerza, el Comité Nobel recuerda que la paz también se mide por la capacidad colectiva de las sociedades para hacer respetar unas normas comunes y democráticas, conformes al derecho internacional. Aunque este concepto y sus interpretaciones sigan siendo a veces controvertidos, como demuestran algunas de las primeras reacciones al anuncio de la identidad de la galardonada…
Chloé Maurel, SIRICE (Université Paris 1/Paris IV), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
