Los muros invisibles de la Constitución
La convicción de que Bolivia necesita una transformación constitucional profunda ya no es un rumor en los pasillos del poder. Se ha instalado en el discurso público como una certeza: el marco constitucional vigente, heredado del ciclo político del MAS, se ha convertido en una jaula de hierro para cualquier intento de solución estructural. No se trata de una percepción aislada; legisladores, expertos, periodistas y voces ciudadanas coinciden en que cada problema grave que aqueja al país topa, invariablemente, con un artículo que bloquea cualquier alternativa distinta a la receta estatista de los últimos veinte años.
Basta un recorrido por los artículos más controversiales para comprender la magnitud del laberinto. Si se busca aliviar las interminables filas de vehículos con la libre importación de hidrocarburos, aparecen los artículos 359 y 361, que reservan al Estado —a través de YPFB— el monopolio de la comercialización. Si se anhela una justicia independiente y eficaz, el artículo 182 impone un modelo de selección de autoridades por voto popular que, en sus tres ensayos, ha resultado un fracaso estrepitoso. Si se pretende abrir la puerta a la inversión extranjera, el artículo 320 y sus correlativos priorizan la inversión nacional y vedan el arbitraje internacional, condenando a los inversionistas a tribunales locales cuestionados. Y si se busca recomponer la crisis de representación política, el sistema de agrupaciones ciudadanas departamentales y municipales, paralelo a la representación nacional, fragmenta el liderazgo y erosiona la confianza ciudadana.
El dilema de la Asamblea Constituyente: tiempo, política y consensos
Ante esta realidad, la mayoría de las voces críticas coinciden en que una reforma cosmética —de tres o cuatro artículos, o incluso de algunos capítulos— resulta insuficiente. Lo que se requiere, afirman, es una nueva Constitución Política del Estado. No solo para redefinir el rumbo económico y social, sino para refundar el pacto de convivencia: establecer con claridad los derechos fundamentales, las obligaciones y garantías, y diseñar un sistema de pesos y contrapesos que limite el poder y asegure su separación e interdependencia.
Sin embargo, ese diagnóstico choca de inmediato con la realidad política. Una nueva Constitución implica convocar a una Asamblea Constituyente, y ahí aparece el primer gran escollo: no hay tiempo ni músculo político para semejante empresa. Se necesitaría un acuerdo nacional sin precedentes entre partidos, órganos de poder y sociedad civil organizada. No basta con un liderazgo mesiánico —inexistente hoy—, sino con una voluntad colectiva que, en el actual clima de polarización, parece un espejismo.
Las urgencias, mientras tanto, no esperan. La inflación, el desempleo, la inseguridad jurídica y el descontento social presionan con cronogramas que no admiten el lujo de un proceso constituyente prolongado. Así, el debate se desplaza hacia un terreno intermedio: ¿es posible avanzar sin la Asamblea?
La ruta de la reforma parcial: un primer paso con pies de plomo
Bajo esas tres premisas —necesidad de cambios profundos, coyuntura adversa y tiempos limitados—, emerge una estrategia pragmática: reformas parciales que, sin alcanzar el ideal, permitan desbloquear las urgencias más apremiantes. En esa línea, dos propuestas han captado la atención: la del excandidato presidencial Tuto Quiroga y la del diputado de Unidad, Dr. Alarcón. Ambos han presentado sendos proyectos de modificación acotada de la Constitución, entendiendo que el momento exige concreción antes que perfección. Estas iniciativas, que serán analizadas en detalle en próximas entregas.
Pero hay un elemento adicional que merece subrayarse: el Poder Ejecutivo ha renunciado al liderazgo de este proceso. Ese vacío ha sido llenado por el escenario parlamentario, y quizás eso sea una buena señal. Al trasladar el debate al Legislativo, se reduce el riesgo de que la reforma se convierta en un plebiscito sobre la gestión gubernamental, contaminando el fondo con la coyuntura.
La asignatura pendiente: institucionalizar el debate
Una carencia que salta a la vista, es la necesidad de crear un espacio institucional que sistematice, recopile, promocione, debata y socialice las diferentes iniciativas de modificación de la CPE. Y esa ausencia no es menor.
Porque el problema de las reformas constitucionales en Bolivia no es solo político, es también metodológico. Las propuestas nacen, se anuncian en conferencias de prensa, se debaten en redes sociales y luego mueren en el olvido o en el cortoplacismo de la coyuntura. No hay un mecanismo que les dé continuidad, que las cruce, que las contraste, que las someta a escrutinio público más allá del titular de turno. Y eso, en un país donde la desconfianza hacia la clase política es moneda corriente, convierte cualquier intento de cambio en sospechoso de elitista o parcializado.
Por eso vale la pena sugerirlo: un organismo dependiente de la Asamblea Legislativa, técnico y participativo, que asuma la tarea de ordenar el debate. No para sustituir la voluntad política, sino para darle un piso mínimo de seriedad y transparencia. Que las propuestas no sean solo ocurrencias de unos pocos, sino insumos de un proceso amplio, democrático e inclusivo. Al fin y al cabo, si algo ha demostrado la historia reciente, es que los cambios impuestos desde arriba solo profundizan las fracturas. Y si no se hace, el debate seguirá siendo lo que es hoy: un rumor prometedor que nunca termina de cuajar.
Conclusión: el desafío de lo posible
Bolivia enfrenta un dilema histórico: reformar su Constitución sin romper el frágil equilibrio político, y hacerlo con la velocidad que exige la crisis.
La reforma constitucional, en este contexto, no será la refundación que muchos anhelan ni el fin de los problemas que nos aquejan. Será, a lo sumo, un ajuste de emergencia, pero mientras la Asamblea Constituyente sea un sueño inviable, ese ajuste, es lo único que nos queda. Asumirlo con honestidad, sin falsas expectativas ni retórica triunfalista, es quizás el primer paso para no seguir engañándonos. El resto, como siempre, dependerá de si como sociedad estamos a la altura de las urgencias o preferimos seguir administrando la decadencia.
