Mauricio Ochoa Urioste
La Constitución Política del Estado produjo en 2009 una ruptura importante con la tradición confesional boliviana. Su artículo 4 establece que “el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales” y añade una fórmula particularmente clara: “El Estado es independiente de la religión”. El texto vigente abandonó así el modelo de la antigua Constitución, cuyo artículo 3 disponía expresamente que el Estado reconocía y sostenía la religión católica, apostólica y romana. El cambio jurídico fue profundo; la transformación de la cultura institucional, mucho menos. La Constitución vigente puede consultarse en el texto oficial publicado por el Estado.
Diecisiete años después, Bolivia sigue mostrando una relación entre religión y poder público que no siempre parece coherente con esa independencia constitucional. La cuestión no reside en que la sociedad boliviana continúe siendo profundamente religiosa ni en que la Iglesia católica conserve una presencia social considerable. Tampoco existe problema constitucional alguno en que las autoridades profesen una fe y la expresen públicamente. El desafío comienza cuando las prácticas, símbolos o mecanismos institucionales del Estado otorgan a una confesión determinada una centralidad que difícilmente sería reconocida en condiciones equivalentes a las demás.
El presidente Rodrigo Paz ha expresado públicamente su fe cristiana y ha participado en ceremonias religiosas sin ocultar sus convicciones. Durante la misa de Domingo de Ramos celebrada en marzo de 2026 en la Catedral Metropolitana de La Paz, habló de Dios, la familia y la patria y se definió dentro de la tradición cristiana. La participación y sus declaraciones fueron registradas públicamente por Unitel. El vicepresidente Edmand Lara también ha utilizado referencias religiosas en su discurso político y, desde el inicio de su gestión, ha hablado de fe, esperanza y reconstrucción nacional.
Nada de ello debería escandalizar a una democracia constitucional. La libertad religiosa protege también al gobernante. Rodrigo Paz puede asistir a misa, rezar y expresar públicamente sus convicciones; Lara posee idéntico derecho. El problema aparece cuando se confunde la fe personal de quienes ejercen temporalmente el poder con la identidad permanente de las instituciones que representan. Una cosa es la religión del gobernante y otra, muy distinta, la religión del Estado.
La relación entre Iglesia y política se hizo particularmente visible durante la crisis de noviembre de 2019. Representantes de la Conferencia Episcopal Boliviana participaron en las reuniones celebradas los días 10, 11 y 12 de noviembre en instalaciones de la Universidad Católica Boliviana, donde confluyeron dirigentes políticos, cívicos y representantes diplomáticos en busca de una salida a la ruptura institucional producida tras la renuncia de Evo Morales y de otras autoridades de la línea sucesoria. La reconstrucción de aquellas reuniones identifica a jerarcas de la Iglesia y representantes de distintos sectores políticos entre sus participantes.
Debe reconocerse una distinción esencial. Participar como mediador en una crisis nacional no convierte automáticamente a una organización religiosa en parte del Estado ni demuestra, por sí solo, una vulneración constitucional. Sociedades profundamente polarizadas recurren con frecuencia a instituciones dotadas de legitimidad social para facilitar negociaciones, y aquella mesa contó también con otros actores políticos e internacionales. Reducir ese episodio a una intervención clerical ilegítima sería históricamente insuficiente.
La cuestión relevante es otra: por qué la Iglesia católica continúa siendo percibida casi de manera natural como uno de los árbitros legítimos de las grandes crisis políticas bolivianas. La respuesta remite a su historia y a su extensa implantación social, pero también evidencia que la separación constitucional de 2009 no eliminó determinados privilegios informales de interlocución.
La experiencia de 2019 tampoco quedó como una excepción irrepetible. En mayo de 2026, durante otra grave crisis marcada por bloqueos y protestas, la Comisión de Diálogo impulsada por la Vicepresidencia reunió a ministros, legisladores, organizaciones sociales, la Defensoría del Pueblo y representantes de la Iglesia católica. La propia cobertura del encuentro confirma la presencia institucional de la Iglesia en ese proceso de pacificación.
La Conferencia Episcopal había ofrecido días antes su disposición a acompañar un eventual diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados, y posteriormente emitió junto con la Defensoría del Pueblo un pronunciamiento exhortando a las partes a abandonar posiciones intransigentes y privilegiar una solución negociada. Ese pronunciamiento conjunto permanece publicado por la Defensoría del Pueblo.
La participación eclesial puede haber sido útil e incluso necesaria para desactivar conflictos concretos. Sin embargo, su recurrencia revela que Bolivia continúa reconociendo a la Iglesia católica una capacidad de interlocución política excepcional. Sería difícil imaginar que una iglesia evangélica, una comunidad judía, una organización musulmana o una institución agnóstica adquirieran con la misma normalidad un papel semejante dentro de una negociación nacional.
La misma precisión debe aplicarse a las declaraciones de obispos y autoridades eclesiásticas sobre asuntos nacionales. La Conferencia Episcopal se pronuncia regularmente sobre conflictividad social, violencia, políticas públicas y reconciliación. En mayo de 2026, por ejemplo, pidió al Gobierno y a los sectores movilizados abrir espacios de diálogo, reclamó pausas humanitarias y expresó su disposición a facilitar conversaciones.
Nada de esto debería prohibirse. En un Estado democrático, las iglesias forman parte de la sociedad civil. Los obispos pueden criticar un gobierno, cuestionar una ley, defender determinadas políticas familiares o económicas y expresar sus posiciones morales con la misma libertad que sindicatos, universidades, empresarios, movimientos sociales o asociaciones culturales. La laicidad no exige silenciar a las religiones; exige que el Estado no adopte ninguna de ellas como fuente privilegiada de legitimidad.
La diferencia es decisiva. Una homilía con contenido político pertenece al ámbito de la libertad de expresión religiosa. Una autoridad pública puede incluso escucharla y compartirla. Lo que debe evitarse es que una palabra adquiera mayor peso institucional simplemente porque procede de una jerarquía eclesiástica o que una confesión disponga de canales privilegiados de influencia sobre decisiones que corresponden a órganos constitucionalmente representativos.
La tensión entre la norma constitucional y las prácticas institucionales se aprecia con mayor claridad en el terreno simbólico. El 4 de noviembre de 2025, la Cámara de Diputados decidió por más de dos tercios reponer la Biblia y el crucifijo para el juramento de los parlamentarios de la nueva legislatura. Los objetos fueron colocados en la mesa junto con la Constitución y los símbolos estatales, aunque se permitió a cada legislador prestar juramento conforme a sus propias creencias. La decisión fue informada por ANF y por otros medios nacionales.
La libertad de conciencia permite perfectamente que un diputado católico quiera prestar juramento ante un crucifijo o una Biblia. Debería permitir asimismo que un legislador de otra confesión utilice los símbolos correspondientes a su fe o que una persona sin religión formule una promesa estrictamente civil. La neutralidad constitucional no obliga a borrar la identidad individual de los funcionarios.
El problema aparece cuando símbolos pertenecientes a una tradición religiosa específica ocupan institucionalmente el centro de una ceremonia estatal. El crucifijo no es un objeto cultural neutro y la Biblia tampoco es un libro administrativo: ambos expresan una tradición espiritual concreta. Precisamente porque poseen un profundo significado religioso merecen no ser confundidos con los símbolos jurídicos comunes a todos los ciudadanos.
La Constitución enumera cuáles son los símbolos del Estado: la bandera tricolor, el himno, el escudo, la wiphala, la escarapela, la kantuta y el patujú. El propio Estado recoge oficialmente esa enumeración. Ni la Biblia ni el crucifijo forman parte de ella.
La solución tampoco pasa por sustituir el crucifijo por una acumulación de símbolos religiosos y espirituales que intente representar proporcionalmente a todas las creencias existentes en Bolivia. Eso convertiría al Estado en una exhibición multiconfesional, no necesariamente en una institución neutral. El espacio público común puede respetar todas las religiones precisamente porque no necesita adoptar ninguna como propia.
Esta distinción adquiere especial importancia bajo un gobierno cuyos máximos dirigentes expresan abiertamente convicciones religiosas. Que Rodrigo Paz participe en celebraciones católicas o invoque a Dios pertenece a su libertad individual y a su identidad personal. Ninguna concepción liberal de la laicidad debería exigirle ocultarlas.
La Presidencia, sin embargo, representa simultáneamente al católico, al evangélico, al creyente de espiritualidades indígenas, al judío, al musulmán, al agnóstico y al ateo. La legitimidad del jefe del Estado procede del voto ciudadano y de la Constitución, no de una confesión religiosa. Esa diferencia no disminuye la fe del gobernante; protege la igualdad de quienes no la comparten.
La misma lógica debe aplicarse al vicepresidente, a los legisladores, a los ministros y a cualquier autoridad. La libertad religiosa de quienes gobiernan termina exactamente donde comienza la obligación de neutralidad de la institución que encarnan. Esa frontera no siempre es sencilla, pero constituye una de las condiciones básicas de un Estado moderno y plural.
Bolivia realizó en 2009 una transformación jurídica que no debe subestimarse. Durante décadas, su texto constitucional había reconocido y sostenido formalmente a la religión católica. La nueva Carta eliminó esa confesionalidad y estableció la independencia del Estado frente a la religión.
Lo que no desapareció automáticamente fue una cultura política construida durante generaciones. La Iglesia católica conserva prestigio, infraestructura, capacidad de mediación y acceso a dirigentes políticos. Sus pronunciamientos tienen repercusión nacional y sus representantes continúan participando en momentos decisivos de concertación. Al mismo tiempo, símbolos cristianos han regresado a ceremonias de uno de los órganos fundamentales del poder público.
Cada uno de esos hechos puede encontrar explicaciones históricas o incluso razones prácticas. Considerados en conjunto, sin embargo, muestran una contradicción que merece ser discutida: el Estado constitucionalmente independiente de la religión conserva todavía formas simbólicas y políticas heredadas de una época en la que esa independencia no existía.
No se trata de combatir al catolicismo. La Iglesia debe conservar plena libertad para evangelizar, educar, opinar, criticar al Gobierno y participar en la sociedad civil. Su voz es legítima en democracia precisamente porque no necesita formar parte del Estado para ser escuchada.
Tampoco se trata de expulsar a Dios del espacio público. La sociedad seguirá siendo religiosa mientras sus ciudadanos quieran serlo, y la Constitución está obligada a proteger esa decisión. La laicidad no supone una sociedad sin fe, sino un poder público que no decide cuál fe merece una posición preferente.
La fórmula constitucional boliviana es, en realidad, suficientemente elegante. No declara una guerra contra la religión ni construye una doctrina militante de secularización. Simplemente afirma que el Estado es independiente de la religión.
Esa independencia debería significar que ninguna confesión actúe como interlocutora privilegiada por naturaleza; que los símbolos religiosos pertenezcan libremente a quienes creen en ellos y no se conviertan en emblemas permanentes de los órganos públicos; que una autoridad pueda practicar su religión sin convertir esa práctica en identidad institucional, y que todas las creencias —incluida la ausencia de ellas— reciban el mismo respeto del poder.
Bolivia ya realizó la parte más sencilla de esa transformación: modificar su Constitución. La parte difícil consiste en trasladar aquel principio a las costumbres, ceremonias y reflejos históricos del Estado.
La Iglesia católica no necesita recuperar una posición institucional para conservar su enorme importancia dentro de la sociedad boliviana. Su autoridad religiosa debería depender de la adhesión libre de sus fieles. El Estado, por su parte, tampoco necesita símbolos confesionales para reconocer la dimensión espiritual de millones de ciudadanos.
La mejor protección para ambos consiste justamente en mantenerlos separados: una Iglesia plenamente libre y un Estado verdaderamente independiente de la religión.
