Redacción
Beni.— El conflicto por el nuevo régimen de precios del diésel escaló este jueves 27 de agosto con enfrentamientos entre productores agropecuarios y efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas en el puente San Pablo, sobre la carretera que comunica Beni con Santa Cruz.
Los productores de la provincia Marbán mantenían bloqueada la vía desde la madrugada del miércoles 26 de agosto para exigir la abrogación del Decreto Supremo 5676. Durante el operativo de desbloqueo, la Policía utilizó gases lacrimógenos y los manifestantes respondieron con piedras y palos. Los productores consiguieron posteriormente retomar la carretera, antes de que las fuerzas de seguridad recuperaran el control del sector y restablecieran la circulación.
Los enfrentamientos se prolongaron durante aproximadamente tres horas y dejaron al menos cinco personas heridas. La Agencia de Noticias Fides (ANF) reportó además un número similar de detenidos, aunque los primeros informes difundidos durante la jornada ofrecieron cifras distintas sobre las aprehensiones.
Antes de los incidentes, representantes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), junto con el gobernador de Beni, Jesús Egüez, habían llegado hasta San Pablo para negociar con los movilizados.
Las conversaciones permitieron declarar inicialmente un cuarto intermedio y habilitar temporalmente el paso vehicular. Sin embargo, los productores condicionaron la suspensión de su medida al retiro de los efectivos militares desplegados en la zona. El desacuerdo precedió a los enfrentamientos registrados posteriormente.
La protesta tiene como origen el Decreto Supremo 5676, aprobado el 16 de agosto y difundido públicamente al día siguiente. La norma autoriza la comercialización de diésel a Precio Referencial para Clientes Directos, Grandes Consumidores y determinadas operaciones de Usuarios Directos.
Mientras se establece la metodología definitiva de cálculo, el decreto fija un Precio Referencial Inicial de Bs 18 por litro, IVA incluido. Para los demás consumidores permanece vigente el precio regulado de Bs 9,80 por litro.
La propia norma establece como finalidad disminuir la carga fiscal asociada al costo de las importaciones de combustibles realizadas por YPFB. El Gobierno sostiene además que el nuevo esquema contribuirá a reducir el contrabando, la especulación y el desvío del carburante hacia el mercado negro.
Los productores cuestionan el efecto del precio diferenciado sobre los costos de la actividad agropecuaria y denuncian también dificultades para acceder al combustible. En San Pablo afirmaron que reciben alrededor de 120 litros semanales, cantidad que consideran insuficiente para mantener sus operaciones productivas.
El conflicto de San Pablo coincide con un endurecimiento de la posición del sector agropecuario. El Congreso Extraordinario de Agropecuarios, celebrado este jueves en Warnes, resolvió conceder al Gobierno plazo hasta el domingo 30 de agosto para abrogar el DS 5676.
El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, anunció que, si la norma continúa vigente una vez vencido ese plazo, el lunes acudirán al Comité pro Santa Cruz para solicitar la convocatoria de una Asamblea de la Cruceñidad, que podría definir nuevas medidas.
El presidente Rodrigo Paz, sin embargo, descartó retroceder en la medida. Durante una reunión con representantes municipales afirmó que el decreto puede ser mejorado, pero defendió su continuidad al sostener que volver al esquema anterior obligaría al Estado a destinar mayores recursos al combustible en detrimento de otras necesidades públicas.
El conflicto supera así el bloqueo del puente San Pablo. Representantes de distintos sectores agropecuarios reunidos en Warnes han convertido la abrogación del DS 5676 en una demanda sectorial de alcance nacional, mientras el Ejecutivo mantiene abierta únicamente la posibilidad de modificar su aplicación.
