Redacción
LA PAZ.— El Gobierno elevó de Bs 1.000 millones a Bs 2.000 millones el respaldo financiero que el Tesoro General de la Nación puede destinar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para cubrir el diferencial entre el costo de importación de combustibles y los precios internos, en medio de persistentes problemas de abastecimiento y una creciente presión financiera sobre la estatal petrolera.
El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, explicó el jueves que el Decreto Supremo 5683 amplió ese respaldo y confirmó que los primeros Bs 1.000 millones ya fueron desembolsados. Según señaló, el objetivo es garantizar las compras de carburantes en el mercado internacional. Red Uno recogió sus declaraciones.
Daroca sostuvo que el problema central es la diferencia entre lo que cuesta importar combustibles y el precio al que se comercializan en Bolivia. En el caso del diésel, situó el costo directo de importación entre Bs 15 y Bs 16 por litro, cifra que se aproxima a Bs 18 cuando se incorporan impuestos, frente a un precio mayorista interno inferior.
El propio presidente de la estatal calificó esta brecha como un “problema estructural” para YPFB y para Bolivia. Según explicó, el aumento de los precios internacionales y la caída de la producción nacional de gas y petróleo han incrementado la presión financiera sobre el sistema de abastecimiento.
La ampliación del respaldo del TGN se inscribe en una política más amplia de estabilización de precios. El Decreto Supremo 5652, de 9 de julio de 2026 mantuvo las medidas destinadas a estabilizar los precios de los derivados del petróleo en el mercado interno y prolongó el período transitorio establecido por la normativa anterior.
La medida busca dar mayor margen financiero a YPFB para continuar adquiriendo carburantes en el exterior, pero no significa por sí sola que Bs 2.000 millones hayan sido desembolsados de una sola vez. El dato confirmado es que el techo de respaldo fue ampliado y que Bs 1.000 millones ya habían sido efectivamente desembolsados, según Daroca.
La decisión llega pocos días después de que el Gobierno modificara el régimen de comercialización del diésel.
Como informó La Pólvora, el Decreto Supremo 5676 estableció un Precio Referencial Inicial de Bs 18 por litro para clientes directos y grandes consumidores, mientras el transporte y los particulares que cargan normalmente en estaciones de servicio mantienen el precio regulado de Bs 9,80 por litro.
El Decreto Supremo 5676 establece que el Precio Referencial se aplica a determinadas categorías de consumidores de mayor volumen y que, para los demás usuarios, los precios finales permanecen sin modificaciones.
El Gobierno sostiene que el nuevo esquema busca reducir la carga fiscal asociada a la importación de combustibles, mientras determinados consumidores de mayores volúmenes comienzan a asumir un precio más próximo al costo de importación.
La reforma abrió, sin embargo, un debate sobre la sostenibilidad de la subvención. La Pólvora recogió anteriormente que Fundación Jubileo planteó focalizar la subvención al diésel y avanzar hacia una reestructuración de YPFB, mientras distintos analistas advirtieron sobre posibles efectos sobre los costos productivos.
Los problemas financieros coinciden con dificultades persistentes en el suministro.
YPFB reconoció este mes que el abastecimiento de combustibles en Santa Cruz requería medidas financieras, logísticas y operativas adicionales. La estatal presentó ante autoridades y representantes empresariales un conjunto de acciones para superar los problemas de provisión y aseguró que trabaja para garantizar el suministro nacional. YPFB informó oficialmente sobre esas medidas.
La presión de los sectores productivos también ha aumentado. La Pólvora informó que CAO y Cainco reclamaron al Gobierno una respuesta más rápida frente a la escasez de combustibles, al advertir que la falta de diésel y gasolina afecta a la producción, el transporte y la distribución de alimentos.
Posteriormente, representantes de Santa Cruz y el Ejecutivo acordaron una agenda de diez puntos para enfrentar la crisis de combustibles, que incluye medidas de abastecimiento y propuestas para reducir estructuralmente la dependencia de carburantes importados.
El aumento del respaldo financiero hasta Bs 2.000 millones proporciona a YPFB un mayor margen para financiar importaciones, pero no elimina el problema que la propia estatal identifica como estructural.
Mientras el precio internacional de los carburantes se mantenga considerablemente por encima del precio interno regulado, el Estado deberá financiar parte de esa diferencia o trasladarla gradualmente a determinados consumidores.
La discusión, por tanto, ya no se limita a la disponibilidad inmediata de diésel y gasolina. También involucra la sostenibilidad fiscal del sistema de precios, la capacidad financiera de YPFB y el grado de dependencia de Bolivia respecto de las importaciones de combustibles.
El comportamiento del abastecimiento durante las próximas semanas permitirá evaluar si el aumento del respaldo del TGN logra reducir las dificultades inmediatas o si el país necesita reformas más profundas en su política energética.
