Redacción
Santa Cruz.— El caso por el atentado contra la abogada Nadia Beller y las investigaciones abiertas contra Fernando Cerimedo acumula interrogantes. Una revisión publicada por ERBOL identifica al menos doce aparentes contradicciones o inconsistencias entre declaraciones de Beller y diferentes registros médicos, policiales y cronológicos conocidos hasta ahora.
Las diferencias abarcan el número de impactos de bala, los horarios registrados la noche del ataque, las circunstancias de la cita en el hotel y el origen de la información utilizada para formular denuncias de presunta corrupción.
No todas tienen, sin embargo, el mismo valor. Algunas corresponden a discrepancias documentables entre declaraciones y registros, mientras otras son interpretaciones realizadas por ERBOL que todavía necesitan ser esclarecidas por la investigación.
Una de las diferencias más claras se refiere a las heridas sufridas por Beller.
La abogada afirmó públicamente haber recibido “por lo menos cuatro” impactos. El Ministerio Público informó, en cambio, que sufrió tres impactos de proyectil y que durante la intervención quirúrgica fueron extraídos tres proyectiles con características de calibre 9 milímetros.
El fiscal general Roger Mariaca precisó que las lesiones se encontraban en el cuello, tórax y brazo derecho, según el informe de la Fiscalía recogido por ERBOL.
Existe, por tanto, una diferencia objetiva entre la primera versión pública de la víctima y la información médico-fiscal divulgada posteriormente.
Otro de los elementos sensibles aparece en los horarios registrados durante la noche del atentado.
Según la reconstrucción publicada por ERBOL, un informe del jefe médico del servicio de ambulancias MIA señala que la llamada de auxilio ingresó a las 20:34, mientras las cámaras de seguridad del hotel situarían el ataque a las 20:37.
La diferencia adquiere relevancia porque Beller había relatado que, después de recibir los disparos, permaneció tendida durante aproximadamente media hora simulando estar muerta para evitar que los agresores regresaran.
El desfase, sin embargo, no permite por sí mismo establecer que el relato sea falso. Antes de alcanzar esa conclusión sería necesario determinar técnicamente si los relojes de las cámaras, el sistema de emergencias y los demás dispositivos utilizados estaban sincronizados.
También existen interrogantes sobre las circunstancias que llevaron a Beller al lugar del ataque.
La abogada afirmó que Cerimedo le había garantizado protección policial. Al mismo tiempo, relató que acudió a la cita después de ser contactada mediante WhatsApp por personas cuya identidad desconocía y reconoció no saber quién había proporcionado su número telefónico a esos interlocutores.
Ambas circunstancias no son necesariamente incompatibles. La investigación deberá determinar quién organizó la reunión, quién contactó a Beller y qué comunicaciones mantuvieron previamente los involucrados.
Beller denunció posteriormente la existencia de un supuesto encubrimiento institucional y afirmó que autoridades habían ocultado episodios anteriores de violencia y presuntas irregularidades.
El Gobierno rechazó esas acusaciones y aseguró que Cerimedo no ocupaba ningún cargo formal dentro de la administración de Rodrigo Paz. Reconoció, no obstante, que había colaborado durante la campaña electoral y posteriormente prestado asesoramiento puntual en comunicación, según la explicación ofrecida por el vocero presidencial José Luis Gálvez.
Después del atentado, Cerimedo fue arrestado y posteriormente aprehendido. La Justicia dispuso finalmente 180 días de detención preventiva en Palmasola dentro de la investigación por presunta tentativa de feminicidio, una medida cautelar que no constituye una declaración de culpabilidad.
La resolución judicial que ordenó su reclusión mantuvo abierto el proceso mientras continúan las pesquisas para determinar quiénes participaron material e intelectualmente en el ataque.
Otra diferencia relevante afecta al origen de las denuncias sobre presuntos hechos de corrupción.
Beller había afirmado públicamente que fue testigo de supuestos negociados y que “trabajaba con ellos”. Días después sostuvo que no había participado en ningún delito y explicó que conocía esos hechos “de manera referencial”, principalmente por información que Cerimedo le habría proporcionado durante su convivencia.
La propia Beller reiteró esa explicación en una entrevista posterior con ERBOL, en la que rechazó haber formado parte de las actividades que denuncia.
La diferencia resulta relevante porque modifica la naturaleza de su conocimiento: no es equivalente haber presenciado directamente un hecho que conocerlo a través del relato de otra persona.
Beller sostiene además que posee mensajes, grabaciones y otros elementos que respaldarían algunas de sus acusaciones y ha manifestado que los presentará ante la Justicia. Entre otras afirmaciones, vinculó a Cerimedo con supuestas gestiones de contratos y pagos de empresas, acusaciones que todavía deben ser comprobadas judicialmente.
La Presidencia, por su parte, instruyó una “investigación minuciosa” sobre las denuncias surgidas del caso y el Gobierno se presentó como coadyuvante dentro de una investigación fiscal relacionada con Cerimedo, según informó el Viceministerio de Transparencia.
Más allá de las diferencias entre versiones, permanecen cuestiones fundamentales sin resolver.
Los presuntos autores materiales del ataque continuaban prófugos al momento del balance publicado por ERBOL y todavía no se conocía públicamente el informe pericial definitivo de balística de la escena.
Cerimedo niega las acusaciones formuladas en su contra y deberá ejercer su defensa dentro de los distintos procesos abiertos.
La investigación tendrá que establecer ahora cuáles de las discrepancias responden a errores de memoria, diferencias entre registros o explicaciones técnicas y cuáles pueden adquirir relevancia probatoria.
Las doce aparentes contradicciones recopiladas por ERBOL incorporan nuevos interrogantes a un expediente que todavía está lejos de cerrarse. La existencia de diferencias entre las versiones conocidas exige esclarecimiento, pero no permite anticipar las conclusiones que correspondan al Ministerio Público y a los tribunales.
