Redacción
La Paz.— El debate sobre una reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) entra en una fase más concreta. La Asamblea Legislativa comienza a recibir propuestas que plantean modificaciones importantes al modelo económico e institucional, mientras el presidente Rodrigo Paz manifiesta su disposición a negociar cambios puntuales.
El movimiento más reciente provino del diputado Carlos Alarcón (Unidad) y del presidente del Senado, Diego Ávila (PDC), quienes presentaron un proyecto de reforma parcial que propone incorporar un nuevo artículo 412 y retirar rango constitucional a 30 disposiciones vinculadas, entre otros asuntos, con inversiones, justicia y recursos naturales.
La iniciativa Alarcón-Ávila se suma al proyecto promovido por Jorge “Tuto” Quiroga, quien plantea una transformación considerablemente más extensa.
La Pólvora ya había informado el 17 de agosto sobre la propuesta constitucional de Quiroga y sus cinco grandes ejes.
El proyecto presentado ante el Senado pretende incorporar un artículo 412 con dos disposiciones centrales.
La primera prohibiría expropiaciones, nacionalizaciones, estatizaciones o reversiones de inversiones nacionales y extranjeras. La segunda permitiría que controversias entre el Estado y los inversionistas sean resueltas mediante mecanismos amistosos, jurisdicción boliviana o arbitraje nacional e internacional.
El proyecto plantea además “desconstitucionalizar” 30 artículos, de manera que determinadas materias actualmente protegidas por la CPE puedan ser reguladas posteriormente mediante legislación ordinaria.
Entre las disposiciones alcanzadas aparecen asuntos relacionados con el régimen económico, recursos naturales, hidrocarburos y administración de justicia.
La propuesta representa así una intervención considerablemente más amplia que la simple habilitación del arbitraje internacional y pretende modificar la frontera entre las materias protegidas directamente por la Constitución y aquellas que quedarían sujetas a futuras decisiones legislativas.
La propuesta impulsada por Quiroga alcanza 111 modificaciones y se estructura alrededor de cinco grandes ejes: apertura económica e inversiones, reforma de la justicia, fortalecimiento de las atribuciones de la Asamblea Legislativa, profundización de las autonomías y transformación digital del Estado.
El planteamiento parte de modificar disposiciones posteriores al artículo 144 y preservar la primera parte de la Constitución, donde se encuentran las bases fundamentales del Estado y el catálogo de derechos, deberes y garantías.
Quiroga sostiene que las actuales reglas constitucionales dificultan atraer capital hacia sectores como hidrocarburos, minería y energía y considera insuficiente modificar solamente la legislación ordinaria.
Su propuesta contempla además sustituir el actual mecanismo de elección popular de magistrados, ampliar atribuciones legislativas y modificar diferentes aspectos del régimen autonómico.
Los detalles de los 111 cambios propuestos por Libre han sido recogidos también por La Razón.
El presidente Rodrigo Paz ha expresado su disposición a reformar la Constitución, aunque inicialmente plantea un alcance considerablemente menor.
El mandatario habló de “dos, tres, cuatro reformas” claves y diferenció esos ajustes de una transformación constitucional de mayor profundidad.
Como informó anteriormente La Pólvora al analizar la apertura presidencial a modificar la CPE, Paz todavía no ha identificado públicamente los artículos que pretende cambiar ni ha presentado un proyecto constitucional propio.
Su estrategia pasa ahora por construir los acuerdos parlamentarios necesarios. El Presidente anunció su intención de conversar con Quiroga y manifestó también apertura hacia Samuel Doria Medina y otras fuerzas representadas en la Asamblea.
Las posiciones comienzan así a diferenciarse: el Ejecutivo parece inclinarse inicialmente por unas pocas modificaciones consideradas urgentes, mientras Libre propone una revisión mucho más extensa.
Quiroga respondió a la apertura presidencial proponiendo alcanzar un acuerdo político en aproximadamente dos meses, con el 8 de noviembre como fecha deseable y finales de año como límite alternativo.
Su hoja de ruta descansa sobre tres condiciones: acordar el contenido, garantizar los dos tercios y establecer un calendario.
También considera necesario incorporar al vicepresidente Edmand Lara, debido a su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa, y dialogar con todas las fuerzas que puedan aportar votos al proceso.
Quiroga ha señalado que su proyecto no debe considerarse un documento cerrado y admite modificaciones como resultado de la negociación política.
La creciente discusión política exige una precisión jurídica fundamental: conseguir dos tercios en la Asamblea no significa reformar automáticamente la Constitución.
El artículo 411.II de la CPE establece que una reforma parcial puede iniciarse mediante iniciativa popular o por una ley aprobada por dos tercios de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, una vez superada esa instancia, el texto debe ser sometido obligatoriamente a referendo constitucional aprobatorio.
La ciudadanía tiene, por tanto, la última palabra.
Existe además un límite material. Una reforma que afecte las bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías o las disposiciones relativas a la primacía y reforma constitucional debe seguir el procedimiento previsto para una reforma total mediante una Asamblea Constituyente originaria plenipotenciaria.
El alcance jurídico de los proyectos deberá ser examinado precisamente bajo esos límites cuando comience su tratamiento legislativo.
La discusión constitucional ha entrado en una etapa diferente. Existen textos concretos, el Presidente manifiesta voluntad de negociar y diferentes fuerzas políticas comienzan a plantear las condiciones necesarias para alcanzar una mayoría cualificada.
Pero todavía falta lo fundamental: un acuerdo sobre qué reformar.
Paz pretende inicialmente pocas modificaciones; Quiroga propone 111 cambios; y Alarcón y Ávila plantean incorporar un nuevo artículo y retirar rango constitucional a 30 disposiciones.
Tampoco está garantizado el respaldo de dos tercios ni existe hasta ahora un texto común capaz de reunir al oficialismo y la oposición.
La diferencia respecto de semanas anteriores es que la reforma constitucional ya no se discute solamente como una posibilidad abstracta. El debate empieza a concentrarse en qué disposiciones cambiar, qué alcance tendrá la modificación y qué fuerzas están dispuestas a respaldarla.
Si el acuerdo político llega a construirse, la Asamblea tendrá la primera palabra. La decisión definitiva, como exige la propia Constitución, corresponderá a los ciudadanos mediante referendo.
