Sale a la luz el acuerdo con el FMI: ajuste fiscal de 8,5 puntos del PIB y fin de la subvención a los combustibles en 2027

LA PAZ.— El contenido del acuerdo técnico entre Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) comienza finalmente a conocerse en detalle y revela una transformación considerablemente más profunda de la política económica de lo que hasta ahora había sido divulgado públicamente.

El Memorando de Políticas Económicas y Financieras que acompaña el programa de 36 meses establece una consolidación fiscal equivalente aproximadamente a 8,5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2026 y 2029, acompañada por la eliminación de las subvenciones a los combustibles en 2027, el cese del nuevo financiamiento neto del Banco Central al sector público y reformas orientadas a aumentar la participación privada en la economía.

El objetivo fiscal consiste en llevar el déficit global del sector público no financiero hasta aproximadamente 3,5% del PIB en 2029, después de los profundos desequilibrios acumulados durante los últimos años.

El programa corresponde al Servicio Ampliado del Fondo (SAF) negociado por el Gobierno de Rodrigo Paz y el personal técnico del FMI por DEG 1.369 millones, equivalentes aproximadamente a US$1.900 millones, durante un período de 36 meses.

La Pólvora ya había informado a finales de agosto que el Gobierno preparaba el envío del acuerdo con el FMI por US$1.900 millones a la Asamblea Legislativa. La novedad ahora es que comienza a conocerse con mayor precisión el alcance de las condiciones y reformas que acompañan ese financiamiento.

Sin embargo, el préstamo todavía no debe presentarse como definitivamente aprobado y desembolsado. El acuerdo alcanzado con el personal técnico está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI y al cumplimiento de las acciones previas acordadas.

Un ajuste de 8,5 puntos del PIB

El componente más importante del programa es la magnitud de la consolidación fiscal prevista.

El memorando plantea una mejora acumulada equivalente aproximadamente al 8,5% del PIB entre 2026 y 2029, concentrada especialmente durante la primera parte del programa.

El diagnóstico presentado en el documento atribuye buena parte de los desequilibrios actuales a años de elevados déficits fiscales, financiamiento monetario, caída de la producción de hidrocarburos, disminución de las reservas internacionales y distorsiones en el mercado cambiario.

La estrategia pretende llevar el déficit global hasta el 3,5% del PIB en 2029 y eliminar el déficit primario hacia el final del programa.

El ajuste inicial descansará fundamentalmente sobre el gasto público, mientras posteriormente se prevé desarrollar una Estrategia de Movilización de Recursos Internos que abarcará medidas tributarias, administración de ingresos y reformas aduaneras.

La subvención a los combustibles termina en 2027

El componente políticamente más sensible aparece en la política energética.

El memorando prevé mantener durante 2026 determinados precios internos de los carburantes, pero establece que desde enero de 2027 los precios deberán alcanzar niveles de recuperación de costos.

Más explícitamente, el Presupuesto General del Estado de 2027 no deberá contemplar subvenciones a los combustibles.

La disposición proporciona ahora un marco mucho más preciso a una controversia que durante las últimas semanas provocó bloqueos, enfrentamientos y presiones de sectores productivos.

La crisis energética ya había llevado al Gobierno y a instituciones cruceñas a acordar una agenda de diez puntos para enfrentar el desabastecimiento de combustibles, que incluía facilitar la importación privada, impulsar los biocombustibles y revisar aspectos del modelo energético.

El memorando agrega ahora un horizonte mucho más definido: la eliminación de la subvención aparece efectivamente dentro de la hoja de ruta económica para 2027.

El propio programa reconoce que la modificación de los precios de los carburantes puede provocar presiones inflacionarias y consecuencias sociales, por lo que plantea fortalecer y focalizar las redes de protección destinadas a los hogares más vulnerables.

Cero financiamiento nuevo del BCB al sector público

Otro cambio estructural afecta directamente a la relación entre el Banco Central de Bolivia y las finanzas públicas.

El programa establece como criterio continuo cero nuevo financiamiento neto del BCB al sector público no financiero.

La medida pretende terminar con la utilización de emisión monetaria para financiar los desequilibrios fiscales, uno de los factores que el diagnóstico del programa identifica entre las causas de la pérdida de estabilidad macroeconómica.

El acuerdo contempla asimismo reformas destinadas a fortalecer la autonomía operativa, gobernanza, transparencia y rendición de cuentas del Banco Central.

La decisión coincide con el giro monetario que el BCB está aplicando durante estas semanas. La Pólvora documentó recientemente cómo el ente emisor ofreció US$35 millones a Bs 12,10 y comenzó a retirar liquidez del sistema financiero, en medio de la flexibilización cambiaria y de la presión sobre el dólar.

El vínculo entre ambos procesos es importante: mientras el programa con el FMI exige disciplina fiscal y ausencia de nuevo financiamiento monetario al sector público, el Banco Central ya está utilizando herramientas contractivas para reducir presiones sobre precios y divisas.

El tipo de cambio flexible se consolida

El memorando confirma además que Bolivia no pretende regresar al régimen de tipo de cambio fijo que funcionó durante aproximadamente quince años.

La nueva estrategia busca consolidar un régimen cambiario flexible determinado en mayor medida por el mercado, acompañado por intervenciones limitadas del Banco Central.

Las entidades financieras podrán negociar sus operaciones de compra y venta de divisas bajo el nuevo marco cambiario.

El objetivo declarado es eliminar distorsiones, mejorar la transmisión de la política monetaria y reconstruir gradualmente las reservas internacionales.

La importancia de esta disposición resulta evidente precisamente esta semana, cuando el dólar oficial alcanzó Bs 12,64 y posteriormente descendió a Bs 12,42, después de las nuevas medidas del BCB.

Más participación privada en hidrocarburos y minería

El programa tampoco se limita a las cuentas fiscales y monetarias.

El Gobierno se compromete a revisar los marcos regulatorios y tributarios de hidrocarburos y minería con el propósito de mejorar las condiciones para nuevas inversiones privadas y recuperar la capacidad productiva de ambos sectores.

La orientación responde especialmente al deterioro de la producción de gas natural, que durante años proporcionó al Estado una de sus principales fuentes de divisas e ingresos fiscales.

En hidrocarburos, el proceso ya había comenzado antes de conocerse el detalle del memorando. La Pólvora informó que el Gobierno aceleró la reestructuración de YPFB y abrió mayor espacio a operadores privados en la comercialización de combustibles.

La agenda del FMI contempla además una reducción progresiva de controles de precios y restricciones a las exportaciones, dentro de una estrategia destinada a disminuir distorsiones en los mercados y aumentar la participación del sector privado.

Se trata de uno de los cambios conceptuales más profundos respecto del modelo económico aplicado durante las dos décadas precedentes.

Empresas públicas bajo revisión

Las empresas estatales tampoco quedan al margen del programa.

El memorando plantea revisar su situación financiera y avanzar en la reestructuración de aquellas que no sean económicamente viables, además de fortalecer sus sistemas de gestión, inversión, contabilidad, transparencia y gobernanza.

Este componente puede adquirir una considerable dimensión política porque Bolivia construyó durante las últimas décadas una extensa estructura empresarial pública.

El documento no significa que todas las empresas estatales vayan a ser privatizadas. Lo que establece es una revisión de su viabilidad y una modificación de los mecanismos mediante los cuales son administradas y financiadas.

Por ello, cualquier eventual cierre, reestructuración, capitalización o incorporación de participación privada deberá analizarse según las decisiones concretas que adopte posteriormente el Gobierno.

El ajuste incluye una red de protección social

El programa no plantea únicamente reducción del gasto.

Tanto el memorando como el documento oficial difundido anteriormente por el FMI establecen que deberán destinarse recursos adicionales y mejorar la focalización de los programas sociales para proteger a los hogares de menores ingresos frente al costo de la consolidación fiscal.

Este elemento adquiere particular importancia ante la futura eliminación de las subvenciones a los combustibles, cuyos efectos pueden transmitirse al transporte, los alimentos y otros componentes de la estructura de precios.

El desafío será determinar si los mecanismos compensatorios alcanzan efectivamente a los hogares más vulnerables y consiguen neutralizar una parte significativa de esos efectos.

Revisiones trimestrales

El programa estará sometido a un mecanismo de seguimiento periódico.

El cumplimiento de los compromisos será evaluado mediante revisiones trimestrales, utilizando indicadores relacionados con las reservas internacionales netas, el resultado primario del sector público, la base monetaria y la prohibición de nuevo financiamiento del Banco Central al Estado, entre otras variables.

El primer examen está previsto para diciembre de 2026 y utilizará como referencia los resultados correspondientes a septiembre.

Esto significa que el acceso a los recursos no debe interpretarse como un cheque sin condiciones: la ejecución del programa estará vinculada al cumplimiento de objetivos y reformas durante sus tres años de duración.

US$1.900 millones que pueden movilizar mucho más

El acuerdo comprende aproximadamente US$1.900 millones, equivalentes a DEG 1.369 millones.

Pero el impacto financiero potencial es mayor.

El FMI ha señalado oficialmente que espera que el programa ayude a movilizar financiamiento adicional del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros socios, conformando un paquete de al menos US$5.000 millones durante los 36 meses.

Para Bolivia, la aprobación del acuerdo tendría por ello una importancia que excede ampliamente los recursos aportados directamente por el Fondo.

El programa funcionaría también como una señal para otros organismos multilaterales y potenciales financiadores sobre la dirección de la política económica boliviana.

La Asamblea tiene ahora la palabra

La Cámara de Diputados registra como Proyecto de Ley 723/2025-2026 la autorización del empréstito con el FMI mediante el Servicio Ampliado del Fondo por DEG 1.369 millones.

El Legislativo deberá, por tanto, pronunciarse sobre un programa cuyo contenido económico ahora puede analizarse con mucha mayor precisión.

La discusión difícilmente se limitará al endeudamiento.

Lo que está en juego es una hoja de ruta que comprende ajuste fiscal, eliminación de subvenciones, disciplina monetaria, flexibilización cambiaria, reforma de empresas estatales y mayor apertura a la inversión privada.

Después de casi dos décadas sin un programa plurianual de esta naturaleza con el FMI, Bolivia se encuentra ante una de las decisiones económicas más trascendentes de los últimos años.

El debate que comienza en la Asamblea determinará no solamente el acceso a US$1.900 millones, sino también el respaldo político a un programa destinado a modificar profundamente la forma en que el Estado boliviano administra sus cuentas públicas, su moneda y buena parte de su relación con la economía privada.