Paz enviará al Legislativo el acuerdo con el FMI por US$1.900 millones

La Paz.— El presidente Rodrigo Paz anunció este viernes 28 de agosto que el Gobierno enviará la próxima semana a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para ratificar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por aproximadamente US$1.900 millones y autorizar los desembolsos previstos para Bolivia durante los próximos 36 meses.

El anuncio fue realizado durante el acto por el 57 aniversario de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), donde el mandatario defendió la necesidad de transformar la economía y establecer una nueva relación entre el Estado y los sectores productivos.

El Gobierno y el personal técnico del FMI alcanzaron el acuerdo el 29 de julio, bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF). Según el comunicado oficial del organismo internacional, el programa tendrá una duración de 36 meses y alcanzará aproximadamente US$1.900 millones, equivalentes a 1.369 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG).

Sin embargo, el financiamiento todavía no constituye un préstamo definitivamente aprobado y desembolsado. El FMI estableció que el acuerdo técnico está sujeto a la aprobación de su Directorio Ejecutivo y a la implementación de las acciones previas acordadas con las autoridades bolivianas.

Una vez cumplidas esas acciones, el entendimiento será sometido a consideración del Directorio del organismo.

Paz proyecta nuevos recursos

El Presidente sostuvo que los US$1.900 millones permitirían abrir a Bolivia nuevas fuentes de financiamiento provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y otras instituciones.

Según Paz, el país podría acceder posteriormente a entre US$4.500 millones y US$5.000 millones procedentes de esos organismos. La estimación corresponde al Gobierno y no constituye todavía financiamiento aprobado.

El FMI sí confirmó que espera que su programa contribuya a movilizar recursos adicionales del Banco Mundial, el BID y otros socios para el desarrollo dentro de un paquete de financiamiento más amplio de al menos US$5.000 millones durante los 36 meses.

Paz planteó que el acceso a nuevos recursos debería permitir financiar inversión productiva e infraestructura, en lugar de mantener elevados niveles de gasto destinados a la importación y subvención de combustibles.

El problema del financiamiento de los carburantes se encuentra actualmente en el centro de la política económica. El Gobierno acaba de duplicar hasta Bs 2.000 millones el respaldo que el TGN puede asignar a YPFB para cubrir el diferencial asociado a la importación de petróleo crudo y sostener la estabilización de precios.

Las reformas acordadas con el FMI

El programa negociado entre Bolivia y el personal técnico del FMI comprende una agenda de reformas económicas más amplia que el financiamiento por US$1.900 millones.

De acuerdo con el documento difundido por el FMI, las medidas buscan restablecer la estabilidad macroeconómica, reconstruir las reservas internacionales, reducir las vulnerabilidades fiscales y externas, fortalecer las redes de protección social y promover un crecimiento sostenible impulsado por el sector privado.

Uno de los ejes centrales será recuperar la sostenibilidad fiscal. El programa contempla racionalizar el gasto público, mejorar su focalización y eficiencia, movilizar ingresos y fortalecer las instituciones fiscales.

El acuerdo prevé también destinar recursos adicionales a la protección social para evitar que el proceso de consolidación fiscal recaiga sobre los hogares más pobres y vulnerables.

En materia monetaria y cambiaria, el programa plantea avanzar hacia un régimen cambiario más flexible, reconstruir las reservas internacionales y fortalecer la efectividad de la política monetaria.

También contempla reformas destinadas a fortalecer el sistema financiero, mejorar el clima de negocios, reducir distorsiones en los mercados, aumentar la eficiencia de la inversión pública y promover la inversión privada.

El Gobierno vincula el DS 5676 con las condiciones del FMI

La futura consideración legislativa del programa se produce mientras el Ejecutivo enfrenta una controversia nacional por el Decreto Supremo 5676, que modificó las condiciones de comercialización del diésel para determinados consumidores.

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, afirmó el jueves que esa disposición constituye “uno de los condicionamientos” planteados por el FMI en relación con la liberación del precio de los hidrocarburos.

La declaración fue realizada durante una reunión entre el Gobierno y representantes de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), cuyo presidente había solicitado la abrogación del decreto.

La afirmación corresponde al ministro Aramayo. El comunicado público del FMI sobre el acuerdo técnico no menciona específicamente el DS 5676 ni establece expresamente un precio determinado para el diésel.

El documento del organismo sí contempla una reducción de las distorsiones existentes en los mercados de productos, una racionalización del gasto y reformas destinadas a recuperar la sostenibilidad fiscal.

Según la explicación oficial de la Presidencia sobre el DS 5676, el precio referencial de Bs 18 se aplica a Grandes Consumidores (GRACOS), Clientes Directos y Usuarios Directos que adquieren el carburante bajo las modalidades previstas por la norma, mientras quienes cargan diésel directamente en el tanque de sus vehículos mantienen el precio regulado.

La disposición ha provocado el rechazo de sectores productivos, que sostienen que el nuevo esquema elevará sus costos y exigen su abrogación. La controversia derivó esta semana en enfrentamientos entre productores y fuerzas de seguridad en el puente San Pablo, sobre la carretera entre Beni y Santa Cruz, con un saldo de al menos cinco heridos.

El acuerdo llegará ahora a la Asamblea

El anuncio realizado por Paz abre una nueva etapa política para el programa económico negociado con el FMI.

La Asamblea Legislativa deberá considerar el proyecto que el Ejecutivo prevé enviar la próxima semana para ratificar el acuerdo y autorizar los desembolsos correspondientes.

El debate legislativo tendrá como telón de fondo no solamente los US$1.900 millones negociados con el Fondo, sino también las reformas fiscales, monetarias y financieras asociadas al programa y las acciones que deberá implementar Bolivia para acceder a esos recursos.

La decisión del Legislativo se convertirá así en uno de los próximos pasos para determinar la aplicación del programa económico acordado a nivel técnico entre el Gobierno boliviano y el FMI.