Cisterneros alertan por el fin de la subvención: temen un fuerte impacto inflacionario en Bolivia

LA PAZ.— La proyectada eliminación de la subvención a los combustibles desde 2027 comienza a generar preocupación entre los sectores directamente vinculados con su importación y transporte. La Federación de Empresarios Cisterneros del Oriente advirtió que una transición hacia precios internacionales podría provocar una fuerte presión sobre el costo de vida y pidió al Gobierno considerar medidas destinadas a amortiguar sus efectos sobre los sectores de menores ingresos.

El presidente de la organización, Sergio Kosky, sostuvo en declaraciones recogidas por ERBOL que la población podría tener dificultades para absorber un incremento importante del precio de los carburantes. Kosky consideró que empresas exportadoras y otros sectores privados dispondrían de una capacidad mayor para afrontar el ajuste que buena parte de los hogares bolivianos.

“Va a haber una inflación brutal”, afirmó el dirigente. La expresión constituye una previsión del representante empresarial y no una estimación oficial de inflación. El efecto efectivo dependerá, entre otros factores, de la forma y velocidad con que se modifiquen los precios, la evolución del mercado internacional de hidrocarburos, el tipo de cambio y las medidas compensatorias que adopte el Ejecutivo.

Empresas privadas empiezan a importar a precio de mercado

Kosky afirmó que más de 60 empresas registradas para importar combustibles ya comenzaron a realizar operaciones a precio de mercado, aunque todavía en escala limitada. Según explicó, algunas están ingresando entre una y tres cisternas desde países vecinos como Argentina, Paraguay y Chile, dentro de un proceso inicial de prueba comercial.

El dirigente estimó que determinados cargamentos de diésel importado podrían terminar comercializándose alrededor de Bs 18 por litro, frente a los Bs 6,70 que señaló como referencia para el combustible subvencionado en Santa Cruz. También mencionó operaciones internacionales con valores incluso superiores. Estas cifras corresponden a estimaciones expuestas por Kosky y no constituyen el precio oficial que tendrá el diésel boliviano en 2027.

La diferencia ilustra, sin embargo, uno de los principales problemas de la transición: mientras exista combustible subvencionado a un precio sustancialmente inferior, los importadores privados que operen sin ayuda estatal tendrán dificultades para competir en el mercado doméstico.

El acuerdo con el FMI apunta a terminar con la subvención en 2027

La advertencia aparece apenas días después de que se conocieran con mayor detalle los compromisos económicos negociados entre Bolivia y el Fondo Monetario Internacional. Como informó La Pólvora en su análisis del programa, el Memorando de Políticas Económicas y Financieras prevé que desde enero de 2027 los precios internos de los combustibles alcancen niveles de recuperación de costos y que el Presupuesto General del Estado de ese año no incluya recursos para mantener la subvención.

El programa negociado contempla aproximadamente US$1.900 millones durante 36 meses, equivalentes a DEG 1.369 millones. El FMI confirmó oficialmente que existe un acuerdo a nivel del personal técnico bajo el Servicio Ampliado del Fondo, pero aclaró que todavía está sujeto a la aprobación de su Directorio Ejecutivo y al cumplimiento de determinadas acciones previas.

El Gobierno boliviano informó además que el proyecto de ley correspondiente al financiamiento ya fue remitido a la Asamblea Legislativa. El Ministerio de Economía sostiene que el programa busca reducir los desequilibrios fiscales, fortalecer las reservas internacionales, recuperar capacidad productiva y proteger a las familias durante el proceso de estabilización.

El propio programa reconoce riesgos sociales

El documento económico no plantea la eliminación de la subvención de manera aislada. La hoja de ruta contempla también fortalecer y focalizar la protección social, precisamente porque el aumento de los carburantes puede trasladarse indirectamente al transporte, los alimentos y otros componentes del costo de vida. La Pólvora ya había destacado este punto al analizar los compromisos del programa.

El interrogante central será si esas compensaciones alcanzan efectivamente a los hogares más vulnerables y si tienen magnitud suficiente para contrarrestar una parte relevante de las presiones derivadas del ajuste.

Los carburantes constituyen un insumo transversal para la economía: intervienen en el transporte de pasajeros y mercancías, agricultura, minería, industria y cadenas logísticas. Por eso, un incremento de su precio no tiene que trasladarse mecánicamente y en la misma proporción a todos los bienes, pero sí puede aumentar los costos de producción y distribución.

La inflación interanual está actualmente en 5,02 %

La advertencia del sector se produce en un contexto en el que la inflación ha disminuido considerablemente respecto de los niveles observados meses atrás.

Según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, el Índice de Precios al Consumidor aumentó 1,10 % en agosto de 2026, acumuló 3,01 % en los primeros ocho meses del año y registró una variación interanual de 5,02 %.

El dato interanual había sido de 4,93 % en julio, después de una caída mensual del IPC de 2,79 % asociada por el INE a la normalización del abastecimiento tras los prolongados bloqueos registrados durante mayo y junio.

El desafío para el Gobierno será evitar que una futura modificación de los precios energéticos revierta esa estabilización.

El mercado de combustibles ya empieza a transformarse

La transición hacia un mercado con mayor participación privada tampoco comenzará completamente en enero de 2027. El Gobierno de Rodrigo Paz aprobó recientemente el Decreto Supremo 5701, que autoriza excepcionalmente a las refinerías a importar petróleo para procesarlo en Bolivia y comercializar los productos derivados en el mercado interno sin subvención estatal y a precios de mercado.

La norma busca utilizar con mayor intensidad la capacidad de las refinerías Gualberto Villarroel y Guillermo Elder Bell, reducir costos logísticos y ampliar el suministro de carburantes. Además, fija en Bs 0 por litro la alícuota del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados para determinados productos obtenidos del petróleo importado y no subvencionado, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030.

Esto abre la posibilidad de que durante la transición coexistan carburantes sujetos al esquema todavía subvencionado con productos comercializados libremente a precios de mercado.

El verdadero dilema: sanear las cuentas sin trasladar el costo a los hogares

La advertencia de los cisterneros anticipa una discusión que probablemente ocupará buena parte de la agenda económica de los próximos meses.

Desde el punto de vista fiscal, el Gobierno considera que mantener indefinidamente la subvención resulta incompatible con la estabilización de las cuentas públicas. El programa negociado con el FMI forma parte de una consolidación mucho más amplia que también comprende disciplina monetaria, revisión de empresas estatales y reformas en distintos mercados.

El sector cisternero pone el foco en la otra cara del ajuste: el riesgo de que un aumento brusco del combustible termine repercutiendo en los precios y reduzca el poder adquisitivo de los hogares.

Por eso, la discusión decisiva no será únicamente si Bolivia elimina o mantiene la subvención. También deberá responder a qué ritmo se modificarán los precios, cuánto costarán efectivamente los carburantes en 2027, qué proporción del aumento se trasladará al resto de la economía y si la protección social anunciada será suficiente para impedir que el saneamiento fiscal termine convertido en un nuevo choque sobre el costo de vida.