Redacción
LA PAZ.— El Gobierno boliviano contempla una inflación de entre 10% y 14% durante 2027, una previsión que adquiere particular relevancia porque coincide con una de las fases más sensibles del programa económico: la eliminación prevista de las subvenciones a los combustibles.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, explicó que esas estimaciones incorporan los efectos de las medidas que se aplicarán durante la próxima gestión. Consultado específicamente sobre el impacto de la liberación de los precios de los carburantes, Morales señaló que el Gobierno trabaja con un rango de inflación de entre 10% y 14%, aunque considera posible terminar el año por debajo de él.
“Son techos que nosotros hemos fijado”, afirmó Morales. El ministro indicó que la inflación podría mantenerse entre 10% y 14%, pero explicó que el comportamiento de los precios será monitoreado y que otras políticas previstas por el Ejecutivo buscarán mitigar los efectos de la corrección.
La estimación no significa que la eliminación de la subvención vaya a provocar por sí sola una inflación de hasta 14%. Morales no cuantificó qué proporción del aumento proyectado correspondería directamente a los combustibles. Lo confirmado es que el Gobierno ha incorporado el efecto de esa reforma en sus previsiones para 2027.
La nueva proyección contrasta con la importante desaceleración registrada durante 2026. Según el Instituto Nacional de Estadística, el Índice de Precios al Consumidor aumentó 1,10% en agosto, acumuló 3,01% en los primeros ocho meses del año y registró una variación de 5,02% a doce meses.
El Ministerio de Economía sostiene, por su parte, que la inflación interanual había alcanzado un máximo de 24,86% durante 2025 y atribuye su posterior desaceleración al control del gasto fiscal y a la decisión de eliminar el financiamiento del déficit mediante emisión monetaria.
El escenario para 2027 incorpora una transformación especialmente sensible para hogares, transportistas y empresas.
La Pólvora ya informó esta semana que el acuerdo técnico entre Bolivia y el FMI contempla un ajuste fiscal de 8,5 puntos del PIB y el fin de la subvención a los combustibles en 2027. El Memorando de Políticas Económicas y Financieras permite conocer con mayor detalle la magnitud de las reformas que acompañan al programa de 36 meses.
El compromiso es más concreto que una reducción gradual de la subvención: establece que el Presupuesto de 2027 no incluirá disposiciones para conceder subsidios a los combustibles, ya sea mediante el Tesoro o empresas estatales, y que los precios nacionales deberán alcanzar niveles de recuperación de costos a partir de enero de 2027.
La transición supone un cambio considerable respecto del modelo que todavía funciona en Bolivia. A finales de agosto, el Gobierno tuvo que elevar hasta Bs 2.000 millones el respaldo financiero del Tesoro a YPFB para cubrir el diferencial de la importación de combustibles, reflejo de la presión que la diferencia entre costos internacionales y precios internos ejerce sobre las finanzas públicas.
El Gobierno sostiene que la reforma estará acompañada de mecanismos de protección para los sectores vulnerables. El programa económico respaldado a nivel técnico por el FMI contempla fortalecer las redes de protección social y destinar recursos adicionales para amortiguar el impacto de la consolidación fiscal sobre los hogares de menores ingresos.
La dimensión social de la reforma será decisiva. Un aumento de los combustibles puede trasladarse indirectamente a otros precios mediante los costos de transporte, producción y distribución. En Bolivia ese debate ya había comenzado: especialistas consultados anteriormente por La Pólvora advirtieron sobre las posibles repercusiones de modificar la subvención al diésel sobre los precios de bienes y servicios.
Precisamente por esa razón, el rango de 10% a 14% planteado por Morales debe entenderse como una previsión que incorpora el nuevo escenario económico y no como una meta oficial de inflación.
La reforma de los combustibles forma parte de un programa económico mucho más amplio destinado a reducir los desequilibrios fiscales, reconstruir las reservas internacionales y modificar el funcionamiento de la política monetaria y cambiaria.
De acuerdo con las cifras presentadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Gobierno proyecta que el déficit del sector público se sitúe en 9,1% del PIB en 2026, disminuya a 6,4% en 2027 y alcance 3,8% en 2028, antes de aproximarse al 2% hacia 2031.
Estas cifras corresponden a las proyecciones divulgadas por el Gobierno dentro del programa económico actual y no deben confundirse con estimaciones anteriores realizadas por el FMI bajo escenarios diferentes.
El Ejecutivo presenta los resultados fiscales registrados durante este año como una señal de estabilización. Según Economía, el déficit acumulado del sector público pasó de 4,5% del PIB a julio de 2025 a 0,4% a julio de 2026.
El Ministerio atribuye parte de esa corrección al control del gasto y destaca particularmente el abandono del financiamiento monetario del déficit.
La reconstrucción de las reservas constituye otro de los pilares del programa. Las Reservas Internacionales Netas alcanzaron US$4.399 millones en agosto de 2026, de los cuales US$1.138 millones correspondían a divisas, según los datos divulgados por Economía.
Las proyecciones oficiales sitúan las reservas en US$5.940 millones al cierre de 2026, US$7.168 millones en 2027, US$7.973 millones en 2028 y aproximadamente US$9.067 millones en 2031.
Se trata, nuevamente, de proyecciones gubernamentales, no de resultados garantizados.
El proceso coincide además con importantes cambios en el mercado de divisas. La Pólvora informó esta semana que el Banco Central comenzó a vender dólares al sistema financiero mientras retiraba liquidez en moneda nacional. Posteriormente, el tipo de cambio oficial retrocedió a Bs 12,42 después de las medidas adoptadas por el BCB.
El programa está respaldado por el acuerdo alcanzado entre Bolivia y el Fondo Monetario Internacional el pasado 29 de julio.
El comunicado oficial del FMI confirma que su personal técnico y las autoridades bolivianas acordaron un programa de 36 meses bajo el Servicio Ampliado del FMI, por aproximadamente US$1.900 millones, equivalentes a DEG 1.369 millones o 570% de la cuota boliviana ante el organismo.
Pero existe una precisión fundamental: los US$1.900 millones todavía no constituyen un financiamiento definitivamente aprobado ni desembolsado.
El propio Fondo establece que se trata de un acuerdo a nivel del personal técnico, sujeto a la aprobación de su Directorio Ejecutivo y al cumplimiento de las acciones previas acordadas con las autoridades bolivianas.
La Pólvora informó a finales de agosto que el presidente Rodrigo Paz anunció el envío del acuerdo por US$1.900 millones a la Asamblea Legislativa. El Ministerio de Economía confirmó posteriormente que el proyecto de ley correspondiente al financiamiento ya fue remitido al Legislativo.
Si el programa avanza, el FMI espera que contribuya a movilizar recursos adicionales procedentes del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros socios internacionales, conformando un paquete de financiamiento más amplio de al menos US$5.000 millones durante el período del programa.
El plan comprende reformas que van mucho más allá de las cuentas fiscales. El FMI menciona la modernización de los marcos monetario y cambiario, el fortalecimiento de la gobernanza, mayor resiliencia del sector financiero, reconstrucción de reservas y medidas destinadas a favorecer un crecimiento sostenible impulsado por el sector privado.
Ese cambio también comienza a observarse en el sector energético. El Gobierno ha iniciado una reestructuración de YPFB destinada a concentrar progresivamente a la petrolera estatal en exploración, explotación y refinación y ampliar la participación privada en importación, distribución y comercialización de combustibles.
Al mismo tiempo, el FMI señala expresamente que deberán reforzarse las redes de protección social, de manera que la consolidación fiscal no recaiga desproporcionadamente sobre los hogares pobres y vulnerables.
Bolivia llegará así a 2027 después de una fuerte desaceleración de la inflación durante este año, pero también frente a una reforma que modificará uno de los mecanismos económicos más sensibles del país: el precio subsidiado de los combustibles.
El contraste es considerable. La inflación a doce meses registrada por el INE fue de 5,02% en agosto de 2026, mientras que el Gobierno contempla para el próximo año un rango que podría alcanzar dos dígitos.
Eso no significa que Bolivia vaya inevitablemente a cerrar 2027 con una inflación del 14%. Morales ha definido expresamente ese nivel como un techo y confía en que las medidas de mitigación permitan terminar por debajo de él.
Pero la estimación constituye una señal explícita de que el Ejecutivo contempla presiones inflacionarias significativas durante la transición.
El desafío será combinar objetivos que difícilmente pueden separarse: retirar las subvenciones a los combustibles, reducir el déficit, reconstruir reservas y reformar el sistema cambiario sin que el costo de la estabilización produzca una nueva erosión considerable del poder adquisitivo.
Por ahora, el propio Gobierno ha puesto una cifra sobre ese riesgo: una inflación de entre 10% y 14% para 2027.
